Casos resueltos
    Telefonía móvil, tintorerías, vivienda, transporte, lápidas, ordenadores..., el sistema arbitral de consumo resuelve cada año miles de casos de todos los ámbitos. Los tribunales de arbitraje estudian las reclamaciones de los consumidores y las alegaciones de las empresas reclamadas dando la razón a uno, a otro o a los dos. Las decisiones del tribunal (laudos) son de obligado cumplimiento. En esta página se exponen casos reales de arbitrajes celebrados en la Comunidad de Madrid.

    Además, también puede consultar los laudos emitidos y registrados en años anteriores: 

    Vivienda

     
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    Un retraso que vale 12.033 euros
    Vivienda
    Un retraso que vale 12.033 euros
    El consumidor Una pareja aportó 17.191 euros a una inmobiliaria para comprar una casa, pero no pudo finalmente firmar el crédito hipotecario previsto al retrasarse casi cuatro meses la entrega del piso. Aunque el banco había aceptado inicialmene la operación, la crisis llevó a la entidad a rechazarla.
    La empresa La empresa rechazó devolver el 100% de la cantidad entregada y que reclamaban los clientes, que habían intentado conseguir el préstamo con otras entidades al ver que la inicial rechazaba la operación.
    El colegio arbitral El colegio arbitral dio la razón a los solicitantes, pero solo en parte, ya que consideró que los problemas sufridos por el mercado hipotecario no podían ser responsabilidad de la inmobiliaria. Por otro lado, incidió en que el tiempo de retraso no fueron realmente cuatro meses, sino 20 días, ya que en las cláusulas se establecían tres meses de plazo de gracia. La inmobiliaria tuvo que devolver 12.033 euros a sus clientes y pudo disponer después libremente de la vivienda.
    Un acondicionamiento con fallos
    Vivienda
    Un acondicionamiento con fallos
    El consumidor La reclamante acudió al sistema arbitral para protestar por diversas deficiencias que se habían ido produciendo en las obras de acondicionamiento que había contratado para su vivienda.
    La empresa La empresa reclamada rechazó cualquier responsabilidad señalando que fueron los cambios de opinión de la clienta y sus modificaciones a iniciativa propia las que habían causado perjuicios a la obra. Y añadió que había efectuado múltiples retoques y cambios, inicialmente no presupuestados, debido a la actitud de la clienta.
    El colegio arbitral El colegio arbitral se personó en el domicilio de la reclamante y comprobó que existían irregularidades, como armarios con un fondo menor a 55 cm (el mínimo necesario), deficiencias en el sellado de ventanas, desconchones en puertas, etc, valoradas en 8.786,93 euros. El laudo determinó que la empresa no podría cobrar esa cantidad pendiente para que la mujer pudiera contratar su subsanación con otra empresa, dado el enfrentamiento que había entre reclamante y reclamada.
    Movimientos del suelo, en garantía
    Vivienda
    Movimientos del suelo, en garantía
    El consumidor El reclamante manifestó que había contratado al reclamado para la instalación de material laminado flotante para el suelo de su vivienda abonando 700 euros. Al terminar el trabajo se le facilitó un certificado de garantía del fabricante del material por diez años. Pasados unos años, comenzaron a ocurrir movimientos del suelo y apareció una grieta de medio centímetro en el laminado con el consiguiente impacto en el rodapié.
    La empresa La empresa fabricante del material visitó la casa y señaló que el problema era del instalador, al que la consumidora reclamó. Este negó cualquier responsabilidad estimando que no debía responder por la garantía de diez años, ya que ésta la otorgaba el fabricante del laminado, no él como instalador.
    El colegio arbitral El colegio arbitral estimó parcialmente las pretensiones del cliente y dictó un laudo por el cual el instalador debía abonar la cantidad de 150 euros al cliente en concepto de compensación por el defecto aparecido en el suelo de la vivienda.
    La vivienda que no se entregó en plazo
    Vivienda
    La vivienda que no se entregó en plazo
    El consumidor Los compradores aportaron 17.191,37 euros para la compra de una vivienda que se les iba a entregar en el mes de octubre. Decidieron subrogarse al crédito hipotecario que ya tenía la empresa abierto con una entidad bancaria. La operación estaba aprobada, pero la inmobiliaria retrasó la entrega del piso hasta el mes de febrero. Durante esos casi cuatro meses, el mercado hipotecario sufrió algunos cambios y cuando, en febrero, los compradores quisieron firmar la compraventa, el banco rechazó la operación. Después de comprobar que varios bancos les denegaban el crédito, decidieron reclamar la cantidad aportada pues no iban a poder comprar el piso.
    La empresa La empresa se opuso a la reclamación y manifestó que, a su modo de ver, la situación que estaba atravesando el sector de la construcción era la causa por la que los reclamantes no querían continuar con el contrato suscrito. Además, alegó que el retraso en la entega no había sido de cuatro meses, puesto que en la cláusula del contrato donde se estipulaba como fecha de fin de obras el 31 de octubre, se especificaba 'con plazo de gracia de tres meses'. El único ofrecimiento que hizo la inmobiliaria fue asumir el 50% de las cargas de escrituración e impuestos.
    El colegio arbitral El tribunal arbitral decidió estimar parcialmente la solicitud del reclamante, al considerar que las restricciones del mercado hipotecario no podían ser imputadas íntegramente a ninguna de las partes y que el retraso en la entrega de la vivienda había sido de 20 días efectivos, lo que no suponía un incumplimiento grave. El laudo estableció que se resolviera el contrato y que se devolviera a los reclamantes el 70% de las cantidades entregadas, es decir 12.033,96 euros.
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