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Informe sobre la incidencia del Convenio de 7 de abril de 2004 relativo a la Realización de Intercambiadores de Transporte sobre las competencias atribuidas a la Dirección General de Transportes, en el supuesto de que los intercambiadores, por sus características, constituyan estaciones de transporte
Se recibe en este Servicio Jurídico de la Secretaría General Técnica solicitud de Informe sobre LA INCIDENCIA DEL CONVENIO DE 7 DE ABRIL DE 2.004 RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE SOBRE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, EN EL SUPUESTO DE QUE LOS INTERCAMBIADORES, POR SU CARACTERÍSTICAS, CONSTITUYAN ESTACIONES DE TRANSPORTE. 

Examinados los antecedentes recibidos procede emitir el siguiente

INFORME

I

Resulta necesario para el correcto examen de la cuestión planteada,  partir del Convenio de fecha 7 de abril de 2004 celebrado entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes sobre la realización de intercambiadores de transporte en el municipio de Madrid.

Se trata de un convenio de colaboración que tiene por objeto la definición, construcción, puesta en servicio y explotación de los intercambiadores de transporte que en el mismo se definen.

En este ámbito, se  atribuye al Consorcio de Transportes la facultad de convocar los concursos necesarios para la consecución de su objeto (redacción de proyectos de construcción, y adjudicación de la concesión de ejecución de obra y gestión del servicio público), así como el ejercicio de las facultades de tutela de la explotación del intercambiador y la aprobación de las tarifas correspondientes, todo ello sin perjuicio de las que asume el Ayuntamiento de Madrid.

Se configura así el Consorcio como Administración concedente, en el ámbito de las concesiones de ejecución de obra y gestión del servicio público de los intercambiadores.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid es el organismo público, que bajo la forma de organismo autónomo, concentra las competencias sobre transporte público regular de viajeros de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos que se adhieran al mismo.

Conforme su Ley de creación, Ley 5/85, de 16 de mayo, es la entidad mediante la que se articula la cooperación y participación de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la misma en la gestión conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros (art. 1).

El Consorcio ejerce sobre el transporte público regular de viajeros que circule por toda clase de vías, cualquiera que sea la titularidad de éstas, una serie de amplias competencias que recoge el art. 2 de su Ley reguladora, y entre las que se encuentran  “las que corresponde o le sean delegadas a la Comunidad de Madrid”, “las que correspondan a los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que se hayan adherido voluntariamente al Consorcio mediante acuerdo plenario”, “la planificación de la infraestructura del transporte público de viajeros definiendo las directrices de la política a seguir, la programación de las inversiones y la supervisión de los correspondientes proyectos”, “planificación de los servicios y el establecimiento de programas de explotación coordinada para todas las empresas prestadoras de los mismos”, así como la “tramitación y resolución  de las autorizaciones y concesiones”.

Por ello, no parece haber dudas sobre las competencias del Consorcio para actuar como Administración concedente y ejercer todas las funciones inherentes a esta condición, tanto por aplicación de su normativa sectorial propia como la que le corresponde como Administración concedente de la concesión al amparo del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II

Tal criterio no incide sobre las competencias propias de la Dirección General de Transportes.

Así, el Decreto 116/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, atribuye en su art. 7 apartado a), a la Dirección General de Transportes la competencia sobre:

“a) La autorización de servicios e instalaciones de transportes terrestre, tanto de viajeros como de mercancías y la acreditación para el ejercicio del transporte y actividades auxiliares y complementarias y realización de las pruebas que prevean las normas vigentes. La elaboración del Plan de Inspección técnica y su materialización tanto técnica como administrativa así como la resolución de expedientes sancionadores por infracciones en materia de transportes y la ejecución de las sanciones resultantes, tanto pecuniarias como no pecuniarias, sin perjuicio de las competencias de recaudación de ingresos atribuidas a la Consejería de Hacienda, y todas aquellas materias que no sean de la competencia del Consorcio Regional de Transportes.”

Por su parte, los arts. 183 y siguientes del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, regula, de conformidad con el art. 128 de dicha Ley, la intervención administrativa en el establecimiento de estaciones de transporte, cuya autorización corresponde a las Comunidades Autónomas.

Sentado lo anterior, es necesario realizar diversas consideraciones:

1º.  En primer lugar, la competencia se ejerce por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia conforme señala el art. 12 de la Ley 30/92. Sin embargo, tal competencia propia de cada órgano se ejerce siempre dentro de su esfera de atribuciones en relación con la materia de que se trate. Así, la competencia sobre “autorización de servicios e instalaciones de transportes terrestres...” que corresponde a la D.G. de Transportes conforme el Decreto 116/2004, no alcanza a aquellas que son competencia del Consorcio de Transportes.

