Portal Contratación

Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Búsqueda de informes y recomendaciones
  • ImprimirImprimir

   < volver
Junta Consultiva de Contratación Administrativa

ACUERDO 11/2015, DE 27 NOVIEMBRE, POR EL QUE SE INFORMA A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR EL REAL DECRETO 773/2015, DE 28 DE AGOSTO.


 

ANTECEDENTES

 

1.-       La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid ostenta entre sus funciones la de realizar los estudios que considere necesarios sobre contratación administrativa y formular las recomendaciones pertinentes para la mejora del sistema de contratación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.7 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, correspondiendo su ejercicio a su Comisión Permanente, según lo dispuesto en el artículo 44 del citado Reglamento.

 

2.-       La disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 311, de 28 de diciembre de 2013, modificó varios artículos y disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), entre ellos el apartado 1 del artículo 65, relativo a la exigencia y efectos de la clasificación, y los artículos 75, 76, 77 y 78, relativos, respectivamente, a la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios, solvencia técnica en los contratos de obras, en los contratos de suministro, y en los contratos de servicios, modificando sus medios de acreditación. Asimismo, introdujo un nuevo artículo 79.bis, relativo a la concreción de los requisitos y criterios de solvencia, indicando que su concreción así como los medios admitidos para su acreditación, se determinarán por el órgano de contratación y que, en su ausencia, se aplicarán los establecidos reglamentariamente para el tipo de contrato correspondiente, que tendrán carácter supletorio para los no concretados en los pliegos. Además, el nuevo artículo determina que, en todo caso, la clasificación del empresario será prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el ámbito de actividades o trabajos del correspondiente grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo así como que, reglamentariamente, podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado umbral.

 

           La disposición final tercera de la Ley 25/2013 modificó también la disposición transitoria cuarta del TRLCSP, relativa a la determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia, añadiendo que la nueva redacción de los artículos 75 a 78 y el artículo 79.bis del TRLCSP entrarán en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los requisitos, criterios y medios de acreditación que con carácter supletorio se establezcan para los distintos tipos de contratos.

 

3.-       El desarrollo reglamentario a que aludía la Ley 25/2013 se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 213, de 5 de septiembre de 2015, norma que, conforme a lo dispuesto en su disposición final única, entró en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado: el 5 de noviembre de 2015.

 

           Por tanto, el día 5 de noviembre de 2015 entró en vigor la nueva redacción que la Ley 25/2013 dio a los artículos 65.1, 76, 77 y 78 del TRLCSP, así como el nuevo artículo 79.bis. La nueva redacción del artículo 75 del TRLCSP entró en vigor el pasado 12 de septiembre, con la modificación que efectuó en este artículo el artículo 12 del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía (Boletín Oficial del Estado nº 219, de 12 de septiembre de 2015), que además añadió un medio adicional, de acreditación de la solvencia económica y financiera para determinadas empresas, a los previstos en las letras a), b) y c) en el último párrafo del artículo 75.1 del TRLCSP.

 

4.-       El Real Decreto 773/2015 modifica los siguientes artículos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP): 11. Determinación de los criterios de selección de las empresas, 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras, 27. Clasificación de los empresarios en subgrupos, 29. Asignación de categorías de clasificación, 35. Clasificación directa e indirecta en subgrupos, 37. Grupos y subgrupos de clasificación de los contratos de servicios, 38. Categorías de clasificación en los contratos de servicios, 39. Clasificación en subgrupos y categorías, 45. Clasificación directa en subgrupos y en casos especiales, 46. Exigencia y efectos de la clasificación de servicios, así como los apartados 3, 4, 5 y 7.b) del artículo 67. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y suprime su apartado 6.

 

           De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 773/2015, los expedientes de contratación iniciados antes de su entrada en vigor se regirán por la anterior normativa, entendiéndose que han sido iniciados si se hubiera publicado la convocatoria del procedimiento de adjudicación. En los procedimientos negociados, la fecha de aprobación de los pliegos determinará el momento del inicio del expediente.

 

           Para los contratos de obras y de servicios, cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, cuyo plazo de presentación de ofertas termine antes del día 1 de enero de 2020, las clasificaciones en los subgrupos incluidos en los artículos 25 y 37, respectivamente, surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los términos establecidos en la modificación efectuada en el RGLCAP por el Real Decreto 773/2015 como si lo fueron en los términos establecidos por la redacción anterior del Real Decreto 1098/2001, conforme al cuadro de equivalencias establecido en las disposiciones transitorias segunda y tercera, respectivamente, del Real Decreto 773/2015, perdiendo su vigencia y eficacia a partir de dicha fecha (disposición transitoria cuarta).

