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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

ACUERDO 13/2015, DE 27 DE NOVIEMBRE, SOBRE MODIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES INFORMADOS POR LA JUNTA CONSULTIVA.


 

 

ANTECEDENTES

 

1.-       Entre las funciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se encuentra la de impulsar y promover la normalización de la documentación administrativa en materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (RGCPCM), aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, sin perjuicio de las funciones de la Consejería competente en materia de calidad de los servicios y atención al ciudadano y, según lo dispuesto en los artículos 38.1.c) y 44 del citado Reglamento, su Comisión Permanente tiene la facultad de informar con carácter preceptivo los pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación por cada órgano de contratación de la Comunidad de Madrid.

 

2.-       La disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público modificó varios artículos y disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), entre ellos los artículos 75, 76, 77 y 78, relativos a la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de los empresarios e introdujo un nuevo artículo 79.bis, relativo a la concreción de los requisitos y criterios de solvencia. No obstante, la disposición final tercera de dicha Ley 25/2013 modificó también la disposición transitoria cuarta del TRLCSP, relativa a la determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia, añadiendo que la nueva redacción de los artículos 75 a 78 y el artículo 79.bis del TRLCSP entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos, desarrollo que se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, norma que, conforme a lo dispuesto en su disposición final única, entró en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado: el 5 de noviembre de 2015. La nueva redacción del artículo 75 del TRLCSP entró en vigor el pasado 12 de septiembre, con la modificación que efectuó en este artículo el artículo 12 del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía, que añadió un último párrafo al citado artículo, en el que se señala un medio adicional de acreditación de la solvencia económica y financiera para determinadas empresas.

 

3.-       El artículo cuarto de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, conforme a lo dispuesto en su disposición final segunda, modificó la disposición adicional quinta del TRLCSP, relativa a los contratos reservados, remitiendo a un Acuerdo del Consejo de Ministros u órgano competente de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales la fijación de porcentajes mínimos de reserva de contratos, y rebajando el porcentaje mínimo de discapacidad de los trabajadores afectados a un 30 por ciento. No se incluye ninguna modificación al respecto en los modelos de pliegos hasta que, en su caso, por Acuerdo del Gobierno se establezcan porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos.

 

4.-       La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, modifica en su disposición final novena el TRLCSP en los siguientes artículos: 60, 61, 150.2, 254, 256, 261, 271.1 y 3 y 288.1. Asimismo añade los artículos 61 bis, 271 bis, 271 ter, todo lo cual entró en vigor el 22 de octubre de 2015, conforme a lo dispuesto en su disposición final decimoctava, y dos disposiciones: adicional trigésimo sexta y transitoria décima, que entrarán en vigor, respectivamente, el 2 de abril de 2016 y el 2 de octubre de 2016.

 

           La nueva redacción del artículo 60.1 introduce nuevas circunstancias que impedirán contratar con el sector público, modificando sus apartados. Asimismo, las circunstancias indicadas en su apartado 2 del artículo 60, que anteriormente eran aplicables únicamente a los contratos de las Administraciones Públicas, se extienden ahora a todo el sector público, la declaración de prohibición de contratar corresponde al órgano de contratación, y su duración no podrá exceder de tres años. Por otra parte, se añade como nueva circunstancia la no formalización del contrato en plazo por causa imputable al adjudicatario, sin que el procedimiento de declaración pueda iniciarse transcurridos más de tres meses desde que se produjo la adjudicación.

 

           Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 150, relativo a los criterios de valoración de las ofertas, estableciendo la obligación de que, en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios públicos en los que se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación o cualquier tipo de garantías, avales o ayudas a la empresa, figure como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.

 

           En la parte reguladora de los contratos de concesión de obras públicas, entre otras modificaciones, se añaden dos apartados, 3 y 4, al artículo 254 y se establece una nueva redacción del artículo 256, en relación con las aportaciones públicas a la construcción y a la explotación de la obra, Así como garantías a la financiación, disponiendo que todas las aportaciones públicas habrán de estar previstas en el pliego de condiciones, y no podrán incrementarse tras la adjudicación del contrato.

 

           Como consecuencia de estos cambios legislativos, resulta preciso efectuar las adaptaciones precisas en todos los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de general aplicación informados por esta Comisión Permanente, en los apartados relativos a la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la cláusula 1. Características del contrato, cláusulas sobre capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas (en los pliegos de contratos de servicios), forma y contenido de las proposiciones y perfección y formalización del contrato. Además, el apartado de criterios objetivos de adjudicación del contrato de la cláusula 1. Características del contrato, en los pliegos de concesión de obras públicas y gestión de servicios públicos, y las cláusulas relativas a financiación de las obras y retribución del concesionario en el pliego de concesión de obras públicas. Asimismo, es preciso actualizar las referencias de los pliegos a diversos organismos que han cambiado su denominación.

 

           Por lo expuesto, esta Comisión Permanente considera procedente la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

           Efectuar las modificaciones precisas en todos los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares informados por esta Junta Consultiva, para su adaptación a las últimas modificaciones del TRLCSP y RGLCAP.