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Sábado, 25 de noviembre de 2017

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Hijo y padre

La adopción es una medida de protección a la infancia que proporciona una familia definitiva a menores que, por determinadas circunstancias, no pueden permanecer en su familia de origen.



Supone, desde la perspectiva psicosocial, la crianza de un menor al que no se está unido por vínculos biológicos y su integración en la propia familia. Para que esta integración sea efectiva se refrenda por un acto social y jurídico que sitúa al menor como hijo no sólo en el ámbito intrafamiliar sino frente a la sociedad y la Ley.

La adopción que será de aplicación cuándo y cómo mejor convenga al menor en dificultad, ha quedado en nuestro ordenamiento como una medida de protección a los menores, y no como un recurso para las familias. Es decir, en la adopción debe primar el interés superior del niño y el respeto de sus derechos, teniendo que ceder, en caso de conflicto, las aspiraciones de los solicitantes de adopción por legítimas que éstas sean.

La legitimación de la adopción queda monopolizada por las entidades públicas, tanto en su tramo inicial (propuesta y selección de adoptantes) como en su tramo final (constitución mediante resolución judicial). Sólo las entidades públicas competentes y el Ministerio Fiscal podrán realizar las propuestas de adopción.

En España, las Comunidades Autónomas, en el marco establecido por la Constitución de 1978, han asumido con respecto a su territorio, entre otras, la competencia relativa a la protección de los menores, convirtiéndose en las entidades públicas competentes en materia de adopción.






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