Agrupación de series ES 28079 ARCM - EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN POLÍTICO-SOCIAL

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Área de identidad

Código de referencia

ES 28079 ARCM ES 28079 ARCM

Título

EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN POLÍTICO-SOCIAL

Fecha(s)

  • 1937-01-01 - 1981-12-31 (Creación)

Nivel de descripción

Agrupación de series

Volumen y soporte

1357 expedientes

Área de contexto

Nombre del productor

Historia institucional

Se indican en la tabla anexa aquellas instituciones cuyos fondos documentales se custodian en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (en adelante, ARCM) en los que figuran expedientes de depuración político-social:
- Ayuntamiento de Alameda del Valle: 2 registros 1937-1945
- Ayuntamiento de Bustarviejo: 1 registro 1948
- Ayuntamiento de Carabaña: 1 registro 1939-1940
- Ayuntamiento de Los Molinos: 1 registro 1939
- Ayuntamiento de Montejo de la Sierra: 2 registros 1941-1956
- Ayuntamiento de Navas del Rey: 1 registro 1939
- Ayuntamiento de Talamanca de Jarama: 1 registro 1939
- Ayuntamiento de Villamantilla: 1 registro 1937-1938
- Diputación Provincial de Madrid: 1337 registros 1937-1981
- Hospital de Jornaleros San Francisco de Paula: 1 registro 1940-1941
- Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos: 9 registros 1937-1940
- Total: 1357 registros 1937-1981
Los datos referidos corresponden a documentos identificados y descritos como tales en la fecha de ejecución de este informe. No obstante, cabe la posibilidad de variación de estas cifras, pudiendo aumentar el número de unidades documentales pertenecientes a esta agrupación de series como consecuencia de nuevos ingresos en el ARCM o de identificación de documentación de este tipo que pudiera permanecer asociada a otras series documentales.

Los procesos de depuración político-social se inician durante la Guerra Civil por las fuerzas sublevadas en aquellos territorios que de forma progresiva van arrebatando a las fuerzas republicanas, aplicándose a un amplio colectivo de individuos sobre los que pesa la sospecha de simpatizar o defender al régimen republicano.

En los momentos finales de la victoria por el bando franquista, se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que sentó la base de los procesos depuradores, convertidos, desde entonces, en un férreo procedimiento de control social de la población y de represión hacia el bando vencido.

En los artículos iniciales del texto legal, se determinaba el ámbito temporal objeto de la ley, retrotrayendo los hechos punibles a los sucesos de la llamada Revolución de Asturias de 1934, y se enumeraban de forma amplia aquellas actuaciones sometidas a responsabilidad política para terminar lanzando el peso de la ley sobre cualquier acto contrario al “Glorioso Movimiento Nacional”.

Por Ley de 10 de febrero de 1939, se fijaron las normas para la depuración de los funcionarios públicos, obligando a todos ellos a presentar, en el término de ocho días a contar desde que el territorio quede “liberado”, una declaración jurada en la que, mediante la respuesta a un cuestionario base, el individuo explicaba su actuación durante la sublevación de 1936, su posible vinculación con partidos o agrupaciones marxistas, su intervención en defensa del Movimiento Nacional o, incluso, se le pedía información sobre su periódico de lectura habitual.

Estas declaraciones se analizaban por el Juez Instructor, nombrado en el seno de cada entidad o institución pública, quien procedía a comprobar la veracidad de los hechos, para lo cual podía ayudarse de declaraciones de terceros (vecinos, compañeros de trabajo, párrocos) o solicitar el envío de información o antecedentes que obrasen en poder de las fuerzas de seguridad del Estado.

A partir de estas pruebas, el Juez Instructor formulaba una propuesta de resolución que se resolvía en el Ministerio al que estuviera adscrito el funcionario mediante decreto en el que se determinaba su admisión al puesto, quedando exento de cualquier tipo de sanción, o la apertura de expediente formal para determinar su grado de responsabilidad y la sanción aplicable.

La tramitación, si se daba el caso, de este segundo expediente formal correspondía al mismo Juez Instructor y solía llevar aparejada la redacción de un pliego de cargos por su parte que se comunicaba al interesado, para que, en el término de ocho días, pudiese responder de las acusaciones y presentar pruebas y documentos exculpatorios.

De todo ello, se volvía a formular una propuesta que se elevaba al Ministerio competente, al que correspondía la determinación de la sanción.

