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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

ACUERDO 6/2015, DE 26 DE JUNIO, RELATIVO A LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO POR LA LEY 2/2015, DE 30 DE MARZO, DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA.


  

 

ANTECEDENTES

 

1.-       La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid ostenta entre sus funciones la de realizar los estudios que considere necesarios sobre contratación administrativa y formular las recomendaciones pertinentes para la mejora del sistema de contratación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.7 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, correspondiendo su ejercicio a su Comisión Permanente, según lo dispuesto en el artículo 44 del citado Reglamento.

 

2.-       En el Boletín Oficial del Estado número 77, de 31 de marzo de 2015, se han publicado tres leyes, que como se pasa a analizar afectan, en mayor o menor medida, al ámbito de la contratación pública: la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas; y la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

 

3.-       La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (LDEE), con entrada en vigor el 1 de abril conforme a lo dispuesto en su disposición final séptima, modifica la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), en lo relativo a la regulación de la revisión de precios de los contratos, con el fin de establecer una regulación no indexadora, afectando la principal modificación al artículo 89, relativo a la procedencia y límites de la revisión de precios en los contratos.

 

           Con esta modificación, el capítulo II del título III del libro I del TRLCSP cambia su título para incluir en su regulación a los contratos de todo el sector público. La revisión de precios pasa a considerarse una excepción, pues únicamente procederá, previa justificación en el expediente, en los contratos de obras, suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Asimismo, únicamente podrán efectuarse revisiones de precios de carácter periódico y predeterminado, prohibiéndose, en todo caso, las revisiones no predeterminadas o no periódicas de los precios de los contratos, entre otras novedades, que afectan también al momento de su procedencia y a la determinación de las fórmulas tipo.

 

           Se derogan los artículos 90, 91 y 92 del TRLCSP y se modifican la letra d) del apartado 1 del artículo 131, el apartado 3 del artículo 255 y el apartado 1 del artículo 133, para añadir que la revisión de precios habrá de ajustarse a lo previsto en el capítulo II del título III de dicha Ley. Además, se modifica el apartado 5 del artículo 47, para suprimir la referencia a la aplicación del Índice de Precios de Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística.

 

           No obstante, el apartado 1 de la disposición transitoria de la LDEE difiere la aplicación del régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del TRLCSP hasta la entrada en vigor del real decreto al que se refiere su artículo 4, por lo que los contratos que se hayan iniciado antes de dicha entrada en vigor se regirán por el régimen de revisión de precios que esté establecido en los pliegos. Se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato y, en caso de procedimiento negociado sin publicidad, se tomará en cuenta al efecto la fecha de aprobación de los pliegos.

 

           A estos efectos, el apartado 2 b) de la disposición derogatoria de la LDEE mantiene la vigencia del artículo 77 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a la revisión de tarifas y peajes en las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado, para los contratos de concesión suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto al que alude el artículo 4 de la Ley si bien exclusivamente durante el plazo de vigencia actualmente establecido en los contratos, excluyendo prórrogas. Igualmente, en su apartado 2 c) mantiene la vigencia de la disposición adicional octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, relativa a la desindexación respecto a índices generales de contratos del sector público, hasta la entrada en vigor del citado real decreto.

 

           En consecuencia, hasta la entrada en vigor del real decreto a que se refiere el artículo 4 de la LDEE, el régimen de revisión de precios de los contratos sujetos al TRLCSP será el establecido en los pliegos, siendo a partir de dicha fecha el previsto en la nueva regulación al respecto del TRLCSP.

 

           El resto de contratos celebrados por organismos y entidades del sector público que se perfeccionen a partir del 1 de abril habrán de sujetarse a las prescripciones de la LDEE.

 

           Recientemente la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha emitido una Recomendación sobre la aplicación del nuevo régimen jurídico de revisión de precios creado como consecuencia de la disposición adicional 88ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

 

           Por otra parte, el Ministerio de Economía ha remitido a la Comunidad de Madrid el Proyecto de Real Decreto de Desindexación de la Economía Española para observaciones, habiéndose formulado por la Dirección General de Contratación y Patrimonio las siguientes:

 

           Con carácter general, el sistema de revisión periódica y predeterminada de precios para los contratos del sector público establecido en el artículo 9, así como la determinación del período de recuperación de la inversión de los contratos definido en el artículo 10, resultan tan complejos que van a dificultar en gran medida la posibilidad de revisión de precios en los contratos distintos de obras y suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

 

           La fiscalización previa por la Intervención competente del sistema de revisión de precios previsto en los pliegos y la memoria establecida en el artículo 9.6 va a suponer para la Comunidad de Madrid un nuevo trámite, en la ya compleja y dilatada tramitación de los expedientes de contratación, para aquellos contratos cuya celebración requiera la autorización del Consejo de Gobierno, puesto que por normativa autonómica se somete asimismo a Consejo de Gobierno la aprobación del gasto. Por lo expuesto, y dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.1 del TRLCSP los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares deben aprobarse por el órgano de contratación antes o conjuntamente al gasto, en los contratos que se sometan a aprobación de Consejo de Gobierno, el expediente se va a tener que remitir a fiscalizar dos veces en fase A, una antes de la aprobación de los pliegos y otra inmediatamente después para la fiscalización del gasto.

 

           La disposición adicional única regula la competencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado respecto a la aplicación de lo dispuesto en este real decreto. En relación a lo que establece en su último párrafo, sobre la resolución de las cuestiones planteadas por los órganos de contratación, se echa en falta una salvedad o un sin perjuicio relativo a las competencias de los órganos consultivos en materia de contratación creados por las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial, en concordancia con lo previsto en los artículos 324 y 325 del TRLCSP.