 

           Para los contratos de servicios seguirán surtiendo efectos de acreditación de la solvencia del empresario, para aquellos contratos en cuyos pliegos se admita como criterio alternativo de selección, hasta el día 1 de enero de 2016, las clasificaciones correspondientes a los subgrupos no incluidos en la redacción actual del artículo 37 del RGLCAP, que fueron otorgadas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, quedando extinguidas a partir de dicha fecha, y practicándose de oficio las modificaciones correspondientes a sus asientos en los Registros de licitadores y empresas clasificadas en que figuren inscritas.

 

5.-       Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, esta Comisión Permanente considera preciso informar a los órganos de contratación acerca de los principales cambios en la estructura de la clasificación y su configuración en grupos, subgrupos y categorías, que esta norma ha efectuado en el RGLCAP, a fin de que puedan ser tenidos en cuenta para la preparación de los expedientes de contratación, mediante la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

           Informar a los órganos de contratación acerca de los principales cambios efectuados en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, que se recogen en el Anexo que acompaña al presente Acuerdo.


ANEXO

 

EXTRACTO DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES EFECTUADAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL REAL DECRETO 773/2015, DE 28 DE AGOSTO.

 

·                 Se produce la entrada en vigor de la nueva redacción de los artículos 65.1, 76, 77 y 78 del TRLCSP, así como el nuevo artículo 79.bis, efectuada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, que supone las siguientes novedades:

 

o     No será exigible clasificación para los contratos de servicios, si bien el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos o, en su defecto, con los establecidos en el RGLCAP, en su nueva redacción.

 

o     Entran en vigor los nuevos medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional para los diferentes tipos de contratos.

 

o     En los pliegos, anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento se concretarán los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos, así como de los medios admitidos para su acreditación, concretando las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos. Igualmente, cuando proceda, se hará constar el grupo o subgrupo de clasificación y la categoría que correspondan al contrato. En su ausencia, se aplicarán los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en el RGLCAP, en su nueva redacción.

 

·                 Se establecen los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional para los contratos en los que no sea exigible clasificación y no estén exentos del requisito de acreditación de la solvencia, cuando los pliegos no los concreten y los licitadores no dispongan de la clasificación que corresponda al contrato (art. 11.4).

 

·                 Salvo que en los pliegos se disponga lo contrario, no será exigible la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros (art. 11.5).

 

·                 Se modifican las categorías de clasificación de los contratos de obras (art. 26), que pasan a denominarse 1 a 6 (antes A a F), modificando asimismo sus cuantías: la mínima de cuantía inferior a 150.000 euros (antes 60.000) y la máxima de cuantía superior a 5 millones de euros (antes 2.400.000 euros).

 

·                 Se amplía a diez años (antes cinco) el período durante el que serán tomadas en cuenta las obras ejecutadas como prueba de la experiencia de los empresarios como contratistas de obras y se especifica qué se entiende por disponer de suficientes medios financieros: cuando el patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, supere los importes fijados en la letra d) del apartado 1 del artículo 35 para la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados (art. 27).

 

·                 Se modifica la forma de asignación de categorías de clasificación a los empresarios (art. 29): se tomará como base el importe anual ejecutado por el contratista en el último decenio (antes quinquenio) en una obra correspondiente al subgrupo o el importe máximo ejecutado durante cualquiera de los diez últimos años naturales vencidos, o durante el año en curso si fuera superior, en un máximo de seis obras del subgrupo (antes el importe máximo anual ejecutado en las obras del subgrupo, si fuere mayor), regulándose además, a estos efectos, las obras ejecutadas por las filiales constituidas en el extranjero. Asimismo, en los casos comprendidos en el artículo 27.d) sólo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1 (antes el importe que estimativamente se considerase que podía ejecutar anualmente el contratista en obras comprendidas en el subgrupo).

 

·                 Se modifica el valor de K (art. 35) en la fórmula establecida para determinar las posibilidades de ejecución anual de un contratista en obras específicas de un subgrupo, a efectos de la clasificación directa en subgrupos, como consecuencia de la modificación de las categorías de clasificación establecida en el artículo 26. Asimismo, se incrementan los importes de patrimonio neto exigibles para cada una de las categorías, según el balance correspondiente al último ejercicio de las cuentas anuales aprobadas: mínimo de 15.000 para categoría 1 (antes 6.000 euros para categoría A) y máximo de 1.000.000 de euros para categoría 6 (antes 480.000 euros para categoría F). Además, como novedad, se tendrán en cuenta para determinar el importe del patrimonio neto las ampliaciones de capital o hechos financieros que figuren en cuentas anuales intermedias posteriores al cierre del último ejercicio social.

