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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

INFORME 4/2012, DE 15 DE JUNIO, SOBRE DECLARACIÓN DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.


   

ANTECEDENTES

 

           El Gerente de ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. ha dirigido escrito a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa con la siguiente consulta:

 

Primero.-      En fecha 7 de julio de 2011, se incoó procedimiento de resolución del contrato de ejecución de las obras del (…), formalizado con la empresa (…), motivado por la demora en el cumplimiento de los plazos parciales lo cual hace presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, todo ello al amparo de lo dispuesto en el párrafo quinto de la Cláusula 29Cumplimiento del plazo, y penalidades por demora y ejecución defectuosa”, del Pliego de Condiciones Administrativas que rigen el contrato, advirtiéndole de la pérdida de la garantía definitiva y de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados que pudiera corresponder.

 

Segundo.-      En fecha 21 de julio de 2011, la empresa (…) presentó alegaciones, formulando oposición a la resolución del contrato.

 

Tercero.-       El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, por Acuerdo (…) acordó “Devolver el expediente de resolución del contrato de ejecución de las obras de (…) por no ser preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid”.

 

Cuarto.-        Los Responsables del Contrato, y la Secretaría General emitieron informe conjunto por el cual se da respuesta a las alegaciones formuladas por el contratista.

 

Quinto.-         Por Acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2011, el Gerente acordó la resolución del contrato de ejecución de las obras del (…) y la incautación de la garantía definitiva constituida por la empresa (…) por importe de (…) euros, que fue notificado a la empresa (…) y al avalista, (…), en fecha 4 de octubre y 3 de octubre, respectivamente.

 

Sexto.-           En fecha 28 de noviembre de 2011, se solicitó a la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio la incautación de la garantía definitiva constituida mediante aval por la empresa (…), en relación con el contrato de ejecución de las obras del (…), por un importe de (...).

 

Séptimo.-       En fecha 13 de febrero de 2012, mediante escrito de la Subdirección General de Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda se nos ha comunicado que se ha procedido a la incautación total de la garantía descrita en el Acuerda Sexto.

 

           En base a lo anteriormente expuesto, esta Gerencia solicita:

 

           Nos indiquen si existe alguna posibilidad de declarar en prohibición de contratar, a la empresa (…), al haber dado lugar a la resolución del contrato de ejecución de las obras del (…).

 

           En caso afirmativo, información sobre cuál sería el procedimiento y los trámites a seguir.

 

CONSIDERACIONES

 

1.-       El objeto de la consulta se concreta en la posibilidad de declarar en prohibición de contratar a una empresa que ha dado lugar a la resolución de un contrato, por causa imputable al contratista, así como el procedimiento y los trámites a seguir para ello.

 

2.-       ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. es una empresa pública con forma de sociedad mercantil. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), forma parte del sector público con la consideración de poder adjudicador, sin que tenga carácter de Administración Pública.

 

           Los contratos celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de Administraciones Públicas tienen la consideración de contratos privados, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del TRLCSP. El apartado 2 del citado artículo establece que los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo y, supletoriamente, por el resto de normas de derecho administrativo o, en su caso, de derecho privado, como corresponda en razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, se regirán por el derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre modificación de los contratos contenidas en el título V del libro I de dicha Ley, según lo dispuesto en su artículo 20.2.

 

           Asimismo, para la preparación y adjudicación de los contratos, los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas se encuentran sujetos a lo dispuesto en los artículos 137 y 189 a 191 del TRLCSP.

 

3.-       El artículo 60 del TRLCSP, relativo a las prohibiciones de contratar, determina en su apartado 1 que no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias que en él se relacionan. Estas circunstancias se refieren a situaciones particulares de las empresas ajenas a los expedientes concretos de contratación, por lo que se extienden a todo el sector público y, por consiguiente, resultan de aplicación a la contratación con la empresa pública ARPROMA.

 

           Sin embargo, el apartado 2 del citado artículo 60 enumera una serie de circunstancias que, además de las previstas en su apartado 1 para todo el sector público, impedirán a los empresarios contratar específicamente con las Administraciones Públicas. Estas circunstancias se refieren a supuestos concretos acaecidos durante la tramitación o ejecución de los contratos con las Administraciones Públicas o en virtud de sanción administrativa, siendo de aplicación, por tanto, exclusivamente a los contratos formalizados con dichas Administraciones. Entre estas circunstancias se encuentra el supuesto objeto de consulta: haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública [art. 60.2 a) del TRLCSP].

 

           Dado que ARPROMA no ostenta la condición de Administración Pública, no le resultan de aplicación las circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 60 del TRLCSP, por lo que, para estos supuestos, ante la falta de previsión al respecto en sus instrucciones internas de contratación, en caso de que resultaran de aplicación al contrato objeto de consulta, habrá que estar a lo dispuesto en los pliegos de condiciones del contrato.

 

4.-       La segunda cuestión planteada en el escrito de consulta es el procedimiento y trámites a seguir para la declaración en prohibición de contratar en este supuesto.

 

           De conformidad con lo previsto en el artículo 61.3 del TRLCSP, en el caso previsto en el artículo 60.2 a) del TRLCSP la declaración de prohibición de contratar corresponde a la Administración contratante. El procedimiento para la declaración por la Comunidad de Madrid de prohibición de contratar se encuentra establecido en el artículo 15.1 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto en su artículo 1.2, esta norma es aplicable a la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos autónomos, entidades de Derecho público y demás Entes públicos de la Comunidad que deban someter su actividad contractual al TRLCSP.

 

CONCLUSIÓN

 

           Las circunstancias previstas en el artículo 60.2 del TRLCSP impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas, sin que resulten de aplicación a los contratos de los poderes adjudicadores que no ostenten dicha condición, salvo que se encuentren contempladas en su normativa específica.