 

           La entrada en vigor de la norma debería ser la establecida en el artículo 2.1 del Código Civil, a fin de que los órganos de contratación dispongan de tiempo para preparar la tramitación de los expedientes y la necesaria adaptación de los sistemas informáticos a la nueva normativa, lo que no resulta posible con la entrada en vigor el día siguiente al de su publicación.

 

4.-       La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, que entró en vigor igualmente el pasado 1 de abril, modifica en su artículo primero varios artículos y disposiciones de la Ley Orgánica 8/2007, estableciendo en la nueva redacción de su artículo 4.Dos a) la prohibición de que los partidos políticos puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional, sean parte de un contrato vigente de los previstos en la legislación de contratos del sector público.

 

           Asimismo, añade a la citada Ley Orgánica 8/2007, una disposición adicional decimotercera relativa al régimen de contratación de los partidos políticos, estableciendo que sus procedimientos de contratación habrán de inspirarse en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente, además de la obligación de aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación, que se adecuarán a los referidos principios y que deberán ser informadas, antes de su aprobación, por el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico y deberán publicarse en la página web del partido político.

 

5.-       Por último, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entrará en vigor el 20 de abril de 2015, regula el nombramiento y ejercicio del alto cargo, el régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades así como los órganos de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración General del Estado y el régimen jurídico de otros altos cargos del sector público estatal. Esta norma deroga, entre otras, la Ley 5/2006 de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, citada en el artículo 60.1 f) y g) del TRLCSP.

 

6.-       Como consecuencia de la entrada en vigor de la LDEE, esta Comisión Permanente considera preciso informar a los órganos de contratación acerca de los principales cambios que esta norma ha efectuado en el TRLCSP, a fin de que puedan ser tenidos en cuenta para la preparación de los expedientes de contratación, mediante la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

           Informar a los órganos de contratación acerca de los principales cambios efectuados en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que se recogen en el anexo que acompaña al presente Acuerdo.

 

ANEXO

 

EXTRACTO DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO POR LA LEY 2/2015, DE 30 DE MARZO, DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA.

 

-          El artículo 2 de la LDEE define los tres tipos de revisión de precios que se establecen: “periódica y predeterminada”, “periódica no predeterminada” y “no periódica”. Asimismo, se define el concepto de “índice específico de precios”.

 

-          El capítulo II del título III del libro I del TRLCSP cambia su título para incluir en su regulación a los contratos de todo el sector público (antes únicamente regulaba los contratos de las Administraciones Públicas).

 

-          Se modifica el artículo 89 y se derogan los artículos 90, 91 y 92 del TRLCSP.

 

-          Se prohíbe la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.

 

-          Únicamente se permite la revisión de precios periódica y predeterminada, previa justificación en el expediente, en los siguientes contratos:

 

·          Obras.

 

·          Suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

 

·          Contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

 

-          No obstante, en ningún caso se podrán revisar los siguientes conceptos:

 

           ·          Costes asociados a las amortizaciones.

 

           ·          Costes financieros.

 

           ·          Gastos generales o de estructura.

 

           ·          Beneficio industrial.

 

-          Los costes de mano de obra en los contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años se revisarán únicamente cuando la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites que se establezcan en el real decreto a que alude el artículo 4 de la LDEE.

 

-          El derecho a la revisión de precios periódica y determinada, cuando proceda, será establecido por el órgano de contratación, quien fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de sus prestaciones.

 

-          La fórmula de revisión de precios (se mantiene la regulación anterior):

     

.           Deberá detallarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato.

 

·          Será invariable durante la vigencia del contrato.

     

.          Determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto de la fecha en que termine dicho plazo si la adjudicación se produce con posterioridad.

 

-          La revisión de precios periódica y predeterminada, cuando proceda, tendrá lugar:

 

·          Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido dos años desde su formalización (antes era un año).

 

·          El primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión (antes primer año).

 

·          En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar transcurridos dos años (antes primer año) desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

 

-          Fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada de precios:

 

·          Se establecerán conforme a los principios y metodologías contenidos en el real decreto a que alude el artículo 4 de la LDEE.

 

·          Reflejarán la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes (cuya relación se establecerá reglamentariamente, pudiendo ser ampliada por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas) relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo.

 

·          El Consejo de Ministros podrá aprobarlas, previa determinación, por parte del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, a propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, de las actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo.

 

·          El órgano de contratación deberá incluir, cuando proceda, en los pliegos y el contrato las fórmulas tipo aprobadas para un determinado tipo de contrato, sin que pueda sustituirlas por otras.

 

·          El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo, que serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

 

·          El resultado de aplicar a los índices de precios la ponderación en el precio del contrato de los componentes básicos de costes relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos determinados para la revisión, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer (regulación similar a la anterior).

 

-          Se modifican la letra d) del apartado 1 del artículo 131, el apartado 3 del artículo 255, relativos al contrato de concesión de obras públicas, y el apartado 1 del artículo 133, relativo al contrato de gestión de servicios públicos, del TRLCSP para añadir que la revisión de precios habrá de ajustarse a lo previsto en el capítulo II del título III de dicha Ley (no figura la referencia al Libro I de la Ley).

 

-          Se modifica el apartado 5 del artículo 47 del TRLCSP, relativo a la resolución del recurso especial en materia de contratación, para suprimir la referencia a la aplicación del Índice de Precios de Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística.