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Viernes, 15 de diciembre de 2017

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Información Práctica


Juzgado La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos ofrece protección jurídico-social a las personas adultas, residentes en la Comunidad de Madrid, incapacitadas legalmente o que se encuentren en una presunta situación de incapacidad por haberse iniciado sobre las mismas un proceso de incapacitación.

La incapacitación es una medida de protección adoptada siempre por la autoridad judicial y destinada a aquellas personas que, por estar enfermas o por tener alguna deficiencia de carácter físico y psíquico, no pueden decidir por sí mismas sobre su persona o sus bienes.

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, (AMTA), es un Ente de Derecho Público adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales, que tiene como fines básicos los siguientes:

  • El ejercicio de la tutela y curatela de los mayores de edad incapacitados legalmente residentes en la Comunidad de Madrid, cuando así lo determine la autoridad judicial competente.
  • La defensa judicial de quienes estén sometidos a un proceso de incapacitación y el ejercicio de cuantas funciones determine la autoridad judicial en defensa de presuntos incapaces en situación de desamparo.

Junto a estos fines, a la Agencia le corresponde también:

  • El fomento y la realización de aquellas acciones que se encaminen a la integración y normalización de los adultos que tutele.
  • La gestión de las rentas y patrimonios de los tutelados.
  • El fomento del respeto a los derechos de las personas mayores de edad residentes en la Comunidad de Madrid que se encuentran incapacitadas legalmente o sobre las que se haya iniciado un proceso de incapacitación.

 
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos se crea con una clara vocación de complementariedad y de garantía.

  1. De complementariedad respecto de las actuaciones que corresponden en primer lugar a otras personas físicas del entorno familiar y otras instituciones sin ánimo de lucro, y siempre en los términos que determine la autoridad judicial.
  2. De garantía última del sistema de tutela a la que pueda acudirse para rellenar un vacío derivado de la inexistencia o inhibición de aquellas personas que, conforme al Código Civil, estarían obligados a actuar. Es decir, la AMTA garantiza la protección de las personas declaradas incapaces cuando no haya nadie más que pueda hacerse cargo de las mismas y así lo determine un juez.


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