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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

INFORME 1/2013, DE 30 DE MAYO, SOBRE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE LICITADORES.


 

 ANTECEDENTES

 

           La Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, ha solicitado informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los siguientes términos:

 

           Matilde García Duarte, Secretaria General Técnica de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, al amparo de lo prevenido en el artículo 48.1 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y por ser su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 del citado Reglamento, competencia de esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa, por medio del presente escrito y en virtud del artículo 48.2 del citado Reglamento viene en solicitar informe sobre la cuestión en materia de contratación administrativa que a continuación se expone:

 

           Admisión de certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado para acreditar condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y clasificación así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar a la vista de lo establecido en la clausula “Forma y contenido de las proposiciones” de los modelos de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares elaborados por esa Junta Consultiva de contratación Administrativa.

 

           El artículo 83.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable a todas las administraciones públicas por ser legislación básica según lo dispuesto en su disposición final segunda, establece: “La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo”.

 

           Sin embargo, en la clausula denominada “Forma y Contenido de las Proposiciones” de los Pliegos de clausulas Administrativas Particulares recomendados por esa Junta Consultiva de Contratación Administrativa se establece lo siguiente: “El certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo de poder, de las declaraciones de no encontrarse incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.”

 

           A la vista de lo expuesto se solicita informe al respecto de si los certificados del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado a tenor de lo reflejado en los mismos eximen a los licitadores de la presentación de la documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo de poder, de las declaraciones de no encontrarse incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y no eximen sin embargo de presentar la documentación acreditativa de no tener deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid ni la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

 

CONSIDERACIONES

 

1.-       La consulta efectuada se concreta en si los certificados del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado eximen a los licitadores de la Comunidad de Madrid de presentar determinada documentación y si, por el contrario, no les eximen de presentar la documentación acreditativa de no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid ni la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad, en su caso, a lo que habría que añadir la expresa mención, en la declaración responsable del empresario sobre prohibiciones e incompatibilidades, de no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

 

2.-       El artículo 146 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), establece en su apartado 1 que las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir acompañadas de una serie de documentos, entre los que se encuentran: los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación; los que acrediten la clasificación de la empresa o, en su caso, justifiquen los requisitos de su solvencia así como, entre otros, una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

 

           El artículo 83.1 del TRLCSP dispone que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, conforme a lo reflejado en él y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que deban constar. Asimismo, indica que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con ella, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. El apartado 2 de este artículo determina que la prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado y podrá ser expedida por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

 

3.-       La regulación de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se encuentra establecida en los artículos 326 a 332 del TRLCSP. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrolla reglamentariamente el ROLECE en los artículos 8 a 20, y en cumplimiento de su disposición final octava se aprueba por el Ministro de Economía y Hacienda la Orden 1.490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

 

           De conformidad con lo dispuesto en estas normas, la inscripción en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas es voluntaria para los empresarios, quienes podrán determinar qué datos de entre los mencionados en el artículo 328.1 del TRLCSP desean que se reflejen en ellos. No obstante, será obligatoria la inscripción en el ROLECE de la clasificación de las empresas contratistas y la de las prohibiciones de contratar en los casos especificados en el artículo 61.4 del TRLCSP.

 

           La inscripción de la clasificación requerirá la constancia en el Registro de los datos correspondientes a la personalidad jurídica y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas, inscripción que deberá contener las circunstancias previstas en el artículo 16 del Real Decreto 817/2009, así como los datos relativos a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 329.2 del TRLCSP.

 

           En caso de que una empresa no se encuentre clasificada ni incursa en prohibición de contratar, podrá también inscribir en el ROLECE los datos que desee de entre los indicados en el artículo 328 del TRLCSP.

 

           Conforme a lo expuesto, el certificado del ROLECE ha de ser admitido por todos los órganos de contratación del sector público, y eximirá a los licitadores de presentar la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, información que variará en función de la documentación que haya aportado cada licitador para su expedición.

          

4.-       El Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid se encuentra regulado en los artículos 68 a 82 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM). Los empresarios interesados en inscribirse en este Registro deberán aportar la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, representación, declaraciones sobre prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, así como, en su caso, clasificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del RGCPCM.

 

           Para acreditar la representación, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán aportar poder acreditativo de su representación declarado bastante por un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.1.2 a) del citado RGCPCM, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.1 c) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

 

           La declaración responsable del empresario sobre prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración ha de incluir, según lo previsto en el artículo 75.1.3 del RGCPCM, no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran debidamente garantizadas, con la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como el compromiso, caso de resultar adjudicatario, de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más trabajadores, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, y de acreditar el cumplimiento de esta obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, según lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo.

 

           Para dar cumplimiento tanto a la normativa estatal como a la autonómica, en los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa figura la documentación que han de aportar quienes deseen participar en las licitaciones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid, entre la que se encuentran los documentos mencionados.

 

           Por tanto, el certificado del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid exime a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación relativa a la personalidad y capacidad de obrar, bastanteo del poder por un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, de la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad, así como, en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir.

 

           En consecuencia, el certificado del ROLECE no exime a los licitadores de contratos públicos de la Comunidad de Madrid de la presentación de la documentación exigida por la normativa autonómica, salvo que estuviese expresamente incluida en él, documentación que, por el contrario, sí figura en todo caso en el certificado del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.

 

CONCLUSIONES

 

1.-       El certificado del ROLECE exime a los licitadores de presentar la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, información que variará en función de la documentación que haya aportado cada licitador para su expedición. En todo caso, será obligatoria la inscripción en el ROLECE de la clasificación de las empresas contratistas, que incluirá los datos relativos a la personalidad jurídica y capacidad de obrar, así como la de las prohibiciones de contratar en los casos especificados en el artículo 61.4 del TRLCSP.

 

2.-       El certificado del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid exime a los licitadores de la presentación de la documentación relativa a la personalidad y capacidad de obrar, bastanteo del poder por un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, de las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid, de la declaración relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad y, en su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir.