Pero los legisladores dicen que esos acuerdos podrían otorgar a las compañías, como los proveedores de Internet, un acceso sin precedentes a la actividad online de sus suscriptores, lo que ha elevado las alarmas por la privacidad.

El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su sigla en inglés), acordado por 22 de los 27 países de la UE, Estados Unidos y Japón, entre otros - pero todavía no ratificado por ninguno de ellos -, es una de tantas medidas, como los proyectos de ley SOPA y PIPA, que no gustan a la opinión pública.

Estas medidas "podrían implicar una vigilancia a gran escala de la conducta de los usuarios y sus comunicaciones electrónicas", dijeron en un comunicado los supervisores de protección de datos de Europa, Peter Hustinx y Giovanni Buttarelli.

Los responsables añadieron que esas medidas irían "más allá de lo que permite la legislación europea". El objetivo del ACTA es establecer sanciones comunes para la vulneración de derechos de autor, pero muchos países la han rechazado.

Entre esos países figuran Rusia y China, donde se alojan muchas páginas web de intercambio de archivos, e India que al igual que China, establece exenciones de derechos de marca para los medicamentos baratos.

En Europa, a los legisladores les importa más el daño potencial que podría hacer el ACTA a Internet que los medicamentos genéricos para los países pobres. Aquéllos que apoyan la medida, como la Comisión Europea - que ha estado liderando las negociaciones de la UE con otros socios globales como Japón y Estados Unidos -, insisten en que ACTA sólo castigaría los delitos de derecho de autor a escala comercial.

La UE ha pedido a su tribunal supremo en Luxemburgo que decida si el ACTA vulnera la privacidad de los ciudadanos. Se espera que haya sentencia en el plazo de un año. Los más de 700 miembros del Parlamento Europeo votarán el ACTA el 29 de mayo y muchos ya han anticipado que piensan rechazarla.