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ESTUDIOS
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Los Actos Políticos del Gobierno: ¿Límite negativo de la jurisdicción?
Francisco Javier García García-Sotoca
Doctor en derecho, abogado-fiscal sustituto de la fiscalia del TSJ de Madrid (sección menores)

SUMARIO

I. Significado de la Jurisdicción. 
    1. Los límites objetivos de la jurisdicción. 
    2. Los llamados límites negativos de la jurisdicción administrativa. 
II. Los denominados actos políticos del Gobierno. 
    1. Planteamiento de la cuestión. 
    2. La categoría del acto político. 
    3. La categoría del acto político en la Jurisprudencia. 
III. Recapitulación.



I. Significado de la Jurisdicción

La jurisdicción se puede contemplar desde una doble perspectiva: como potestad que se actúa "in actu " y como presupuesto que ha de concurrir en el órgano jurisdiccional para que éste pueda dictar una sentencia sobre el fondo(1). En este segundo aspecto la jurisdicción se configura como un "prius " del resto de los presupuestos que deben concurrir en el órgano jurisdiccional; la jurisdicción como presupuesto a una sentencia sobre el fondo es, además, el primer escalón para llegar al Juez ordinario predeterminado por la Ley(2), en los términos queridos por la LOPJ cuando en su artículo 9.1 nos dice que los "Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley".

Si ello es así parece consecuente el tratamiento que la misma da a la jurisdicción el nº 6 de su artículo 9, al decir de la misma que es improrrogable, de lo que prima facie se pueden desprender al menos dos consecuencias: la primera, que la jurisdicción es un presupuesto cuya falta provoca un defecto de naturaleza insubsanable, como viene a reconocer el artículo 238.1 de LOPJ, aunque creemos que técnicamente de forma deficiente; la segunda, que el tratamiento procesal del presupuesto de la jurisdicción es un tema sujeto a normas de "ius cogens "(3), que afecta a lo que la jurisprudencia con cierta asiduidad denomina "orden público procesal"(4). Todo ello ya se recogía por la LJCA de 1956 en su artículo 5.1 con un específico régimen de denuncia, y así: a) Existe la posibilidad real de que la falta de la jurisdicción sea apreciada de oficio(5); b) si es realizada esta apreciación ex officio , el órgano jurisdiccional debe dar traslado a las partes mediante el proveído oportuno, a fin de colmar el principio jurídico-natural de audiencia; c) La resolución (mediante auto) sobre la falta de jurisdicción será fundada y con indicación expresa sobre el orden jurisdiccional concreto donde se debe residenciar el asunto, igual tratamiento es acogido por el artículo 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

1.- Los límites objetivos de la jurisdicción

El artículo1.1 de LJCA delimita cuál es el campo de actuación de manera genérica de los órganos jurisdiccionales en el orden contencioso-administrativo, lo que viene a ser confirmado aunque con matices por la LOPJ en su artículo 9.4.

Así, el objeto del juicio en lo contencioso-administrativo lo constituye la pretensión o pretensiones(6) que se deduzcan a consecuencia de la afirmación de una acción cuyos elementos estructurales objetivos lo forman los "actos de la Administración Pública sujetos al Derecho administrativo" y las "disposiciones de categoría inferior a ley" o, en expresión de LOPJ, "disposiciones reglamentarias".

Por tanto, son dos las condiciones que delimitan el ámbito objetivo de esta manifestación de la jurisdicción: una subjetiva, que exista un acto o disposición con rango inferior a Ley frente al que se dirige la pretensión y que el mismo emane de la Administración Pública(7); otra objetiva, que ese acto o disposición esté sujeto al Derecho Administrativo

2.- Los llamados límites negativos de la jurisdicción administrativa

El examen de la segunda de las condiciones (la necesidad de que el acto esté sujeto al Derecho Administrativo) nos lleva al tema de los límites negativos del orden contencioso-administrativo. En este sentido los artículos 1 LJCA y 24 LOPJ, al contemplar la extensión de la jurisdicción, de forma implícita recogen sus límites; en otras palabras, en ambos preceptos se delimita el ámbito de atribuciones del orden contencioso-administrativo frente al resto de manifestaciones del ejercicio de la función jurisdiccional. No obstante el antiguo artículo 2, a) LJCA insistía en que "no corresponderán a la Jurisdicción contencioso-administrativa las cuestiones de índole civil o penal atribuidas a la jurisdicción ordinaria, y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración pública, se atribuyan por una Ley a la Jurisdicción social o a otras jurisdicciones", igual límite negativo se plasma hoy en el artículo 3.º de la Ley 29/1998, al que se añaden el recurso contencioso-disciplinario militar, los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración(8).

