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Memoria de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid año 2003
III. Estadística anual de asuntos consultivos y contenciosos

Como anexos I y II se acompañan a la presente memoria la estadística anual de los asuntos consultivos en los que han intervenido los Letrados de la Comunidad de Madrid y los asuntos contenciosos de nueva entrada en los Servicios Jurídicos de la Comunidad, durante el año 2003.

1. ASUNTOS CONSULTIVOS

En relación con los asuntos consultivos hay que comenzar por decir que no están todas las actuaciones en las que se hace efectivo el asesoramiento jurídico prestado por los Letrados de la Comunidad de Madrid, como asistencia a órganos como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Superior de Hacienda, o las Comisiones Informativas de Reclamaciones Previas a la vía civil y/o laboral, comisiones y reuniones diversas (sólo se incluyen las mesas de contratación). Ni tampoco se incluye el asesoramiento verbal o incluso por escrito mediante notas que no constituyen, en rigor, informes jurídicos pero en las que se ejerce también una actividad consultiva (imprescindible, por otra parte), ni la redacción de actos y disposiciones para la cual sean precisos especiales conocimientos jurídicos, principalmente procesales.

En materia consultiva, se distinguen diversas categorías: bastanteos, asistencia a mesas de contratación, informes sobre devolución de fianzas e ingresos indebidos, informes sobre pliegos de cláusulas administrativas particulares, pliegos de general aplicación y pliegos tipo, informes sobre contratos y convenios, informes de normas: proyectos de Ley y Decretos, acuerdos de Consejo de Gobierno y otros informes. Asimismo, se diferencia entre las actuaciones del Director General y los distintos Servicios Jurídicos en las diferentes Consejerías. Las actuaciones de los letrados ubicados en el IVIMA y en el IRIS figuran dentro de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Entre los que no se incluyen los informes preceptivos relativos al ejercicio de acciones que se evacúan por la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Con estos parámetros encontramos un total de 15.687 actuaciones consultivas realizadas durante el año 2003, un 3,12 % menos que en el año 2002. Los datos que se ofrecen se plasman en gráficos que, además de ofrecer una visión global, desglosan por Consejerías y por actividades la actuación consultiva.
2. ASUNTOS CONTENCIOSOS

Los asuntos contenciosos incluyen las actuaciones ante los juzgados y tribunales de justicia de todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Todos ellos son contenciosos, por existir intereses contrapuestos, aun cuando a veces, sin mucho rigor, se hable de asuntos contenciosos para referirse a los contencioso-administrativos. En la organización del Servicio Jurídico Central los asuntos contenciosos se dividen en tres áreas, Civil y Penal, Laboral y Contencioso-Administrativo.

No se incluyen, en cambio, los asuntos tramitados ante jurisdicciones especiales, como la del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, cuyo número es reducido e inapreciable a efectos estadísticos.

Además, se han incluido los recursos en vía económico-administrativa interpuestos por los Letrados de la Comunidad de Madrid ante los Tribunales Económico-Administrativo Central y Regional, alcanzando en este año un total de 7 recursos de alzada y 383 reclamaciones económico-administrativas, debiendo añadirse que la Comunidad de Madrid está personada en 44 procedimientos concursales. Se incluyen estos datos dentro de la estadística de asuntos contenciosos pues, aunque hoy es claro que tales tribunales no son órganos jurisdiccionales sino administrativos, ejercen una función cuasijurisdiccional y la preparación de tales recursos, por razón del trabajo que conlleva, se subsume mejor en la categoría de los asuntos contenciosos que en la de los consultivos.

En cuanto a las cifras que se ofrecen, alcanzan un total de 10.385 procedimientos judiciales, un 28,4 % más que en el año 2002, debiendo destacar que se refieren únicamente a los asuntos que han tenido entrada en los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid durante el año 2003, sea porque se han iniciado en dicho año o porque, aun iniciados con anterioridad, la personación del Letrado de la Comunidad de Madrid en las actuaciones correspondientes se ha producido en ese ejercicio. Y, a estos efectos, tomamos en consideración el proceso en su conjunto, sin distinguir entre sucesivas instancias o recursos (las cuales, aun producidas en el año 2003, no pasan a engrosar las cifras que se exponen en el Anexo II). Tampoco se computan a estos efectos aquellos asuntos que habiendo sido interpuestos por los Letrados de la Comunidad de Madrid durante los últimos meses del año 2003, no hayan sido proveídos por los Tribunales, que serán tenidos en cuenta en el ejercicio 2004, ascendiendo dichos asuntos a 400.

