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La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Enfoque Jurisprudencial
 
José Ramón Aparicio de Lázaro
Técnico Superior de la Comunidad de Madrid
Sumario: 1. Introducción. 2. Evolución del Régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas. 2.1. Derecho comparado. 2.2. Derecho español. 3. Legislación vigente. Caracteres del actual sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 3.1. Normas reguladoras. 3.2. Características del sistema. 3.2.1. Características. 3.2.2. Evolución jurisprudencial.  4. Lesión resarcible. 5. La imputación y sus criterios. 5.1. Concepción amplia del servicio público. 5.2. Inactividad de la Administración. 6. Especial consideración de concesionarios y contratistas. 7. La relación de causalidad. 8. Criterios de reparación. La reparación integral. 9. La acción de responsabilidad. Jurisdicción competente para la exigencia de la responsabilidad patrimonial. 10. Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de actuaciones policiales. 11. Responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito sanitario público. 12.  Responsabilidad del Estado legislador. 13. Responsabilidad del Estado Juez.

1.         INTRODUCCIÓN

Los principios de legalidad de las Administraciones Públicas- con su garantía de control jurisdiccional de su actividad- y el de responsabilidad patrimonial de los entes públicos constituyen los dos grandes soportes estructurales no solo del Derecho administrativo, sino también del Estado de Derecho, según los tratadistas[1] y la jurisprudencia[2].

Las Administraciones Públicas inciden en todas las manifestaciones de la vida colectiva con una secuela incidental de daños residuales en los bienes y derechos de los particulares y con la creación de unos riesgos que es preciso evitar que reviertan sobre determinados patrimonios, con verdadera injusticia amparada en un privilegio de exoneración administrativa.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones constituye una de las garantías individuales que deriva del Estado social de Derecho que aparece en el artículo 1 de nuestra Constitución Española[3] (CE).

La CE contempla en 4 artículos la responsabilidad de las Administraciones Públicas:

1.- El artículo 9.3, junto al principio de interdicción de la arbitrariedad, establece el de responsabilidad de los poderes públicos como contrapartida a la acción de esos poderes públicos.

2.- El artículo 106 condensa el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas  de nuestro ordenamiento.

3.- El artículo 149.1.18 que hace que ese sistema de responsabilidad resulte aplicable a todas las Administraciones Públicas: el sistema de responsabilidad patrimonial es único y corresponde al Estado su regulación sustancial.

 4.- El artículo 121 consagra la responsabilidad del Estado por errores judiciales y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Responsabilidad que es objeto de desarrollo en los artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (LOPJ).

Ahora bien, el referido reconocimiento constitucional de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es el punto de llegada de una evolución legislativa que parte de una inicial irresponsabilidad de los poderes públicos y que tuvo que superar posiciones contrarias a su formulación. 


[1]LEGUINA VILLA y SÁNCHEZ MORÓN (directores): “La nueva Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. TECNOS, 1993.

[2]STS de 12 de mayo de 1997 que sostiene que la responsabilidad patrimonial es garantía de la seguridad jurídica con entronque en el valor de la justicia, pilar del Estado Social y Democrático de Derecho. De igual modo, SSTS de 6 de noviembre de 1979, 4 de julio de 1980 y 7 de julio de 1982, entre otras.

[3]Constitución Española de 27 de febrero de 1978; BOE de 29 de diciembre.

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