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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

RECOMENDACIÓN 2/2014, DE 10 DE JULIO, SOBRE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.


 

 

ANTECEDENTES

 

1.-       La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce una serie de medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores, eliminando obstáculos, a fin de contribuir a la expansión y consolidación de las empresas. Para ello, entre otras previsiones que modifican el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), se establece la posibilidad de que los licitadores puedan aportar una declaración responsable indicando que cumplen las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración, de manera que únicamente el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá presentar toda la documentación que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, con el fin de disminuir las cargas administrativas que han de soportar las empresas en los procedimientos de contratación administrativa.

 

           Para ello, se añaden dos apartados, 4 y 5, al artículo 146 del TRLCSP, relativo a la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. El apartado 4 incorpora la citada posibilidad de que los órganos de contratación establezcan en los pliegos que la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos se sustituya por una declaración responsable de los licitadores. Esto será potestativo para el órgano de contratación cuando los valores estimados de los contratos excedan de las cuantías establecidas, siendo obligatorio admitir inicialmente en los pliegos la declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.

 

           En concreto, se indica literalmente que en estos contratos “bastará” en todo caso con la declaración responsable, por lo que la intención del legislador es establecer la obligatoriedad para el órgano de contratación de sustituir la documentación por una declaración responsable en los citados supuestos, propiciando que lo pueda establecer en los pliegos de todos los contratos, “si lo estima conveniente”, con carácter voluntario.

 

           El apartado 5 del citado artículo 146 del TRLCSP establece el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración, que será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, sin perjuicio de lo indicado para la clasificación en la letra b) del apartado 1 de este artículo. La empresa que se encuentre pendiente de clasificación deberá tener presentada la correspondiente solicitud para ello, antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, debiendo justificar estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

 

2.-       La nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en vigor desde el 18 de abril de 2014, con plazo de transposición hasta el 18 de abril de 2016, prevé, sin referencia a importes, que el proceso de licitación para las compañías será más simple con la presentación de un documento europeo único de contratación (d.e.u.c.), basado en declaraciones del propio empresario, lo que permitirá que sólo el licitador que vaya a resultar adjudicatario deba proporcionar la documentación original. Entre los objetivos recogidos en los considerandos de la Directiva destaca el de facilitar la participación en la contratación pública, en particular de las pequeñas y medianas empresas, dado su potencial para la creación de empleo, el crecimiento y la innovación, a través de diversas medidas. En concreto el considerando nº 84 indica que la limitación de los requisitos exigidos para contratar, por ejemplo mediante las declaraciones del propio empresario, podría aportar una simplificación considerable que beneficiaría tanto a los poderes adjudicadores como a los operadores económicos, exigiendo la obligación de presentar las pruebas pertinentes únicamente al licitador al que se decida adjudicar el contrato, sin que se puedan celebrar contratos con aquellos licitadores que no puedan hacerlo. Asimismo, indica que los poderes adjudicadores deben estar facultados para solicitar en cualquier momento la totalidad o parte de la documentación complementaria cuando lo consideren preciso para la correcta ejecución del procedimiento. Estas previsiones se recogen para todo tipo de contratos en el artículo 59 de la Directiva, que regula el documento europeo único de contratación, estableciendo que, en el momento de presentar las solicitudes de participación o de oferta, los poderes adjudicadores aceptarán el d.e.u.c. como prueba preliminar, consistente en una declaración actualizada del interesado, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros que confirmen que el operador económico en cuestión cumple las condiciones de no encontrarse en situación de exclusión y que cumple con los criterios de selección, relativos a la habilitación para ejercer la actividad, la solvencia económica y financiera, y la capacidad técnica y profesional, debiendo el licitador facilitar la información pertinente según lo requiera el poder adjudicador, así como presentar la documentación antes de la adjudicación del contrato.

 

3.-       Por Acuerdo 39/2013, de 15 de octubre, se efectuaron las adaptaciones oportunas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por esta Junta Consultiva, en las cláusulas relativas a la forma y contenido de las proposiciones, calificación de la documentación presentada, valoración de los criterios de selección y apertura de proposiciones y adjudicación del contrato, estableciéndose la posibilidad de que, en aquellos contratos en que el órgano de contratación así lo indique en la cláusula 1 del pliego y, en todo caso, en contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 de dicho artículo se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

 

4.-       Esta nueva posibilidad de que el licitador pueda sustituir la aportación inicial de la documentación exigida en el artículo 146.1 del TRLCSP por una declaración responsable del empresario requiere efectuar adaptaciones en el procedimiento de licitación, puesto que se traslada a un momento posterior la exigencia de la documentación, su calificación y, en su caso, la exclusión del licitador.

 

           Por considerar que la reducción de la carga administrativa que se pretende trata de simplificar sustancialmente el volumen de documentación exigible en los procedimientos de contratación, esta medida de agilización ha de beneficiar tanto a los empresarios como a la Administración, y por ello se opta en estas recomendaciones, con carácter general, porque la documentación acreditativa de requisitos previos solo sea presentada, a requerimiento del órgano de contratación, por los licitadores que vayan a resultar propuestos adjudicatarios al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa. De esta manera, normalmente, se van a ahorrar trámites y tiempo en la calificación y subsanación de un gran volumen de documentación que, en definitiva, no debe recogerse en el expediente de contratación. Todo ello sin perjuicio de la citada facultad del órgano de contratación, de poder recabar la presentación total o parcial de los documentos justificativos a los participantes y a los licitadores, en cualquier momento del procedimiento, cuando lo considere necesario para garantizar su buen desarrollo.