Por tanto, debido a la larga duración de los procesos (incluyendo primeras o únicas instancias y recursos sucesivos), el volumen de pleitos, causas, recursos y juicios en los que actúan los Letrados de la Comunidad de Madrid, cumulativamente, es muy superior al reflejado.

Por lo demás, el porcentaje de sentencias favorables para los intereses cuya postulación tienen atribuidos los Letrados de la Comunidad de Madrid, sigue siendo muy elevado, superando, en cómputo global, el 75%.

Dentro del porcentaje de sentencias favorables para la Comunidad de Madrid, cabe destacar por su importancia, la sentencia de 3 de octubre de 2003 dictada por el Tribunal Supremo en Recurso de casación para la unificación de la doctrina, interpuesto por el Servicio Jurídico del IMSALUD, por la que se establece que las cuotas de colegiación obligatoria del personal de Técnico Sanitario y de enfermería, que prestan servicios en la Comunidad de Madrid, deben ser abonadas por el Estado y no por esta última.

Destacan así mismo las sentencias de 19 de febrero y 7 de mayo de 2003, dictadas en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra algunas sentencias que habían estimado los recursos interpuestos por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras contra la provisión de determinados puestos de trabajo mediante la libre designación, en las que se estiman los recursos de apelación interpuestos por la Comunidad de Madrid.

Entrando ya en los datos concretos que se han recopilado, hemos de separarlos por órdenes jurisdiccionales.

2.1. Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo
Dentro del total de actuaciones judiciales cabe destacar la predominancia del orden jurisdiccional Contencioso-administrativo, con un total de 3.755 procedimientos contencioso-administrativos iniciados en este año 2003.

A 31 de diciembre de 2003 se han notificado 2.842 sentencias, de las cuales, el 75,9% se han resuelto en sentido favorable a los intereses de la Comunidad de Madrid y un 24,1% en sentido desfavorable.

Este número de procedimientos nuevos no es indicativo del total de actuaciones judiciales realizadas, pues un solo procedimiento conlleva varios trámites sucesivos: (demanda/contestación a la demanda, prueba y conclusiones, tasación/impugnación de costas judiciales, e incidentes como el relativo a la adopción de medidas cautelares, dentro del que destaca la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado) y puede comprender varias actuaciones orales ante el órgano judicial que tramita el procedimiento: vista, práctica de pruebas y ratificación o aclaración de las realizadas, conclusiones orales, vista relativa al incidente de impugnación de costas...

Tampoco se recogen dentro de los 3.755 asuntos nuevos, los recursos de súplica, apelación o casación interpuestos por los Letrados de la Comunidad de Madrid.

El elevado número de los recursos contencioso-administrativos se debe, sobre todo, a la ampliación del ámbito de competencias y de actuaciones de la Administración autonómica. Conforme la Comunidad de Madrid va asumiendo competencias en diversos ámbitos, se produce, lógicamente, un incremento de los recursos contencioso-administrativos. En segundo lugar, también cabe considerar una mayor litigiosidad surgida con ocasión de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, que facilita al ciudadano la impugnación del actuar administrativo, a través de la creación de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la existencia de un procedimiento abreviado o una regulación más generosa de las medidas cautelares.

Hemos de hacer referencia a los asuntos que —dentro del contencioso-administrativo— se llevan en materia de tributos, ya sean propios de la Comunidad de Madrid, ya sean cedidos —principalmente los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y desde 1 de junio de 2003, Patrimonio y Juego—. Debe resaltarse el elevado número de recursos que se plantean sobre esta materia, ya sea como demandados y también como demandantes, impugnando la Comunidad de Madrid aquellas resoluciones del TEAR de Madrid o del TEAC con las que no está de acuerdo.

