madrid.org: pgina principal
tamaño texto mediano normal grande      
  Comunidad de Madrid
  Logotipo de la Revista Juridica
  Portada   Índice   Contactar   Consejo Editorial  
Imagen de una juez y de un abogado
PORTADA
Volver a sección Página 1 de 10 Página siguiente Ir a la ltima pgina imprimir  
Naturaleza Jurídica de las Medidas Cautelares
 
Carlos Alberto Pérez Ginés
Secretario Judicial
Sumario: 1. El principio Constitucional. 2. El principio de la efectividad de la tutela judicial. 3. Características básicas a tener en cuenta. 4. Las medidas cautelares en el proceso Contencioso-Administrativo de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 5. El periculum in mora. 6. El fumus boni iuris 7. Momento procesal de la solicitud de medidas cautelares. 8. La valoración o ponderación de los intereses generales o de terceros 9. Supuestos especiales 10. Sobre el alzamiento de las medidas cautelares 

1.         El principio constitucional

La Constitución recoge en el título IV los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el sometimiento pleno de su actividad a la Ley y al Derecho, y configura al Gobierno de la Nación como un órgano eminentemente político que dirige la Administración, ejerce la potestad reglamentaria y además garantiza el sometimiento de las Administraciones Públicas al principio de legalidad, tanto con respecto a las normas que rigen su propia organización, como al régimen jurídico, el procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidad.

La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, sometida a la Ley y al Derecho, acorde con la expresión democrática de la voluntad popular. La Constitución consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos y la responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en cuanto que es responsable de dirigirla.

El régimen jurídico de las Administraciones Públicas debe establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para integrarse en la sociedad a la que sirve, (cosa hoy al parecer olvidada por parte de los funcionarios, de que la Administración Publica nace con vocación de servicio público, sin este carácter no tiene razón de ser), como el instrumento que promueve las condiciones para que los derechos constitucionales del individuo y los grupos que integran la sociedad sean reales y efectivos.

La autotutela de la Administración Pública, potestad que permite articular los medios de ejecución que garanticen la eficacia de la actividad administrativa, queda en todo caso subordinada a los límites constitucionales, debiendo adoptarse los medios precisos para la ejecución, de modo que se restrinja al mínimo la libertad individual y de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Dentro del carácter jurídico de la CE como norma, se establecen mandatos identificables y concretos, cuya contravención es sancionada por órganos con competencia expresa para ello (106 CE). La Constitución por tanto es un marco jurídico normativo, dentro de cuyos límites se mueven las fuerzas políticas y sociales y –lo que ha de tenerse en cuenta- también los poderes públicos en el ámbito de su competencia (103 CE). Asimismo la Constitución viene a imponer también unos límites genéricos a la acción de los poderes públicos (incluyendo al legislador): los límites derivados del respeto a una serie de valores y principios que se expresan en abstracto en la Constitución, sin relación inmediata con una institución o Derecho concreto, pero que participan del carácter fundamental. En efecto, la Constitución no se limita a regular una serie de Derechos e instituciones, sino que pretende ser elemento básico de todo el ordenamiento jurídico. En consecuencia, establece mandatos aplicables, no solo a las instituciones diseñadas en la Constitución, sino a todos los aspectos –presentes y futuros- del ordenamiento. 

Volver a sección Página 1 de 10 Página siguiente Ir a la ltima pgina imprimir  
Servicios