 

           El artículo 38.7 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, atribuye a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, entre otras funciones, la de realizar los estudios que considere necesarios sobre contratación administrativa y formular las recomendaciones pertinentes para la mejora del sistema de contratación pública. En atención a esta competencia se estima necesario informar a los órganos de contratación sobre el criterio de esta Comisión Permanente de la Junta Consultiva, acerca del procedimiento a seguir en aquellos supuestos en que el licitador ha de presentar una declaración responsable en sustitución de la documentación indicada en el artículo 146.1 del TRLCSP, y se formulan las siguientes

 

RECOMENDACIONES

 

1.-       En los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, así como en aquellos contratos en los que el órgano de contratación así lo indique en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos establecida en el artículo 146.1 del TRLCSP será sustituida por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

 

           A tal efecto, se incluye como anexo en los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por esta Junta Consultiva un modelo de declaración responsable, con el objeto de servir de guía para los licitadores, facilitándoles una redacción para evitar defectos u olvidos en la precisión del contenido necesario de la declaración, pero sin que la variación de los términos del texto conlleve necesariamente la subsanación, excepto cuando se aprecie cambio sustancial por la Mesa de contratación.

 

2.-       La declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, se incluirá en el sobre número 1 “documentación administrativa”, acompañada en su caso por la documentación relativa a la preferencia en la adjudicación, por los documentos que el órgano de contratación considere necesarios conforme a lo dispuesto en el artículo 146.2 del TRLCSP, y por la garantía provisional, cuando se haya exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 

           Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación incluida en el sobre nº 1, se lo comunicará a los interesados, mediante telefax, correo electrónico, tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco días naturales para que los licitadores la corrijan o subsanen, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM).

 

3.-       Con carácter general, en aras de una mayor agilidad y garantía del buen fin del procedimiento, antes de que la Mesa de contratación realice la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa que acredite: su personalidad jurídica y en su caso representación, la justificación de los requisitos de solvencia o en su caso la clasificación de la empresa, la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que se haya autorizado al órgano de contratación para recabar la consulta electrónica de datos, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en el caso de que la empresa sea extranjera, la disposición efectiva de los medios que se hubiese comprometido a adscribir a la ejecución del contrato, la constitución de la garantía definitiva que sea procedente, el justificante de pago del anuncio de licitación, en su caso, así como cualquier otra documentación que deba aportar antes de la adjudicación. La inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, con certificado en vigor, exime al licitador de la presentación de la documentación que figure registrada.

 

           Sin perjuicio de lo anterior, cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, debiendo éstos facilitar la información requerida en el plazo señalado, pudiendo considerarse retirada injustificada de su oferta, con los efectos previstos en el TRLCSP, su no cumplimentación.

 

4.-       La calificación de la documentación a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP se ha de efectuar por la Mesa de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Por ello, con el fin de simplificar la actuación administrativa así como agilizar la tramitación del expediente, conforme al principio de eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas establecido en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y según lo dispuesto en el artículo 75.1 de dicha Ley, siempre que sea posible, se efectuará en la misma sesión de la Mesa de contratación la calificación de la documentación presentada por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa y la propuesta de adjudicación del contrato.

 

           A tal efecto, una vez que, conforme a los informes técnicos pertinentes, el órgano de contratación tenga conocimiento de la oferta económicamente más ventajosa, requerirá al licitador que la haya presentado para que, en el citado plazo de diez días hábiles, acredite la posesión y validez de los documentos que se han indicado en el punto anterior.

 

           Si en el examen de la documentación aportada la Mesa de contratación observa defectos u omisiones subsanables se lo comunicará al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, concediéndole plazo para la subsanación de la documentación según lo previsto en el artículo 19 del RGCPCM. Si el licitador no subsana o no cumple los requisitos establecidos en el pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, pudiendo incurrir, en su caso, en la circunstancia de prohibición de contratar establecida en el artículo 60.2 d) del TRLCSP. En estos supuestos, la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditación de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello.

 

5.-       No obstante lo expuesto en los puntos anteriores, es claro que no en todos los procedimientos de contratación es conveniente que el órgano de contratación sustituya la documentación previa exigida en el artículo 146.1 del TRLSCSP por una declaración responsable del licitador, baste citar a título de ejemplo los Acuerdos Marco a concluir con varios empresarios, con valor estimado superior a 90.000 euros, en los que es previsible que un considerable número de los licitadores que concurren resulten adjudicatarios, por lo que deberán aportar la totalidad de la documentación, en todo caso, sin que el aplazamiento de la presentación y calificación suponga un ahorro de cargas administrativas sino más bien al contrario puede representar una mayor complicación del procedimiento.

 

           En igual sentido no se estima pertinente recomendarlo para aquellos tipos de contratos particularmente complejos, se utilice o no el procedimiento de diálogo competitivo, que por conllevar un complicado proceso de adjudicación y análisis de ofertas sería especialmente gravoso, para todas las partes interesadas en el procedimiento, la posibilidad de exclusión del licitador ya en la fase de propuesta de adjudicación por los requisitos previos para contratar con la Administración, por ejemplo en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en las concesiones de obras públicas, y en determinados contratos de gestión de servicios públicos.

 

6.-       En los procedimientos restringido y negociado con publicidad, la documentación técnica relativa a los criterios objetivos de selección de candidatos no está incluida en la sustitución por una declaración responsable.

 

7.-       Se procederá a efectuar la adaptación de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, informados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, a las recomendaciones efectuadas.