En esta línea también se propone la movilidad de destino de los empleados públicos, sistemas más ágiles para la gestión, detección y satisfacción de necesidades de plantilla, la reducción al máximo del número de interinos, y la formación especializada para los profesionales de nuevo ingreso o aquellos que cambién de jurisdicción. Además, se potenciará la Administración Judicial Electrónica, que será realidad en 2015.
Plañiol destacó que Madrid es la región con la tasa más alta de España en el número de asuntos ingresados (en 2011 se recibieron 1,4 millones de nuevos asuntos) por lo que considera prioritaria la reducción de la litigiosidad. Para ello, el estudio apuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la potenciación de la mediación o el arbitraje o la despenalización de faltas. A modo informativo se entregará una factura judicial para que los ciudadanos conozcan el coste judicial de los procesos (un juicio por un simple hurto de 30 euros puede tener un gasto para la administración de 1.300 euros).
Además de controlar que los beneficiarios de la justicia gratuita realmente lo necesiten, la Comunidad trabajará en la reagrupación de sedes judiciales hasta que la Ciudad de la Justicia sea una realidad. También se pretende colaborar con el Ministerio de Justicia en el rediseño de la nueva oficina judicial, ofreciendo a Madrid como banco de pruebas, y evitando duplicidades con las oficinas civitas y la red regional de oficinas judiciales locales y de distrito.
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