II. Los denominados actos políticos del Gobierno

1.- Planteamiento de la cuestión

La antigua LJCA excluía también de la fiscalización jurisdiccional por los Tribunales administrativos "las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno" (art. 2. b) y ello porque, en el sentir de la Exposición de Motivos, "los actos políticos no constituyen una especie del género de los actos administrativos discrecionales, caracterizados por un grado máximo de discrecionalidad, sino actos esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, confiada únicamente a los órganos estatales". La Ley 29/1998 no menciona dichos actos en su artículo 3, lo cual tampoco significa que el problema de los denominados actos políticos haya desaparecido, pero si desde luego que para el legislador parece que no es admisible aceptar los actos políticos de forma genérica como una categoría de actos exenta de control jurisdiccional, ya que "después de no pocas discusiones, ha optado por considerar siempre justiciables los actos del Gobierno; o si se prefiere, por no excluir la categoría a priori del control jurisdiccional, en consonancia con la doctrina de que el pretendido carácter político de un acto no puede erigirse en causa de inadmisibilidad. Y admitido el control, limita el examen de fondo a las cuestiones que ya había fijado la jurisprudencia: el control de si ha habido o no lesión a un derecho fundamental y de los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que, en su caso, sean procedentes"(9). Así se dispone que "El orden jurisdiccional Contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos" (Art. 2.º b) LJCA).

Tradicionalmente la concepción del móvil (político) de unos determinados actos del Gobierno sirvió como argumento definitivo para excluirlo del control de los Tribunales. Hoy, sin embargo, esta teoría del móvil se entiende inaceptable, y así la misma Exposición de Motivos de LJCA parte del principio del sometimiento de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico y ello supone en principio que cualquier acto de autoridad puede ser controlado judicialmente.

No obstante creemos, que ese pretendido arrumbamiento de la categoría del acto político, de hecho no se ha producido totalmente, y sigue vigente la necesidad de intentar delimitar el concepto estricto de los actos políticos, y si los mismos tienen cabida en nuestro Estado Democrático de Derecho. La LJCA de 1956 no los definía, limitándose a dar una lista que, aunque era simplemente enunciativa y, por tanto, admitía una extensión analógica(10), sin embargo, debía ser interpretada en sentido estricto. Con carácter general se puede decir, con la sentencia de 13 de junio de 1979, que los actos políticos de Gobierno se identifican por estos dos caracteres: uno subjetivo, "consistente en la atribución de estos actos al Gobierno en el sentido orgánico, que esa denominación supone, es decir, al Gobierno de la Nación en su unidad, que está residenciada en el Consejo de Ministros"(11); y otro objetivo, a saber, "su implícita analogía con los supuestos enumerados (en la ley) y que los reconduce a un tipo sólo referido a las grandes decisiones del Estado". En definitiva como señala ESCUSOL "la doctrina del acto político queda reducida hoy (conforme a las doctrinas de la "Staatsleitung" alemana o la del "indirizzo político" en Italia) a la afirmación de que existe una actividad del Estado (la de dirección política) libre en la determinación del fin, siendo imposible el control jurisdiccional de dicha determinación. Ahora bien, en la medida en que la negación de la posibilidad de control es muy discutible, la doctrina del acto político queda reducida a límites mínimos, plenamente acordes con los principios constitucionales"(12).

La categoría de los actos políticos toda vez promulgada la Constitución de 1978 ha sido puesta en tela de juicio por un importante sector doctrinal, hasta el extremo de entender con GARCIA DE ENTERRIA que el párrafo b) del artículo 2 de LJCA debe considerarse derogado por la CE, por aplicación de los artículos 24, 103.1 y 106.1(13). En otras posiciones más templadas se entendía que podía mantenerse la existencia de los actos políticos como categoría autónoma, ciertamente desde una acotación estricta de aquéllos(14).

En este ambiente de discusión doctrinal la STS 9 marzo 1985 (RJ. 4067) declaró que "la doctrina y las Cortes constitucionales de los regímenes democráticos, como nuestra Constitución, hacen imperar el criterio de que los actos de Gobierno son siempre justiciables y que sólo pueden excluirse de la jurisdicción administrativa cuando se trate de actuaciones propias de otra jurisdicción".