 

·                 Se reduce el número de subgrupos de clasificación en los contratos de servicios (art. 37): desaparecen los subgrupos 2 y 4 del grupo L; subgrupos 3, 7 y 8 del grupo M; el grupo N completo; subgrupos 5 y 7 del grupo O; subgrupos 4 y 6 del grupo P; subgrupos 3 y 4 del grupo Q, cuyo subgrupo 2 pasa a denominarse “mantenimiento y reparación de vehículos” (antes “mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves); subgrupos 3, 4, 7 y 8 del grupo R, cuyo subgrupo 1 pasa a denominarse “transporte de viajeros por carretera” (antes “transporte en general”); el grupo S completo; los subgrupos 2, 3 y 4 del grupo T; los subgrupos 2, 3, 5, 6 y 7 del grupo U, al que se añade un subgrupo 8, denominado: “servicios de información y asistencia telefónicas” y subgrupos 1, 2, 6, 7 y 8 del grupo V. Asimismo, se modifica el anexo II, a fin de recoger la correspondencia de los subgrupos de clasificación de servicios con los códigos CPV de los trabajos incluidos en cada subgrupo.

 

·                 Se modifican las categorías de clasificación de los contratos de servicios (art. 38), incrementándose en una y pasando a denominarse 1 a 5 (antes A a D) Se modifica asimismo el importe de la categoría 4 (antes D), que pasa a tener una cuantía del contrato igual o superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros (antes cuando la anualidad media fuera igual o superior a 600.000 euros) y se establece como importe de la nueva categoría 5 una cuantía del contrato igual o superior a 1.200.000 euros.

 

·                 Se amplía a cinco años (antes tres) el período durante el que serán tomados en cuenta los servicios ejecutados como prueba de la experiencia de los empresarios como contratistas de servicios y se especifica qué se entiende por disponer de suficientes medios financieros: cuando el patrimonio neto acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de cuentas aprobadas, sea igual o superior a la décima parte de la anualidad media de los contratos para cuya adjudicación le habilita la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en cualquiera de los grupos o subgrupos solicitados (art. 39.1).

 

·                 Se modifica la forma de asignación de categorías de clasificación a los empresarios (art. 39.2): se tomará como base el máximo importe anual ejecutado por el contratista en los cinco últimos años (antes tres) en un único trabajo correspondiente al subgrupo o el importe máximo anual ejecutado en los últimos cinco años naturales, en un máximo de cuatro trabajos del subgrupo (antes el importe máximo anual ejecutado en la totalidad de los trabajos del subgrupo). Asimismo, en los casos comprendidos en el artículo 39.1.b) sólo podrá otorgarse la clasificación con la categoría 1 (antes el importe que estimativamente se considerase que podía ejecutar anualmente el contratista en contratos de servicios comprendidos en el subgrupo).

 

·                 Se modifica el valor de K (art. 45) en la fórmula establecida para determinar las posibilidades de ejecución anual de una empresa en servicios específicos de un subgrupo, a efectos de la clasificación directa en subgrupos, como consecuencia de la modificación de las categorías de clasificación establecida en el artículo 37. En cuanto a la clasificación en casos especiales, se incrementa a un quinquenio (antes trienio) el período en que la empresa no haya realizado trabajo alguno del tipo para el que solicita clasificación.

 

·                 No obstante no resultar exigible la clasificación en los contratos de servicios (art. 46), el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o mediante el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en la licitación, por lo que los pliegos, el anuncio de licitación o la invitación a participar en el procedimiento deberán detallar tanto los requisitos mínimos de solvencia, en los términos establecidos en el artículo 67, como en términos de subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato.

 

·                 Se desarrollan los artículos 75 a 78 del TRLCSP, especificando en detalle los criterios de selección del contratista basados en los medios de acreditar la solvencia económica y financiera así como técnica y profesional (art. 67). Asimismo, se suprime el apartado 6 del artículo 67, relativo al contenido específico de los pliegos de cláusulas administrativas particulares del desaparecido tipo de contrato de consultoría y asistencia.