Las sanciones que podían imponerse a los funcionarios incursos en responsabilidad administrativa eran: traslado forzoso, con prohibición de solicitar cargos y vacantes durante un periodo de uno a cinco años; postergación, desde uno a cinco años; inhabilitación para el desempeño de puestos de mando o de confianza; o separación definitiva del servicio.

En los años 50, el afianzamiento a nivel nacional e internacional del régimen franquista y la necesidad de la administración de dotar puestos de profesionales cualificados, conduce a procesos de revisión de los casos sancionados aplicando “mejores elementos de juicio”.

Se señala, en este sentido, la Orden de 21 de diciembre de 1951, por la que se dictaron normas al objeto de que las corporaciones locales pudieran proceder, en determinados casos, a revisar los expedientes de depuración político-social de sus funcionarios.

El procedimiento de revisión se iniciaba de oficio, por acuerdo de la Corporación Local, o a instancia del interesado. En ambos casos, debía quedar motivada la causa que impulsaba su incoación, que podía estar basada en injusticia notoria, vicio de forma, deficiencia de actuaciones o concurrencia de nuevos hechos o elementos de juicio.

Correspondía al Pleno de la corporación local respectiva la resolución de estos expedientes, contra cuyos acuerdos los interesados podían recurrir en alzada por conducto del Gobernador Civil de la provincia en el plazo de 30 días contados desde la notificación.

En caso de recurso, el Gobernador Civil, para su conocimiento, reclamaba el expediente a la corporación respectiva con su informe y, a partir de ello, decretaba, bien el archivo de la solicitud, argumentando la no concurrencia de las circunstancias oportunas, lo que suponía para el funcionario el mantenimiento de la sanción impuesta, o bien la remisión al Ministerio de la Gobernación de una propuesta razonada en la que se indicaban las causas favorables a la revisión del expediente, revocación de la sanción e incorporación al servicio activo.

Finalmente, el Real-Decreto ley 10/1976, de 30 de julio concedió la amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión, de lo que se derivaron ciertos derechos y haberes para el depurado y sus descendientes.

Institución archivística

Historia archivística

La totalidad de expedientes que forman esta agrupación se custodian en el ARCM en virtud de los artículos 14.2 y 36.b de la Ley 4/1993 de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, en los que se atribuye a este centro las funciones de custodia de los fondos de archivo de las instituciones antecesoras de la Comunidad de Madrid y de los documentos en fase de archivo histórico de los municipios inferiores a 10.000 habitantes.

Forma de ingreso

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

La agrupación de series formada en el ARCM responde a los procesos tramitados por el régimen franquista, iniciados durante la Guerra Civil y desarrollados con mayor virulencia al término de ésta, y tiene como protagonistas a los siguientes colectivos:

• Funcionarios de cualquier cuerpo que venían prestando servicios en la administración provincial (Diputación Provincial de Madrid) y local (Ayuntamientos de la provincia), dado que la ley recoge el sometimiento a depuración de aquellos individuos que hubieran participado u ostentado cargos políticos o administrativos civiles en cualquier corporación por nombramiento del Gobierno del Frente Popular.

• Trabajadores del antiguo Hospital de San Francisco de Paula, conocido como “Hospital de Maudes”. Este centro, creado por Dolores Romero y Arano en 1906 para asistencia a jornaleros, fue incautado por el Socorro Rojo Internacional durante la guerra y convertido posteriormente en Hospital Militar de Urgencia hasta 1941. En este caso, el propio Patronato que dirige el hospital lleva a cabo la depuración de su personal, tanto del sanitario (médicos, farmacéutico, cirujano, practicante) como del que presta servicios generales (chofer, sereno).

• Trabajadores del Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, creado en 1933 como entidad benéfica encargada de la asistencia social y tratamiento médico de personas que padecen algún tipo de malformación del aparato locomotor. Desde 1955, incorpora funciones de centro docente-profesional dedicado a la formación profesional de jóvenes inválidos.

El centro se ubica en la finca de Vista Alegre y sufre durante la guerra grandes destrozos en sus instalaciones por el impacto de proyectiles y la pérdida de instrumental de todo tipo por las incautaciones de material por parte del ejército. Los expedientes de depuración pertenecientes a este fondo contienen únicamente la fase inicial de información instruida por un Juez Instructor nombrado al efecto y se refieren al personal de servicios generales que había sido nombrado por el Patronato director del centro (ordenanzas, costurera, sirvientas, contable, comisario).