Además, junto los recursos en los que se podría decir que se representa a la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tributos, existen otros recursos en los que se asume la representación de organismos como, por ejemplo, el IVIMA, en los que se impugnan actos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (sobre todo en materia del I.V.A) o de los Ayuntamientos.

Desde el 1 de enero de 2003, en materia tributaria se han iniciado 457 procedimientos contencioso-administrativos, ya sea como recurrentes o como demandados.

Se han notificado un total de 726 sentencias, de las cuales 606 han sido favorables a los intereses de la Comunidad de Madrid y 118 desfavorables, resultando un 83,47% de resultados favorables.

[...]
2.2. Orden Jurisdiccional Social
En cuanto a los procedimientos ante el orden social se ha mantenido el número de pleitos respecto al año 2002, en el que se produjo un incremento del 134% con relación al año 2001, debiendo recordar que del año 2000 al 2001 los pleitos sociales se incrementaron en un 70 %. En el año 2003, a fecha 31 de diciembre encontramos un total de 5.012 procedimientos laborales nuevos registrados, con lo que se supera el número de asuntos sociales respecto al año 2002.

Resaltar que de los 5.012 procedimientos laborales nuevos, 1.872 se han seguido por los letrados del IMSALUD.

Al igual que en el resto de órdenes jurisdiccionales este número siempre es inferior al de los trámites en que los Letrados intervienen, de forma que, durante el año 2003, a los citados 5.012 recursos nuevos hay que añadir los asuntos fuera de registro informático, que no llegaron a vista, normalmente, autos de inadmisión o declarativos de la incompetencia del orden jurisdiccional social.

Dentro del orden social ha de destacarse el elevado índice de asuntos resueltos en sentido favorable a los intereses de la Administración, que supera el 50%, dato especialmente significativo en una jurisdicción que protege de forma muy marcada al trabajador.

2.3. Órdenes Jurisdiccionales Civil y Penal
Se han incrementado, también de forma notable, los procesos civiles y penales, manteniendo unas cifras similares a las del orden jurisdiccional social. Durante el año 2003 se dieron de alta un total de 1.338 procedimientos civiles y 256 penales, pudiendo desglosarlos como sigue:
—En el Servicio Jurídico Central: 24 procedimientos judiciales civiles y 73 penales, a lo que habría que añadir 430 impugnaciones de resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, 392 ante el orden civil y 38 ante el orden penal.

—En el Servicio Jurídico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y en concreto en el IVIMA: 649 procedimientos civiles y 92 penales. Los Letrados destinados en el IVIMA han asistido a un total de 517 vistas judiciales orales.

—En el Servicio Jurídico de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y en concreto en el IRIS: 239 procedimientos judiciales civiles y 2 penales. La Letrada destinada en el IRIS ha asistido a un total de 145 vistas judiciales orales.

—En el Instituto Madrileño del Menor y la Familia: 17 procedimientos judiciales civiles, 14 penales y 5 piezas de responsabilidad civil.

—En el IMSALUD, 12 procedimientos civiles y 37 penales.

Entre los procesos civiles existen diversos procedimientos de responsabilidad extracontractual, de extinción de fundaciones, así como pleitos singulares, junto a un elevado número de juicios de desahucio de viviendas propiedad de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente del IVIMA y del IRIS, como parte de las actuaciones llevadas a cabo para regularizar el pago y evitar la morosidad en los arrendamientos de viviendas propiedad de estos organismos.

En el año 2003 cabe destacar en relación con el IRIS el desmantelamiento del barrio de tipología especial de «Las Liebres» en el distrito de Fuencarral, y el consiguiente realojo de esas familias en viviendas de altura en la Comunidad de Madrid.