2.- La categoría del acto político

A) En primer lugar debemos afrontar la cuestión de qué sean en realidad aquellos actos políticos sustraídos al conocimiento de la Justicia administrativa, sobre todo cuando parece, con SCHMITT, que "este tipo de determinaciones conceptuales, que deben su origen a las necesidades de la práctica jurídica, no pretenden en el fondo otra cosa que proporcionar un asidero práctico para la delimitación de los diversos supuestos de hecho que se producen dentro de un Estado en el marco de su práctica jurídica"(15). Ante esta cuestión entendemos que la acción política como actividad humana y el acto político como concreción del resultado de aquélla acción, no es estrictamente una actividad jurídica, lo cual no significa tampoco que haya una desconexión en términos tales, que pueda llevar a afirmar que el acto político está fuera de todo control jurídico; la conexión del acto político con el Derecho se manifiesta al menos en dos fenómenos: 1) No se puede olvidar que la acción política determinada por la discusión entre adversarios enfrentados en la lucha por conseguir el mayor apoyo social de aquellos que según los actuales sistemas parlamentarios detentan el poder, es la actividad previa a la constitución de los órganos, en definitiva de la estructura que va a posibilitar la creación de normas jurídicas, ya sean leyes o disposiciones con rango inferior a Ley(16); 2) El acto político como resultado de la acción política puede convertirse en algo jurídicamente relevante, cuando trasvasando sus propios límites, el acto de los Poderes Públicos afecta de forma antijurídica a los ciudadanos, en un resultado no querido por la legalidad ordinaria o por las normas constitucionales.

B) En segundo lugar, cualquier respuesta que se dé a la cuestión planteada será vicaria de la concreta concepción que se adopte con respecto a las comunidades políticas organizadas en Estado; de alguna manera se comprenden las cautelas que, teniendo presente el desarrollo histórico, puedan haber frente a los actos políticos, sobre todo si tenemos en cuenta que los actos de gobierno, desde la Edad Media hasta el absolutismo continental se identificaban con el ejercicio del poder real abarcando prácticamente todo poder público; en otras palabras, tras la expresión gobierno se comprendía "la dirección genérica de la acción del Estado"(17); a lo que la práctica anglosajona añadió la idea de prerrogativa, que como recoge FERNANDEZ CARNICERO, DICEY lo conceptúa como "un residuo del poder discrecional que tuvo en algún momento la Corona" , con un sentido distinto a lo que era la realidad continental(18).

En el ámbito continental, y ya en épocas históricamente recientes, el tema que nos ocupa se acentúa en la vía abierta por la tradición del idealismo alemán, que a su vez coincide con el inicio del desarrollo de la teoría del Estado. Fue HEGEL, como ya apuntara HERMAN HELLER(19), el que desde el pensamiento no jurídico supuso un punto de inflexión al personificar al pueblo en el Estado y aportar la idea básica de anteponer los intereses nacionales a las bases éticas en el actuar político(20), intereses nacionales que se transustancian en la voluntad del Estado a través de la acción política del poder.

NOTAS
 

1. En esta segunda acepción la jurisdicción es "el primero y más importante de los requisitos procesales. Para que un órgano jurisdiccional pueda conocer una pretensión que ante él se deduzca, es necesario que tenga jurisdicción, es decir, que, por su fundamento jurídico-material, esté dentro del ámbito de su esfera de atribuciones". (GONZALEZ PEREZ, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Madrid 1994, op. cit. pág.190).

2. Para un completo análisis vid. DIEZ PICAZO GIMENEZ, I., El Derecho Fundamental al Juez Ordinario Predeterminado por la Ley, en <<RGDC />> núm. 31. Enero-Abril 1991, págs 75 y ss.

3. En este sentido se destaca que "la Ley establece la jurisdicción y asimismo la competencia de los órganos de la jurisdicción, mediante normas imperativas de "ius cogens "( no dispositivas), insusceptibles de modificación por la voluntad de las partes". (ESCUSOL BARA, E., Derecho Procesal Administrativo , Madrid 1995, op. cit. pág. 308). Ello es algo que con diversas formulaciones es admitido de forma unánime por la doctrina.

4. Entre otras cfr.: STS 21 de enero 1994 (RJ. 325), STS 23 de febrero 1994 (RJ. 1385), STS 4 de marzo 1994 (RJ. 1913), STS 4 de abril 1994 (RJ. 3013), STS 20 de mayo 1994 (RJ. 3528), STS 11 de junio 1994 (RJ. 4666) y STS 30 de junio 1994 (RJ. 4746).

