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Jueves, 23 de octubre de 2014

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Instituto Madrileño de la Familia y el Menor




Niños orientales
La adopción es una medida subsidiaria de protección a la infancia que proporciona una familia definitiva a menores que, por determinadas circunstancias, no pueden permanecer en su familia de origen. Supone, desde la perspectiva psicosocial, la crianza de un menor al que no se está unido por vínculos biológicos y su integración en la propia familia. Para que esta integración sea efectiva se refrenda por un acto social y jurídico que sitúa al menor como hijo no sólo en el ámbito intrafamiliar sino frente a la sociedad y la Ley.

1.1. Antecedentes

La adopción, desde el punto de vista legal, surge en el Derecho Romano. No obstante, a pesar de su antigüedad, es una institución que ha sido poco atendida por los textos legales a lo largo de la historia.

Desde comienzos del siglo XX, con la aparición en el Derecho de la noción "interés del niño", las legislaciones han ido poniendo de relieve cada vez más el interés de los menores. Se podría decir que se ha producido un cambio en el foco de la adopción, pasando del interés de los solicitantes (dar hijos a quien carece de ellos), hacia el interés del menor necesitado de una familia que ponga remedio a su situación de desamparo.

La adopción que será de aplicación cuándo y cómo mejor convenga al menor en dificultad, ha quedado en nuestro ordenamiento como una medida de protección a los menores, y no como un recurso para las familias. Es decir, en la adopción debe primar el interés superior del niño y el respeto de sus derechos, teniendo que ceder, en caso de conflicto, las aspiraciones de los solicitantes de adopción por legítimas que éstas sean.

1.2. Fundamentación legal

El actual sistema de protección a la infancia es fruto de la drástica transformación provocada en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modificaron determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.

La nueva regulación configura la adopción como un instrumento de integración familiar y afirma la primacía del interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Se acaba con la concepción negocial de la adopción como un acto dispositivo entre particulares, que posibilitaba la "entrega de niños" por acuerdo entre padres biológicos y adoptantes. La legitimación de la adopción queda monopolizada por las entidades públicas, tanto en su tramo inicial (propuesta y selección de adoptantes) como en su tramo final (constitución mediante resolución judicial). Sólo las entidades públicas competentes y el Ministerio Fiscal podrán realizar las propuestas de adopción.

En España, las Comunidades Autónomas, en el marco establecido por la Constitución de 1978, han asumido con respecto a su territorio, entre otras, la competencia relativa a la protección de los menores, convirtiéndose en las entidades públicas competentes en materia de adopción.

1.3. Requisitos legales

Los únicos requisitos que el Código Civil establece para los adoptantes son los siguientes:

a) La adopción requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco años. En la adopción por ambos cónyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habrá de tener, por lo menos, catorce años más que el adoptado.

b) Únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años.

c) No puede adoptarse:

1º A un descendiente.

2º A un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.

3º A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.

c) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte.

d) Para iniciar el expediente de adopción es necesaria la propuesta previa de la entidad pública a favor de adoptante o adoptantes y que dicha entidad pública les haya declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad.


1.4. Idoneidad

El Código Civil no entra en detalles respecto a los criterios para determinar la idoneidad de los adoptantes.

Por tanto, ha sido el legislador autonómico el que se ha visto enfrentado a la responsabilidad de regular la cuestión de la idoneidad para la adopción ante la ausencia de un desarrollo de este concepto en la legislación internacional y nacional.

En nuestra Comunidad, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, establece que la Administración autonómica sólo formulará las propuestas de Adopción efectuadas por personas o parejas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Código Civil, hayan sido objeto de un estudio de sus circunstancias socio-familiares que permita obtener una firme certeza sobre su idoneidad para asegurar la cobertura de las necesidades subjetivas y objetivas del menor y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas. Y detalla en su articulado las áreas de valoración y los criterios que, al menos, se deberán tomar en consideración (artículo 58).

Posteriormente, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional nos ha acercado a este concepto al señalar que se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción. A tal efecto, la declaración de idoneidad requerirá una valoración psicosocial sobre la situación personal, familiar y relacional de los adoptantes, y su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus singulares circunstancias, así como cualquier otro elemento útil relacionado con la singularidad de la adopción.

Ser familia adoptiva es, desde el punto de vista legal, todo lo que significa ser familia y desde el punto de vista psicosocial implica la mayoría de las vivencias y características de la familia con hijos biológicos pero, además, supone la aceptación de ciertos retos o diferencias específicas, o al menos más frecuentes, en adopción, entre ellas, la más importante, la aceptación incondicional de un menor que es hijo natural de otras personas y el deber de hacerle hijo propio. Por tanto, para que una familia sea idónea para la adopción se exige, además de una serie de aptitudes, una disposición especial en forma de motivaciones, actitudes y expectativas hacia el menor que se desee adoptar. Es algo más que la capacidad de cuidar y educar, es también la capacidad de dar respuesta a las especiales necesidades que presenta un menor que ha sido abandonado o separado de su familia biológica por diferentes motivos y es darle su "lugar de hijo o hija" que implica su aceptación incondicional.




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