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Viernes, 26 de mayo de 2017

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Niños paseando Todos los menores tienen reconocido en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a recibir la asistencia y protección que les garantice el pleno desarrollo de su personalidad, conformándose dicho derecho en una responsabilidad tanto de sus familias, en primer término, como de las Administraciones Públicas.

Esta actuación de la Administración se regirá a través de una serie de principios rectores:

  • Interés superior del menor.
  • Mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés.
  • Integración social y familiar.
  • Prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal y reinserción familiar.
  • Sensibilización.
  • Participación y solidaridad social.
  • Seguridad jurídica, objetividad e imparcialidad.
  • Las medidas adoptadas al amparo de la Ley deberán tener carácter educativo.
  • Interpretación restrictiva de cualquier limitación a la capacidad de obrar de los menores.

Dentro de la Comunidad de Madrid, será la Dirección General de la Familia y el Menor, quien asuma, en su condición de entidad pública de protección, esta labor, según la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, Una labor que no puede deslindarse del papel imprescindible y necesario de las Entidades Locales (Servicios Sociales, Centros de Atención a la Infancia, Comisiones de Apoyo Familiar, resto de agentes sociales), conformando todos ellos el Sistema Público de Protección de la Comunidad Madrid.






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