Estructura y Organismos
La Comunidad reclama 2.873 millones por ingresos perdidos debido a la política fiscal
El Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda que le compense por la reducción de ingresos sufrido como consecuencia de las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria desde enero de 2002, año en el que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) reconoció el Principio de Lealtad Institucional para todas las regiones.
Según la estimación de la Comunidad, esta bajada de ingresos por las medidas tributarias estatales alcanzaría, al menos, la cuantía de 2.873 millones de euros, que, según el ejemplo del Estado en el tratamiento de las liquidaciones negativas de las regiones, se fraccionaría a lo largo de cuatro ejercicios, cada uno de ellos con 718,2 millones.
El Estado acaba de suscribir un acuerdo en este sentido con Aragón, por el que esta Comunidad va a ser compensada con 500 millones en concepto de las mermas recaudatorias ocasionadas por la política fiscal del Estado -por la repercusión que sobre las cuentas aragonesas hayan podido tener las bajadas de los impuestos cedidos-.
Desde el Ejecutivo regional se entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola región quebraría el principio de igualdad entre ellas consagrado en la Constitución, que establece que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
Ley Orgánica de CC.AALa petición de Madrid se fundamenta en la Lofca y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, el artículo 2.1 de la Lofca, en vigor desde el 1 de enero de 2002, establece que la actividad financiera de las Comunidades Autónomas se ejercerá en coordinación con la Hacienda del Estado, con arreglo al principio de lealtad institucional.
Según éste, "las medidas que adopte el Estado que supongan una merma de ingresos autonómicos, o un incremento de sus gastos, deben valorarse y compensarse". En el caso de Madrid, el Gobierno regional estima que la lista de agravios infligidos por el Estado supera los 9.000 millones, a los que ahora se añaden otros 2.873 en concepto de lealtad institucional.
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