• Vecinos residentes en un determinado municipio, puesto que se contempla la posibilidad de investigar la conducta político-social de particulares que pudiesen haber colaborado de alguna forma con movimientos de izquierdas o permanecido fuera del territorio nacional durante los años de la contienda y posteriores.

Los expedientes pertenecientes a los 3 primeros grupos conforman unidades documentales que pueden estar formadas por una o más piezas o carpetillas cosidas entre sí, en función de las fases de tramitación y de la situación de responsabilidad del trabajador.

De esta forma, es común a todos ellos la llamada fase inicial o de información, mientras que la fase formal y de revisión solo aparece en los casos en que, al término de la fase inicial, se advierta algún tipo de sanción.

Son excepcionales los casos en los que, tras la Ley de Amnistía de 1976, figuran documentos relacionados con el reconocimiento de derechos y pago de haberes por parte de los depurados o de sus descendientes.

Los documentos básicos son los siguientes:

1. Fase inicial o de información:


  • Instancia del funcionario o trabajador en la que solicita su propia depuración y la continuidad en el desempeño de su puesto de trabajo.


  • Declaración jurada del interesado. Documento impreso en el que el trabajador contesta a una serie de cuestiones relativas a: filiación política o sindical antes de la sublevación; pertenencia a sociedades como la masonería o el rotarismo; periódico de lectura habitual; contribuciones de carácter político o religioso; actuaciones y servicios prestados en favor del Movimiento Nacional; si ha sufrido persecución en “zona roja”; sueldos y haberes; nombramiento y características del puesto de trabajo; y nombre de personas que avalen su conducta.


  • Comunicaciones enviadas por las Comisiones Gestoras (Diputación Provincial, Ayuntamientos, Patronatos) relativas al nombramiento del Juez Instructor y del secretario encargado de formalizar el proceso, así como el conjunto de diligencias y providencias que estos determinen (citación de los declarantes y de los testigos).


  • Oficios enviados por autoridades policiales o militares informando al Juez Instructor de los antecedentes del individuo (Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, Jefatura Superior de Policía de Madrid, Auditorías de Guerra del Ejército de Ocupación y Regiones militares, Servicio de Información y Policía Militar, Delegación del Estado para Recuperación de Documentos y Archivos del Ministerio, entre otros).


  • Testimonios y certificados de los testigos relativos a la conducta del trabajador.


  • Propuesta de resolución que el Juez Instructor envía a las Comisiones Gestoras.


  • Acuerdo de resolución del expediente en el que se declara la admisión del trabajador o la apertura de expediente formal.

2. Fase de expediente formal:

Figura solo en aquellos casos en que la Comisión Gestora acuerda instruir expediente, lo que suele ocurrir cuando en la fase de instrucción inicial no se declara al trabajador exento de responsabilidad. Forman esta fase los siguientes documentos:


  • Pliego de cargos elaborado por el Juez Instructor que se incorpora al expediente junto a una citación.


  • Pliego de descargos o contestación por escrito del trabajador.


  • Documentos emitidos por testigos que acompañan, como pruebas justificativas, los cargos y descargos (compañeros de trabajo, jefes y superiores, pacientes, vecinos, curas párrocos, proveedores, etc.).


  • Propuesta de sanción elaborada por el Juez Instructor.


  • Resolución del expediente por la Comisión Gestora, quien determina el tipo de sanción aplicable (inhabilitación para desempeño del cargo, destierro, pérdida de bienes, multas, etc.).

3. Fase de revisión:

Esta tercera pieza contiene documentos fechados en los años 50 y 60 y supone para el sancionado la revisión total de su caso con la finalidad de conseguir la reintegración de su puesto de trabajo.


  • Instancia del depurado ante el Gobernador Civil solicitando la revisión de su caso.
  • Informes y propuesta de resolución elaborados por la Comisión Gestora (Diputación Provincial, Ayuntamiento).
  • Designación de Juez Instructor y secretario para el seguimiento del caso.
  • Citación del expedientado y comparecencia de testigos.
  • Elaboración de una propuesta de resolución por el instructor.
  • Aprobación de la propuesta por la Comisión Gestora.
  • Resolución del expediente por el Gobernador Civil y notificación de misma a la Comisión Gestora y al interesado.

