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La regulación jurídico-administrativa de los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid
 
Augusto González Alonso
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
Sumario: 1. El sector hotelero en el marco de las competencias sobre turismo. 2. Normativa estatal sobre establecimientos hoteleros. 3. Normativa de la Comunidad de Madrid sobre establecimientos hoteleros. 3.1. Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. – 3.2. Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid. 4. El turismo en la Comunidad de Madrid: algunos datos estadísticos. 5. Organización administrativa de la Comunidad de Madrid en materia de turismo.

1.         El sector hotelero en el marco de las competencias sobre turismo

La hostelería y la restauración, instrumentos claves del sector servicios en nuestro país (el cual supone hoy casi el 67 % del producto interior bruto español), no cuenta actualmente con una normativa sistematizada e integradora que clarifique los múltiples y complejos requisitos de acceso y de ejercicio de la actividad, que defina y determine las modalidades de establecimientos hoteleros y que codifique un estatuto de derechos y deberes de las partes en esa relación de servicios.

La antigua normativa del Estado, propia del régimen centralista anterior, ha ido cediendo el paso a la normativa autonómica desde el preciso momento en que el artículo 148.1,18ª de la Constitución Española de 1978 (CE) reconoció a las comunidades autónomas competencias en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. Y ello por cuanto los establecimientos hoteleros en general son encuadrables competencialmente en el sector turístico y, por ende, en dicho precepto constitucional, completado por ese otro título habilitante más amplio que consiste en el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional (ex artículo 148.1,13ª CE).

El turismo, desde una perspectiva material y sustantiva, aún ostentando un alcance transversal y multidisciplinar, en que las competencias autonómicas son ejercidas y han de ser complementadas por la normativa comunitaria y estatal en ámbitos conexos como los transportes, la ordenación del territorio y el urbanismo, las telecomunicaciones, la protección y defensa de consumidores y usuarios, la normativa civil y laboral o la prolija normativa sobre protección del medio ambiente, es una materia en que el protagonismo competencial de las comunidades autónomas es evidente por cuanto afecta de modo directo a un modelo de desarrollo económico regional, siempre que case pacíficamente con el modelo económico general cuyas reglas de juego corresponde establecer al Estado ex artículo 149.1,13ª CE.

La legislación autonómica, en todo caso, adolece de algunas deficiencias formales y materiales, ya que la normativa dictada es antigua, dispersa (sin codificación o refundición alguna) y poco precisa en algunos aspectos de tanta relevancia para un sector como el hotelero. Tomando como punto de partida una norma del Estado, hoy no aplicable a muchas comunidades autónomas[1], que clasifica los establecimientos hoteleros en dos grupos, un grupo primero para los hoteles (entre los cuales cabía distinguir los hoteles propiamente dichos, los hoteles-apartamentos y los moteles) y un grupo segundo para las pensiones, las comunidades autónomas se apresuraron a partir de 1984 a dictar sus propias normas de clasificación de empresas hoteleras, quedando el real decreto estatal como un paraguas que cubría el vacío normativo existente en las autonomías que no habían hecho uso de esa potestad. Hoy en día todas ellas han desplegado su potestad normativa en la materia, con una regulación que sigue precisando de mayor sistemática y ánimo codificador.

El sector de la hostelería, por tanto, se inserta en un ámbito más amplio del Derecho Administrativo como es el turismo, por el poderoso estatus de intervención que ostenta la Administración pública, y que experimenta una abrumadora contingencia en la normativa de aplicación. Es reseñable, antes de analizar la normativa específica de la Comunidad de Madrid en materia hotelera, que el Consejo de Ministros del pasado 27 de marzo de 2009 aprobó la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios (que transpone una norma comunitaria conocida como “Directiva de Servicios”[2]) con el fin de reformar en profundidad este sector. Dicho proyecto de ley deberá acompañarse de una nueva norma que modificará un gran número de normas estatales (hasta 46 leyes) y, de manera obligada, de las comunidades autónomas, para adaptarla al nuevo marco comunitario y estatal que lo transpone. El Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios establece obligaciones legales para que todas las Administraciones públicas simplifiquen los trámites, faciliten los procedimientos y el acceso electrónico, creando una ventanilla única y reforzando las garantías y los derechos de los consumidores. Con ello se persigue que los prestadores de servicios puedan operar sin necesidad de solicitar autorización previa, bastando con enviar una comunicación o notificación a posteriori a la Administración pública competente en la que se comprometan a desarrollar las funciones propias de su actividad. Será la Administración la que proceda a un control posterior de la actividad, si procede. La norma proyectada es trascendente porque, por primera vez, se van a establecer obligaciones legales para que todas las Administraciones evalúen sus autorizaciones, trámites y cualquier requisito que se exija para el desarrollo de una actividad, con criterios objetivos, transparentes y contrastables, creándose un instrumento legal para que todas las Administraciones públicas se pongan de acuerdo entre ellas y eviten solicitar trámites por duplicado y presenciales.

Se supone, por tanto, que el sector de la hostelería – como parte del sector servicios - se verá beneficiado por una simplificación de los procedimientos administrativos, por una mayor agilidad y uniformidad en los requisitos de acceso y de ejercicio de la actividad, y por un incremento de la calidad, superando la maraña legislativa actual y simplificando los trámites.


[1]Real Decreto 1634/1983, de 15 junio, de Ordenación de los establecimientos hoteleros.

[2]Directiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

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