5. En este sentido se afirma que la "jurisdicción y la competencia constituyen presupuestos procesales cuya falta debe ser apreciada incluso de oficio y en cualquier momento del proceso por el órgano jurisdiccional". (ESCUSOL BARRA, E., Derecho Procesal Administrativo, Madrid 1995, op. cit. págs 308 y 309).

6. "El contenido de la pretensión procesal administrativa es doble ya que es susceptible de entenderse cualitativa y cuantitativamente. Cualitativamente, para que la pretensión pueda ser diferenciada de otra figura análoga, es cuestión básica el tener presente la llamada petición y fundamento de la misma; cuantitativamente, es necesario realizar una determinación de la misma". (ACOSTA ESTEVEZ, J.B., Pretensión procesal administrativa, Ejecución de sentencias y construcción jurisprudencial de la Litispendencia en lo Contencioso-Administrativo , Barcelona 1987, op. cit. pág. 50).

7. La LJCA de 13 de julio de 1998 se encarga de precisar qué debe entenderse por Administración Pública: a) La Administración General del Estado; b) La Administración de las Comunidades Autónomas; c)Las Entidades que integran la Administración Local; d) Las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas sometidas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

8. "El precepto es superfluo porque, desaparecida la exclusión de los actos políticos que se contenía en el art, 2.º, b) de la LJCA de 1956, todas las cuestiones que menciona son materias que o bien carecen de la cualidad esencial para ser residenciables en la jurisdicción administrativa, a saber la de ser actuaciones administrativas, o bien tiene previsto un cauce de resolución en otra norma legal que se ha considerado adecuado mantener". CORDÓN MORENO F. J. El Proceso Contencioso Administrativo, Pamplona 1999, op. cit. pág. 54.

9. CORDON MORENO F.J. Ob. Cit. pág. 63.

10. Cfr. STS de 13 junio 1979 (RJ. 4748) y STS de 29 noviembre 1985 (RJ.5603).

11. STS de 9 marzo 1985 (RJ. 125).

12. ESCUSOL BARRA, E., Derecho Procesal Administrativo, Madrid 1995. op. cit. pág. 302.

13. Cfr. GARCIA DE ENTERRIA,E., (con FERNANDEZ, T.R.) Curso de Derecho Administrativo, Vol. I, Madrid 1995, pág 555. El citado autor después de plantear la cuestión desde su expresión positiva, y recoger su raíz histórica en una creación del Consejo de Estado francés con la restauración borbónica, para sintetizar lo que ha sido la categoría de los actos políticos o de gobierno en el Derecho Patrio, concluye afirmando que "la Administración como tal es universalmente justiciable y, por ende, todos y cada uno de sus actos, ninguno de los cuales puede entrar en la excepción del artículo 2º b). Así resultaba, incluso, de la legalidad fundamental anterior a la Constitución hoy vigente, supuesto el reconocimiento por la misma del derecho a una justicia independiente y del libre acceso a los Tribunales, derecho expresamente extendido a lo contencioso-administrativo y referible, por lo tanto, a todos los actos y acuerdos de la Administración (arts. 30, 31 y 42 II de la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967). Cuando con ocasión de la reforma de la LJ que se plasmó en la Ley de 17 de marzo de 1973 el proyecto del Gobierno pretendió ampliar insólitamente la excepción del acto político, quizá ante la última y loable posición del Tribunal Supremo en la interpretación de la existente, esos conceptos fueron aceptados por todos los procuradores, ninguno de los cuales se avino a justificar la propuesta del Gobierno, que cayó por sí sola. La cuestión es hoy mucho más clara todavía. El artículo 106.1 de la Constitución atribuye a los Tribunales el control de la "potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa" sin excepción alguna, excepción a la que el artículo 24.1 del propio texto constitucional cierra el paso expresamente al configurar, según hemos visto, como fundamental el derecho a obtener la tutela de jueces y tribunales, "sin que en ningún caso pueda producirse indefensión", es decir, si que exista margen alguno para la denegación de justicia. Por otra parte el artículo 103.1 declara el "sometimiento pleno a la Ley y al Derecho" de la Administración, lo que excluye cualquier espacio para la razón de Estado. Afirmar la universalidad del control judicial sobre cualquier actuación de la Administración, como vemos que se infiere de la Constitución, constituye en frase de W. JELLINEK, glosando un precepto análogo de la Ley Fundamental de Bonn, "el parágrafo regio del Estado de Derecho". La doctrina del acto político, según lo expuesto, es hoy inútil; en su acepción histórica genuina está hoy superada y aún contradicha por la Constitución, en cuanto explicación de la injusticiabilidad de ciertos actos que no proceden de la Administración como persona, la doctrina resulta innecesaria. El artículo 2º b) de LJ debe, pues, considerarse derogado a partir de la entrada en vigor del nuevo texto constitucional y ser eliminado en consecuencia de la LJ en la próxima revisión de la misma, a fin de evitar equívocos que, según demuestra la historia, pueden resultar gravemente dañosos".

