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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

ACUERDO 9/2015, DE 24 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE QUEDA ENTERADA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.


    

           La Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud ha dirigido escrito a la Dirección General de Contratación y Patrimonio (actualmente Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería, según Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid) solicitando aclaración sobre si la retirada de la oferta presentada por una empresa a un contrato derivado de un acuerdo marco podría estar encuadrada en la circunstancia establecida en el apartado 2 d) del artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), así como las actuaciones a seguir al respecto.

 

           El Director General de Contratación, Patrimonio y Tesorería, con fecha 14 de julio de 2015, ha remitido escrito a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, en virtud de la competencia prevista en el artículo 20.2 del Decreto 22/2014, de 20 de febrero, del Consejo de Gobierno, que indica que corresponden a la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio, entre otras funciones, la elaboración de informes sobre contratación pública y el asesoramiento a los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid (actualmente Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería, artículo 12.1 del Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda).

 

           En el citado escrito se observa en primer lugar que por tratarse de un contrato basado en un acuerdo marco, para hacer un correcto pronunciamiento sobre el supuesto consultado se debería contar con el pliego de cláusulas administrativas particulares y el contrato del acuerdo marco, documentación que no fue aportada.

 

           Asimismo, se informa que el articulo 60.2 d) del TRLCSP establece como una de las circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas la de haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2 dentro del plazo señalado mediante dolo, culpa o negligencia.

 

          Como se indica en el citado artículo, para que se dé el supuesto que puede dar lugar a la declaración de prohibición de contratar de un empresario por no cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2 dentro del plazo establecido para ello, debe mediar dolo, culpa o negligencia en la causa concurrente, pues de no darse alguna de estas circunstancias no procedería instruir el procedimiento al efecto para impedir contratar con la Administración Pública.

 

           Se indica asimismo que el artículo 61 del TRLCSP señala que, en este supuesto, la apreciación de la concurrencia de la prohibición de contratar requerirá la previa declaración de su existencia mediante procedimiento al efecto, por parte de la Administración contratante, prohibición que subsistirá durante un plazo de dos años, contados desde su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda, y afectará a la contratación con la Administración o entidad del sector público competente para su declaración, sin perjuicio de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa comunicación de aquélla y con audiencia del empresario afectado, considerando el daño causado a los intereses públicos, pueda extender sus efectos a la contratación con cualquier órgano, ente, organismo o entidad del sector público. El procedimiento no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años desde la fecha en que hubiese debido procederse a la adjudicación del contrato.

 

           Si, en el supuesto objeto de consulta, el órgano de contratación considera que ha habido retirada indebida de la proposición presentada o que se ha imposibilitado la adjudicación del contrato derivado mediando dolo, culpa o negligencia por parte de la empresa, habrá de iniciar expediente de declaración de prohibición de contratar, que afectará a la Administración que declare la prohibición. Si el órgano de contratación fuera el SERMAS se debería tramitar el procedimiento para la declaración conforme a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, siendo acordada la prohibición, en su caso, por la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, previo acuerdo del órgano de contratación con la instrucción del correspondiente expediente. Si el órgano de contratación es el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la declaración de prohibición de contratar correspondería al Estado.

 

           Por otra parte, se recuerda en el escrito que las garantías responden del mantenimiento de las ofertas presentadas hasta su adjudicación, del cumplimiento de las obligaciones que impone el segundo párrafo del artículo 151.2 y el 156.4 del TRLCSP, así como, de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 100 del TRLCSP respectivamente. En el supuesto objeto de consulta, por tratarse de un contrato derivado de un acuerdo marco, habrá que estar para la posible incautación de la garantía, en su caso, a la regulación prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares del acuerdo marco.

 

           Tras lo expuesto, esta Comisión Permanente considera procedente la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

           Quedar enterada de la respuesta emitida por el Director General de Contratación, Patrimonio y Tesorería, Presidente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.