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Las controversias entre comerciantes y consumidores pueden resolverse de forma gratuita y sin tener que recurrir a la Justicia a través del Arbitraje de Consumo. Una vez interpuesta la reclamación, un tribunal arbitral tomará una decisión tras escuchar a ambas partes y examinar las pruebas. Su decisión es totalmente vinculante y de obligado cumplimiento. Desde que la Comunidad de Madrid pusiera en marcha la iniciativa, miles de madrileños han recurrido a ella de forma satisfactoria.