14. Para GARBERI todavía vigente la LJCA de 1956, "una vez promulgada la Constitución de 1978, y atendidos los principios del Estado de Derecho (art. 1 CE), sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento (art. 9.1 CE), seguridad jurídica (9.3 CE), control jurisdiccional de la actividad administrativa (art. 106.1 CE), y el derecho a la tutela efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), se impone una reinterpretación del citado precepto 2. b) LJCA, el cual no tiene por que ser totalmente inconstitucional si se somete al crisol del Texto Constitucional y se interpreta en sus justos límites" (GARBERI LLOBREGAT, J., con GIMENO SENDRA, MORENO CATENA y GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, Derecho Procesal Administrativo , Valencia 1993, op. cit. pág. 125). Por su parte PAREJO entiende en su desarrollo de la cuestión que "tras la Constitución de 1978 y, por tanto, en la actualidad, se ha venido a cumplir la afirmación, contenida en la Exposición de Motivos de la LJCA, de la diferencia de naturaleza entre acto administrativo y acto político. Conforme al orden constitucional, en efecto:

1º Aunque el Gobierno desempeñe la dirección de la Administración General del Estado (lo mismo puede predicarse, por analogía, en la instancia autonómica), no se confunde entera y completamente con ésta, ejerciendo funciones no materialmente administrativas, como lo es, desde luego, la política interior y exterior (art. 97 CE).

2º El sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y, consecuentemente, la integridad del control por los jueces y Tribunales ordinarios (lo que vale decir la tutela judicial efectiva), previstos en los artículos 103.1, 106.1 y 24.1 CE, se refieren claramente a la Administración, por lo que sólo alcanza al Gobierno en la medida misma de su actuación como cabeza de la Administración y cumpliendo funciones propias de ésta según el artículo 103.1 CE.

En consecuencia, es claro que la Administración está hoy sujeta, en la totalidad de su actividad, al Derecho y al control judicial, no pudiendo existir zona exenta o exceptuada alguna. Ello significa que todos los actos emanados de la Administración y resultantes del ejercicio de una potestad jurídico-pública son necesariamente susceptibles de fiscalización judicial. No puede existir, por tanto, una categoría de actos administrativos de naturaleza política, a efectos de la exclusión del juego de la tutela judicial efectiva.

