madrid.org: pgina principal
tamaño texto mediano normal grande      
  Comunidad de Madrid
  Logotipo de la Revista Juridica
  Portada   Índice   Contactar   Consejo Editorial  
Imagen de una juez y de un abogado
PORTADA
Volver a sección Página 1 de 3 Página siguiente Ir a la ltima pgina imprimir  
Selección de Dictámenes
 
SOBRE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE 22 DE JULIO DE 2009, POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR EL CANAL DE ISABEL II CONTRA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Se ha recibido el 29 de octubre de 2009 en esta Dirección General de los Servicios Jurídicos, petición del Gerente del Canal de Isabel II de interposición de recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2009,  por el que se desestima el recurso  de alzada interpuesto por el Canal de Isabel II contra la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El presente dictamen se emite en cumplimiento del art.7.2 de la Ley 3/99 de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, que exige informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos para poder ejercitar acciones judiciales.

ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO. En el oficio de petición de acciones judiciales, el Ilmo. Sr. Gerente señala que la cantidad a reclamar es de 2.293.947,66 €  para el año 2.003 y de 1.890.274,92  € para el año 2.004.

Sin embargo, en la nota técnica sobre la interposición del recurso evacuada por la Secretaría General Técnica del Canal de Isabel II se reconoce respecto a la liquidación de 2.003, haber pagado determinadas cantidades, la última de ellas el 15 de julio de 2005. En la citada nota se manifiesta que “queda pendiente de ingresar la cantidad de 654.520,45 €”. Sería ésta la cantidad objeto de recurso, así como según se nos manifiesta por la Subdirección de Asesoría Jurídica en correo electrónico, se solicitaría “la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente, esto es, 486.397,60 €, ingresados el 15 de julio de 2005, en concepto de gastos de conservación y funcionamiento”.

Respecto a 2.004, la nota técnica señala que “queda pendiente de ingresar la cantidad de 738.304,66 €”, que sería el objeto de nuestro recurso; ya que se reconoce haber pagado 1.151.970,26 €  el 4 de mayo de 2005, pese a que ya se había interpuesto recurso de reposición el 10 de enero de 2005, contra la liquidación de 2004.

       SEGUNDO. En el oficio de petición de acciones judiciales, se nos solicita la suspensión de la ejecución del acto administrativo en vía judicial al amparo del art.129 de la LJ. Las liquidaciones practicadas tanto para 2.003 como para 2.004 ya están suspendidas en vía económico administrativa según la documentación entregada.

El art.233.7 de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre de 2.003, señala que “la suspensión de la ejecución del acto se mantendrá durante la tramitación del procedimiento económico administrativo en todas sus instancias”.

Por ello, en vía judicial habrá de solicitarse la medida cautelar de suspensión del pago de las cantidades pendientes de ingreso.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

       PRIMERA. El establecimiento de la Tarifa de Utilización de Agua (TUA) está regulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas de 20 de julio de 2001, en cuyo art.114.2 se señala: “Los beneficiados por obras hidráulicas especificas financiadas total o parcialmente a cargo del estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción denominada “tarifa de utilización del agua” destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración estatal y a atender los gastos de explotación y conservación de tales obras”.

El Canal de Isabel II tiene la obligación de abonar cada año la TUA siempre que se dé el hecho imponible, es decir, “la disponibilidad o uso del agua”. A la hora de interpretar este precepto, ha de acudirse al primer criterio interpretativo con arreglo al art.3.1 del Código Civil, es decir, el “sentido propio de las palabras”. Por ello, lo primero que procede es analizar si gramaticalmente la conjunción “o” es coordinante o disyuntiva, es decir, si es equivalente a “y” en cuyo caso el hecho imponible sería acumulativamente la disponibilidad y el uso del agua; o por el contrario, es propiamente disyuntiva, en cuyo caso bastaría una de las dos cosas, la disponibilidad o su uso. El sentido propio de la conjunción es disyuntivo, marcando una diferencia entre los dos términos entre los que se sitúa. Del contexto, podemos entender que el legislador lo empleó en su sentido alternativo, pero también puede entenderse como coordinante.

En todo caso, acudiendo al diccionario, estar disponible (“dícese de todo aquello de que se puede disponer libremente”, disponer “Ejercitar en las cosas facultades de dominio, enajenarlas o gravarlas, en vez de atenerse a la posesión y disfrute”, según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, vigésimo primera edición, 1992.

En el supuesto que nos ocupa, independientemente de cualquier interpretación es un hecho cierto y seguro y como tal se ha considerado probado en vía administrativa por el Tribunal que el Canal de Isabel II en el año 2.003 no solo tuvo a su disposición el agua sino que la utilizó, ya que el 2 de septiembre de 2003 inició el suministro de agua a los municipios afectados la cual se mantuvo hasta el día 4 inclusive, en que se decidió cortar el suministro por la mala calidad del agua.

