En la central sindical aseguran que descubrieron los GPS “escondidos” en los vehículos la semana pasada. “Todos los indicios hacen pensar que la instalación ha sido ordenada o autorizada por el jefe del Cuerpo, con el conocimiento y visto bueno del alcalde", defienden.

Los denunciantes sospechan que el Consistorio está intentando sacar adelante una serie de expedientes disciplinarios abiertos a un tercio de la plantilla por incumplimiento de servicio, y que, aseguran, piensan recurrir.

El conflicto entre el sindicato UPLB-A y el Consistorio dura varios años. En febrero, el alcalde subrayó en la radio municipal que parte de los agentes de baja eran de esta formación y les recriminó que exigieran “muchos derechos” y se “olvidaran de sus obligaciones”.