Respecto a los expedientes seguidos contra particulares que se encuentran depositados en fondos municipales (grupo 4 indicado en la página 4), suelen estar incompletos, figurando en ellos únicamente la tramitación seguida en el propio municipio.

La instrucción se genera de oficio en el momento en que las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Jefatura Provincial de Policía) requieren del Ayuntamiento información sobre determinados vecinos residentes en la localidad.

Se incorporan después los informes, declaraciones y certificaciones referidas a la conducta del individuo aportadas por autoridades locales, párrocos, puestos locales de la Guardia Civil u otros vecinos, que son remitidas al Juez Instructor competente en cada caso.

Finalmente, señalar que los expedientes que contienen documentos fechados en años posteriores a la promulgación de la Ley de Amnistía de 1976 se refieren a diferentes circunstancias:


  • Solicitud de pensiones o pago de haberes por el propio depurado o sus descendientes.
  • Petición de antecedentes o del propio expediente de depuración por parte de los servicios de la Diputación Provincial al archivo de la misma.

Valoración, selección y eliminación

Los documentos que forman esta agrupación de series son de conservación permanente y valor histórico, siendo considerados fuente primaria para la investigación, conocimiento y difusión de la Memoria Democrática.

Nuevos ingresos

Organización

Estos expedientes se organizan en series siguiendo el cuadro de clasificación del fondo al que pertenecen.

Forman parte de inventarios en los que cada expediente forma un registro descriptivo con los datos del nombre y apellidos de cada depurado, a excepción de los generados en los Ayuntamientos, en los que en un solo registro figuran los datos de un conjunto de depurados.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

Se considera que el acceso a estos expedientes es libre en función de la normativa reguladora que les afecta:

  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
  • Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.
  • Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Condiciones de reproducción

Las reproducciones están sujetas a las tasas establecidas en el Decreto 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios de la Comunidad de Madrid, por el que se regula el precio público por la prestación del servicio de realización de fotocopias por la Administración Regional, y las modificaciones posteriores.
En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni de distribución, la comunicación pública o la transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid. (Véase Área de derechos)

Lengua(s) de la documentación

Escritura(s) de la documentación

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

Instrumentos de descripción

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

1. Unidades de descripción relacionadas que se custodian en el ARCM:

Señalar la existencia en el propio ARCM de 2 series que se podrían denominar “paralelas” a la analizada en este informe, consideradas como tales por aportar datos e informaciones que pueden completar el periodo histórico abarcable dentro del concepto de Memoria Democrática.

Una primera se refiere a los procedimientos de desafección al régimen iniciados por el gobierno republicano tras la sublevación del 18 de julio de 1936. Por Decreto de 21 de julio de 1936 (Gaceta de Madrid de 22 de julio de 1936) se declara la cesantía de “todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fuesen notoriamente enemigos del Régimen”.

Pertenecientes a esta serie, se custodian en los siguientes fondos 3 expedientes en los que se produce la revisión de funcionarios locales y provinciales: fondo histórico del municipio de Villamanta (signatura 17349/3124) y Diputación Provincial de Madrid (signaturas 145/67 y 68).

En segundo lugar, se destacan los expedientes pertenecientes a la serie “Causa General”, entendiendo como tal el procedimiento judicial que se inicia por Decreto de 26 de abril de 1940 en la Fiscalía del Tribunal Supremo con objeto de averiguar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la “dominación roja”.

Se llevan a cabo investigaciones a nivel provincial y local cuyos resultados se plasman en una serie de documentos clasificados en 11 piezas, en cada una de las cuales se recoge un tema o asunto determinado referido a hechos delictivos acontecidos desde las elecciones de 1936 hasta abril de 1939.

Los expedientes referidos a la Causa General custodiados en el ARCM forman parte del fondo histórico de los municipios de Navas del Rey (signaturas 481925/5 y 6) y Talamanca de Jarama (signatura 328810/6) y en ellos figuran datos relativos a tres piezas documentales en las que se recogen las personas que fallecieron de forma violenta, desaparecieron o sufrieron daños contra su persona durante la llamada “dominación roja” y las actuaciones y hechos delictivos que, durante ese tiempo, se llevaron a cabo contra instituciones y edificios civiles y religiosos.