Por tanto, claramente se ha dado el hecho imponible, tanto la disponibilidad como el uso del agua y ello, aunque el agua suministrada fuera turbia (por causas ajenas al Canal de Isabel II). Los sujetos pasivos de los impuestos, tasas y demás, están obligados a su pago cuando se dé el hecho imponible, sin que puedan invocarse como exención otras causas; v.gr en los bienes inmuebles urbanos, aunque un edificio esté en ruina técnica, el propietario sigue obligado al pago del IBI aun cuando no pueda vivir en él; en los bienes inmuebles rústicos o urbanos, aun cuando suceda un acontecimiento de fuerza mayor (una inundación) el sujeto pasivo tiene que abonar el IBI  aunque no pueda usar o cultivar el inmueble o terreno anegado.

A mayor abundamiento, el Canal de Isabel II ha abonado ya parte de la tarifa liquidada: abonó el 30/12/2004 la cantidad de 1.153.029,61  € a la Confederación Hidrográfica en concepto de amortización de obras realizadas y el 15 de julio de 2005, la cantidad de 486.397,60 €  en concepto de gastos de funcionamiento y conservación. Y ello, aun cuando ya se había producido el uso de las instalaciones y el suministro de agua turbia.

Por esta razón, el Tribunal Económico Administrativo Regional en su resolución de 20 de junio de 2007, señala correctamente que “la obligación de satisfacer la tarifa tendrá carácter periódico anual y nace en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas específicas, conducirse el agua y suministrarse a los terrenos o usuarios afectados”. Todo lo cual sucedió el 2 de septiembre de 2003 en que se suministró el agua.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (Organismo Autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino) probó remitiendo el expediente de gestión que “las instalaciones del sistema Almoguera Mondéjar han estado en disposición de ofrecer de ofrecer el servicio de abastecimiento al Canal de Isabel II durante el año 2.003 en las mismas condiciones que el resto de municipios...”.

Sin que como hemos señalado, el Canal de Isabel II pueda  invocar causas ajenas a su voluntad (agua turbia) para no pagar cuando se dé el hecho imponible, sin perjuicio que dichas causas, sí puedan invocarse en las reclamaciones que reciba de sus clientes. Por ello, la resolución fue confirmada por el Tribunal Económico Central y entendemos, que también sería confirmada en vía judicial.

        SEGUNDA. Para el año 2.004 hay un hecho significativo que lo diferencia del ejercicio anterior y es que no se ha suministrado el agua; es decir, la instalación sigue disponible pero el Canal de Isabel II no la utilizó. Si se considera que el hecho imponible es la mera disponibilidad habría que satisfacer la cantidad, pero si se considera que la disponibilidad viene ligada al uso, (considerando por tanto, el “o” como conjunción copulativa) ya que la tarifa es por la “utilización” del agua, tendríamos alguna posibilidad de que el recurso contencioso fuera estimado, ya que ciertamente, las instalaciones en 2.004 no se han usado y el agua no se ha suministrado porque no reunía condiciones de potabilidad suficientes a juicio del Canal.

En todo caso, es de recordar la cuestión jurídica procesal de la prueba. El ya derogado art.1214 del código Civil señalaba que: “Incumbe al prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone” y el actual art.217.2 y 3 de la Ley 1/00 de Enjuiciamiento Civil, obligan a la parte demandante a probar (no meramente aducir) aquello que alega.

La STS de la Excma. Sala Tercera (Sección Quinta) de 3 de julio de 2007, señala que “Las normas jurídicas que gobiernan la distribución de la carga de la prueba (art.1214 del código Civil ya derogado y actuales art.217.2 y 3 de la LEC) despliegan sus efectos allí donde los hechos relevantes para la decisión del proceso quedan como dudosos; siendo tales efectos el que la decisión haya de desestimar la pretensión de la parte a quien correspondiendo la carga de la prueba no la satisfizo”.

En este sentido, la resolución del TEAC de 22 de julio de 2007, cuya impugnación se pretende, es muy clara en su fundamento jurídico segundo: “no se han añadido nuevos elementos de juicio que pudieran desvirtuarlos, ya que el oficio de la CHT remitido a este Tribunal Central el 25 de junio de 2008, no determina la indisponibilidad durante los años 2.003 y 2.004 del agua para el abastecimiento del sistema Almoguera Mondejar...”.

Por ello, en el caso en que se decida ejercitar la acción judicial para 2.004 habría de probarse aportando nuevas pruebas, distintas de la documental aportada en vía administrativa, a fin de desvirtuar la información de la CHT, como p. ejemplo una pericial judicial, testifical del responsable del Canal de esa zona o una documental elaborada por un perito encargado por el Canal...

        TERCERA. Por mor del art.46 de la LJ el plazo para interponer un recurso contencioso es el de dos meses: “El plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa”.

Por ello, constando notificado al Canal el 9 de septiembre de 2009, el escrito de interposición de recurso contencioso habría de presentarse el 9 de noviembre, que al ser festivo en Madrid capital, pasa al 10 de noviembre.

En atención a lo expuesto, la Letrada de la Comunidad de Madrid que suscribe, informa desfavorablemente la interposición del recurso relativo al año 2.003 y favorablemente la del año 2.004, con la consideración advertida en materia probatoria.

Este informe ha sido elaborado por la Letrada de la Comunidad de Madrid,  Dña. Silvia Pérez Blanco.

 

Volver a sección Página 1 de 3 Página siguiente Ir a la ltima pgina imprimir  
Servicios