En el ámbito penal, los procedimientos se han venido refiriendo, principalmente, a tres órdenes de supuestos: asuntos en los que sea parte un empleado público (sea en posición pasiva o en posición activa), asuntos referentes a menores tutelados por la Administración autonómica y ocupaciones ilegales. Desde el año 2001 se han visto notablemente incrementados debido a la asunción de la defensa del personal docente tras el traspaso de competencias en la materia. Con una única excepción, pendiente de confirmación por la Audiencia Provincial, en todos los procedimientos penales en que se ventilaban acusaciones dirigidas contra maestros se ha logrado la absolución o sobreseimiento, ya sea en primera instancia o en vía de recurso.
Personación en los supuestos más graves de violencia doméstica:

Cabe destacar especialmente la personación de la Comunidad de Madrid en los supuestos más graves de violencia doméstica ocurridos en nuestra Comunidad mediante el ejercicio de la acción popular. El Letrado de la Comunidad de Madrid asume un papel de activo protagonismo en la averiguación y futura punición del delito, participando en la instrucción, solicitando medidas cautelares en orden a la protección de la víctima y aseguramiento del castigo del culpable, proponiendo las pruebas necesarias para garantizar la acusación y solicitando la pena que corresponda en el juicio oral.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 6 de septiembre de 2001, se aprueba el Programa de Acciones contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en cuya Área 3 «Medidas de cooperación y coordinación social e institucional» se fija como objetivo el potenciar la cooperación y la coordinación institucional y social, contando con el «Ejercicio de la Acción Popular por parte de la Administración autonómica en los casos más graves de violencia de género producidos en el territorio madrileño, cuando el interés público así lo aconseje», siendo organismo implicado la Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

El preámbulo de tal Acuerdo expresa que:
«El fenómeno de la violencia doméstica que afecta principalmente a las mujeres, constituye un problema social de primera magnitud, siendo tarea de todos los poderes públicos actuar con decisión y responsabilidad dentro del ámbito de sus competencias. La violencia contra la mujer es un asunto que se intenta atajar desde el ámbito internacional, comunitario, nacional y autonómico.»
A través de la acción popular, la Comunidad de Madrid, por medio de sus Servicios Jurídicos, puede tener una participación plena en la causa, tanto en la fase de instrucción, tomando parte en las diligencias de investigación y solicitando medidas cautelares sobre la persona responsable, como en el juicio oral, en el que se puede ejercitar la acusación solicitando la condena correspondiente de quien aparezca como culpable.

La Dirección General de los Servicios Jurídicos, en ejecución del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de septiembre de 2001, que aprobó el Programa de Acciones contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid para los años 2001 a 2004, incluyendo entre las actuaciones a promover la personación de la Administración Autonómica, a través de sus Servicios Jurídicos, en los casos más graves de violencia de género producidos en el territorio madrileño, se ha personado en el presente año en el único caso de fallecimiento como consecuencia de un acto de violencia doméstica en nuestra Comunidad Autónoma. Ello supone una disminución de las actuaciones ante los Tribunales de Justicia en casos semejantes con respecto a años anteriores, que hay que achacar a la fortuna de que no se hayan producido más asesinatos por dicha causa en nuestra región.

En cuanto a los procedimientos en que la Comunidad de Madrid se había personado en años precedentes, durante el año 2003 se ha celebrado el juicio oral y se han sentenciado tres de ellos, en todos los casos con exitosa participación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
[...]

3. OTROS ASUNTOS

Junto al grueso fundamental de asuntos consultivos y contenciosos han de destacarse otro tipo de actuaciones realizadas por los Letrados de la Comunidad de Madrid que no pueden desconocerse como su intervención, normalmente en calidad de Vocales, en órganos como la Junta Superior de Hacienda o el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa, a lo que puede añadirse la intervención de la Directora General en la Comisión de Urbanismo, la Comisión de Seguimiento y Desarrollo para el Plan Estratégico de Simplificación de la Gestión Administrativa, la Comisión Bilateral de Cooperación, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación, el Consejo de Administración del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, el Consejo Asesor de Asuntos Europeos, el Consejo de Protección de Datos, el Consejo para la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras o la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas, —emitiendo en este año propuesta de resolución sobre el conflicto de competencias suscitado por el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en su modalidad de operaciones societarias, por parte de Terra Networks en favor de la Generalitat de Cataluña, con motivo de la operación de aumento de capital de la citada Compañía.

 

[...]

 

Madrid, 5 de noviembre de 2003.

 

LA DIRECTORA GENERAL:

 

Fdo: Rosario López Ródenas

 

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