2. Fondos y series documentales relacionadas que se custodian en otros centros de archivo.

• Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH):

Es posible localizar en este centro “Expedientes de depuración político-social” relativos a Madrid, concretamente la serie documental “Expedientes de depuración de funcionarios de correos”, compuesta por un total de 272 expedientes y cuyas fechas extremas abarcan los años 1939-1946. Es importante señalar que la data tópica de estos documentos puede ser MADRID tanto en su inicio como en su fin, pero también en muchas ocasiones solo aparece MADRID como data tópica final.

En este mismo CDMH, y estrechamente vinculados con los procesos de depuración, destacan los documentos pertenecientes al Fondo Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, cuyas fechas extremas si sitúan entre 1939-1942 y está compuesto por un total de 293 cajas.

Incluido en el Grupo de Fondos de la Delegación Nacional de Servicios Documentales, en concreto en la Sección Político-Social, se encuentran, además, un total de 2.783 cajas referidas a la documentación incautada por la Delegación Nacional de Servicios Documentales de Madrid.

Menos abundantes, aunque sin duda importantísimos, son los documentos de la Causa General de la Provincia de Madrid, que suponen un total de 162 unidades de instalación cuyas fechas extremas, 1927-1982, se refieren a la documentación que se incorporó al procedimiento de la Causa General.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar los Expedientes de desafección al régimen republicano. Algunos han pasado a formar parte de la serie Causas y sumarios de los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid (1936-1939) –que, a su vez, se pueden encontrar integrados en los procesos que componen el grupo de fondos denominado Causa General (1936-1939, 838 cajas)-, mientras que otros forman parte de los Procesos judiciales seguidos por la Sala de lo Criminal de la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Supremo.

Descripciones relacionadas

Área de notas

Notas

• Notas relativas a la fecha final de esta agrupación de series:

Los documentos fechados entre 1976-1981 son posteriores a la promulgación de la Ley de Amnistía de 1976 y se refieren a diferentes circunstancias:


  • Solicitud de pensiones o pago de haberes por el propio depurado o sus descendientes.
  • Petición de antecedentes o del propio expediente de depuración por parte de los servicios de la Diputación Provincial al archivo de la misma.

• Notas relativas a la normativa reguladora de los procesos de depuración:


  • Decreto 108 declarando fuera de la Ley a los partidos o agrupaciones políticas que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente Popular, señalándose las medidas y sanciones que habrán de adoptarse tanto sobre aquéllas como sobre los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España de 16 de septiembre de 1936).


  • Decreto Ley de 5 de diciembre de 1936 del Gobierno del Estado dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados (Boletín Oficial del Estado nº 51 de 9 de diciembre de 1936).
  • Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 (BOE de 13 de febrero de 1939).


  • Ley de 10 de febrero de 1939 fijando normas para la depuración de funcionarios públicos (BOE de 14 de febrero de 1939).


  • Orden de 28 de febrero de 1939 del Ministerio de la Gobernación sobre depuración de funcionarios y empleados de entidades benéficas.


  • Orden de 12 de marzo de 1939 sobre depuración de funcionarios de la Administración Local, en relación con el Movimiento Nacional (BOE de 14 de marzo de 1939).


  • Orden de 21 de diciembre de 1951 por la que se dictan normas al objeto de que las corporaciones locales puedan proceder, en determinados casos, a revisar los expedientes de depuración político-social de sus funcionarios (BOE de 3 de enero de 1952).


  • Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía (BOE de 4 de agosto de 1976).


  • Real Decreto 2393/1976, de 1 de octubre, por el que se dictan normas para la aplicación de la amnistía a los funcionarios de Administración Local (BOE de 25 de octubre de 1976).

Identificador/es alternativo(os)

Descriptores

Materias

Lugares

Onomásticos

Otros conceptos

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación revisión eliminación

La ficha ISAD(G) de la agrupación de series “Expedientes de depuración político-social del ARCM” ha sido elaborada por los Servicios de Descripción y de Referencias y Atención al Usuario del ARCM en el mes de julio de 2022.

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Área de derechos

Derecho relacionado

Fundamento

Derechos de autor

Fecha de inicio

1939-01-01

Fecha final

Tipo de Identificador Documental

Valor del Identificador Documental

Rol del Identificador Documental

Titular de derechos

Nota(s) sobre los derechos

La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid, titular de los derechos de propiedad intelectual, exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con finalidad lucrativa ni de distribución, la comunicación pública o la transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid.

Régimen de derechos de autor

Bajo derechos de autor

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Materias relacionadas

Personas y organizaciones relacionadas

Tipos relacionados

Lugares relacionados