Ocurre, sin embargo, que los actos que produzca el Gobierno en ejercicio de su función de dirección de la política interior y exterior son, por decisión constitucional, actos que ni emanan de aquél en su condición de órgano superior de la Administración, ni pueden, por tanto, conceptuarse como administrativos (por no estar sujetos cabalmente al Derecho administrativo). Así lo confirma la doctrina del Tribunal Constitucional SSTC 63/1983, de 20 de julio, y 45/1990, de 15 de marzo). Existen, pues, actos del Gobierno (en la acepción orgánica de éste), que por ser directamente constitucionales y no administrativos, no están sin más sujetos al control judicial a que se refiere el artículo 106.1 CE. La delimitación del ámbito material de tales actos aparece prefigurada desde luego por la propia norma fundamental, no siendo, por tanto, de libre disposición para el legislador ordinario. En todo caso, comprende los actos correspondientes a las relaciones de relevancia constitucional inmediata entre los distintos poderes públicos y los pertenecientes a las relaciones internacionales. La distinta naturaleza de estos actos no significa, como es obvio, exención de cualquier control judicial contencioso-administrativo; supone tan sólo que ese control no es sin más el previsto en el artículo 106.1 CE (correspondiéndole al Tribunal Constitucional)" (PAREJO ALFONSO, L., con JIMENEZ BLANCO, A., y ORTEGA ALVAREZ, L., Manual de Derecho Administrativo Vol. 1, Madrid 1996, op. cit. págs. 562 y 563. Por otro lado GARRIDO FALLA sostenía que "la vigente ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 (obviamente necesitada de adaptaciones parciales a la Constitución), sigue pensando que los actos políticos de gobierno son distinguibles, frente a los administrativos, por su diversa naturaleza, pero se separa radicalmente de la antigua Ley de 1894, en cuanto que ahora no los trata como una subespecie de los actos discrecionales. Al relacionar en el artículo 2º las cuestiones que no corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa, señala en el apartado b) "las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como son los que afectan a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar sin perjuicio de las indemnizaciones que fuesen procedentes, cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa ". Obsérvese que la redacción de este precepto significa también una nueva restricción respecto de los "actos políticos o de gobierno" de que hablaba la Ley anterior, pues ahora al elemento objetivo (naturaleza política) se añade un elemento subjetivo: que sean dictados por el Gobierno. Y como en nuestro Derecho positivo el Gobierno está constituido por el Consejo de Ministros, quiérese decir que sólo los actos de este alto Organismo pueden ser los excluidos por razón de su conceptuación como actos políticos, pero nunca los actos ministeriales. Por lo demás, también se ha de observar que la imposibilidad de fiscalizar el acto (imposibilidad, por tanto, de anularlo) no impide la reclamación de responsabilidades por los daños que las medidas del Gobierno hayan podido causar a los particulares. Sin embargo, lo relatado debe estimarse hoy como pura ilustración de la evolución histórica del tema. Después de promulgada la Constitución todos los actos del Poder ejecutivo que afecten a situaciones jurídicas de los particulares son fiscalizables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El principio de "cláusula general" está implícito en su artículo 24 que garantiza el derecho a obtener una tutela efectiva de los jueces y tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En la actualidad el "acto de gobierno" sólo incluye los que afectan a las relaciones entre los Organismos constitucionales del Estado : por ej,. disolución de las Cortes Generales o convocatoria de elecciones (GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo , Vol I Parte General, Madrid 1989, op. cit. pág. 386 y 387).

15. SCHMITT, C., El concepto de lo político, Madrid 1991, Trad. Rafael Agapito, op. cit. pág. 52. Empero parece, que la actividad política y en consecuencia los actos que de aquélla deriven, poseen autonomía, con un espacio propio de decisiones no predeterminado por normas jurídicas (Cfr. HELLER. H., Teoría del Estado, México D.F. 1942, Trad. Luis Tobío, pág. 38.

16. Esto ya lo apuntó Weil al decir que "el Derecho es la continuación por otros medios de la política y el Derecho administrativo es uno de los medios escogidos por la tradición política francesa para asegurar la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos" (WEIL, P., El Derecho Administrativo ", Madrid 1966, op. cit. pág. 126).

17. LOPEZ RUBIO, L., La posición constitucional del Gobierno (Gobierno y Administración en la Constitución) I.E.F. y D.G.S.J.E. Tomo I, Madrid 1989, op. cit. pág. 24.

18. FERNANDEZ-CARNICERO GONZALEZ, C., La función ejecutiva: contenido y límites institucionales (Gobierno y Administración en la Constitución), I.E.F. y D.G.S.J.E. Tomo I, Madrid 1989, op. cit. pág. 538.

19. Cfr. HELLER.H., Teoría del Estado, México D.F. 1985. Trad. Luis Tobío, págs. 238 y ss. Estas ideas sobre las bases de la actuación política que desarrolla HEGEL es la sistematización teórica más completa sobre la que se han apoyado en mayor o menor medida las experiencias totalitarias del siglo XX propiciando el más ingente fenómeno de resignación frente a lo fáctico como manifestación exclusivamente de la voluntad. Sus filosofía del derecho y su filosofía de la historia suponen la deificación del Estado, al que dota de entidad pensante "lo racional en sí y para sí" y por cuya virtud "todo lo que el hombre es se lo debe al Estado; sólo dentro de él tiene su ser. Todo el valor que el hombre posee, toda la realidad espiritual la tiene a través del Estado", reafirmando la creencia en el estado como en "la substancia ética autoconsciente"; pero claro afirmar la "autoconsciencia del Estado", y en consecuencia explicar éste como si de una inteligencia trascendida por la libertad se tratase, como señala HELLER "violenta y sacrifica la conexión natural que nace del objeto, en beneficio de un fantasma" (HELLER. H., ob. cit. pág. 45).

20. Es necesario matizar siguiendo a SARTORI, que la separación entre la ética y la actividad política estatal se formula por Maquiavelo en el ámbito de los principados del Renacimiento, superando la teoría clásico aristotélica que unificaba la ética con la política (SARTORI, G., Teoría de la democracia Vol.I ), Madrid 1988, págs. 61 y ss.)

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