Es a éste a quien corresponde ejercer la “gestión conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros”  (art. 1 Ley 5/85), de modo que las funciones relativas al transporte de viajeros regular de uso general (ya en la terminología de la LOTT en su redacción vigente), corresponden al Consorcio de Transportes y no a la D.G. de Transportes.

En el mismo sentido a la D.G. de Transportes le corresponden las competencias a que nos venimos refiriendo “y todas aquellas materias que no sean de la competencia del Consorcio Regional de Transportes” según el último inciso del apartado a) del art. 7 del Decreto 116/2004, por lo que deben respetarse las competencias de éste último.

2º.  En segundo lugar, la autorización de estaciones de transporte a que se refieren las normas estatales, arts. 127 L.O.T.T y 183 y siguientes de su reglamento (con independencia de el significado terminológico con los intercambiadores al que luego nos referiremos), resultaría plenamente cumplida con la intervención del Consorcio de Transportes.

Es decir, es la Comunidad de Madrid la que autoriza tales instalaciones, y lo hace a través de su órgano competente, en este caso el Consorcio de Transportes, a quien corresponde ejercer sobre el transporte público regular de viajeros “las competencias que corresponden a la Comunidad de Madrid”, como señala expresamente el art. 2.1ª) de su Ley de creación.

En el mismo sentido corresponde al Consorcio la “tramitación y resolución de las autorizaciones y concesiones” (art. 2 Ley 5/85), dentro de su propia esfera de competencias, como es el transporte público regular de viajeros.

3º.  La consideración de los intercambiadores como estaciones de transporte o como algo distinto se sitúa  después de lo expuesto en un segundo plano.           

No obstante, tanto la L.O.T.T. como su Reglamento se refieren a las estaciones de transporte tradicionales, como centros destinados a concentrar las salidas y llegadas a una población de los vehículos de transporte público que reúnen las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente (art. 127 D.16/87).           

Pero los intercambiadores no responden a una estación de transporte de vehículos propiamente dicha, sino a una instalación que trata de integrar la confluencia y el acceso a los distintos modos de transporte que en el mismo confluyen, sean vehículos, metro o ferrocarril.           

Así, por ejemplo, lo contemplan las Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial –Sector Transportes-, que considera como estrategia de fomento del transporte público “la potenciación de los intercambiadores de transporte que posibiliten la integración de las diferentes redes previstas” , considerando los intercambiadores como “centros neurálgicos del intercambio modal fundamental para conseguir mejorar los ahorros de tiempo y que el transporte público resulte atractivo a la demanda potencial” (apartado 8.6).

Con independencia de tal consideración, que puede ser debatible, tanto si los intercambiadores no constituyen estaciones de transporte, como si se consideran como una estación de autobuses tradicional o estación de transporte en el sentido literal del Reglamento de la L.O.T.T., si está destinada a la entrada y salida de vehículos afectos al transporte de viajeros regular de uso general, las competencias sobre los mismos las ejerce el órgano legalmente habilitado para ello, formando así parte de las competencias propias del Consorcio de Transportes.           

En definitiva, se trata de la firma de un Convenio de colaboración entre distintas Administraciones Públicas, que tiene como finalidad la realización de intercambiadores de transporte, actividad afectada al transporte de viajeros regular de uso general, cuya competencia corresponde al Consorcio Regional de Transportes. En el ejercicio de esas competencias el Convenio le encomienda la licitación de los concursos de construcción, conservación y explotación de las concesiones sobre los intercambiadores, ejerciendo por tanto sobre los intercambiadores las competencias propias de la Administración concedente.

Todo ello se entiende sin perjuicio de la necesaria coordinación entre la Consejería de Transportes, responsable de la ejecución de las políticas públicas del Gobierno en materia de infraestructuras y servicios del transporte (art. 1.1. D. 116/2004) y el Consorcio Regional de Transportes organismo que articula la cooperación y participación de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, de la misma en la gestión conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros (art. 1 Ley 5/85).

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de fecha 7 de abril de 2.004 para la realización de intercambiadores de transporte en el municipio de Madrid no incide sobre las competencias de la Dirección General de Transportes.

SEGUNDA.- El procedimiento de realización de los intercambiadores de transporte a través del Convenio de fecha 7 de abril de 2.004 y la posterior licitación por el Consorcio Regional de Transportes de los concursos de redacción de proyectos de construcción,  y de concesiones de ejecución de obra y gestión del servicio público, se adecuan al procedimiento legalmente establecido.

Es cuanto procede informar, no obstante, V.I. resolverá.

 

Este informe ha sido elaborado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, D. Eduardo Pflueger Tejero.

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