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Junta Consultiva de Contratación Administrativa

ACUERDO 12/2015, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE INFORMA A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE OTRAS NORMAS QUE AFECTAN A LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.


 

ANTECEDENTES

 

1.-       La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid ostenta entre sus funciones la de realizar los estudios que considere necesarios sobre contratación administrativa y formular las recomendaciones pertinentes para la mejora del sistema de contratación pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.7 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, correspondiendo su ejercicio a su Comisión Permanente, según lo dispuesto en el artículo 44 del citado Reglamento.

 

2.-       Ante las numerosas modificaciones que se vienen produciendo en los últimos meses en la regulación de la materia de Contratación Pública esta Comisión Permanente considera necesario adoptar un acuerdo informativo que recopile las últimas novedades que afectan al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, indicando en qué medida, y que se relacionan a continuación por orden cronológico

 

3.-       La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en material concursal, publicada en el B.O.E nº 125, de 26 de mayo de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el 27 de mayo de 2015, según lo establecido en su disposición final décima, modificó a través de su artículo único la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Entre las modificaciones efectuadas en materia de convenio, el apartado Uno.21 añade una disposición adicional segunda ter sobre el régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas, remitiendo a la aplicación de las especialidades que se encuentren establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo, y regulando la acumulación de procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio por las Administraciones Públicas. Asimismo, en materia de liquidación, el apartado Dos.3 añade un artículo 146 bis, relativo a las especialidades de la transmisión de unidades productivas, que regula en estos supuestos la cesión al adquiriente de los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no hubiera sido solicitada. Estas normas no modifican directamente el TRLCSP pero afectan a los contratos del sector público.

 

4.-       La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, publicada en el B.O.E. nº 173 de 21 de julio de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el 21 de octubre de 2015, conforme a lo dispuesto en su disposición final séptima, modifica en su artículo único, apartado cincuenta y dos, la redacción del artículo 35 bis de la mencionada Ley, relativo a la compra responsable de productos forestales, en el sentido de incluir condiciones de legalidad del aprovechamiento de la madera y sus derivados en origen, así como su sostenibilidad, entre las consideraciones de tipo medioambiental en el procedimiento de contratación, como factor excluyente en el supuesto de no acreditarse. Esta norma tampoco modifica directamente el TRLCSP pero afecta asimismo a los contratos del sector público.

 

5.-       La disposición final séptima de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, publicada en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) nº 180, de 29 de julio de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de julio de 2015, conforme a lo dispuesto en su disposición final vigésimo primera, modificó el artículo 327 del TRLCSP, añadiéndole tres nuevos apartados, relativos a las inscripciones, por parte de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio Registro independiente de licitadores y empresas clasificadas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de las prohibiciones de contratar cuya declaración les corresponda a aquéllas o a las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como el resto de inscripciones relativas a las condiciones de aptitud o clasificación de los empresarios domiciliados en su ámbito territorial que lo soliciten.

 

           De esta manera el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado pasa a ser el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y tanto las inscripciones realizadas en dicho Registro por las Comunidades Autónomas como por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado tendrán los mismos efectos acreditativos, y eficacia plena, frente a todos los Órganos de Contratación del Sector Público.

 

6.-       El artículo cuarto de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, publicada en el B.O.E. nº 217, de 10 de septiembre de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el 10 de octubre de 2015, conforme a lo dispuesto en su disposición final segunda, modificó la disposición adicional quinta del TRLCSP, relativa a los contratos reservados, dividiéndola en dos apartados, remitiendo a un Acuerdo del Consejo de Ministros u órgano competente de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales la fijación de porcentajes mínimos de reserva de contratos, y rebajando el porcentaje mínimo de discapacidad de los trabajadores afectados a un 30 por ciento. Además, extiende a las empresas de inserción la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, que ya existía para los Centros Especiales de Empleo, respecto de las personas con discapacidad.

 

7.-       El artículo 12 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, publicado en el B.O.E. nº 219, de 12 de septiembre de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el 12 de septiembre de 2015, de conformidad con lo establecido en su disposición final tercera, modificó el apartado 1 del artículo 75 del TRLCSP. De esta forma se ha adelantado la entrada en vigor de la redacción dada al artículo 75.1 del TRLCSP, por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, que había quedado supeditada a la aprobación del desarrollo reglamentario, que se ha producido por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que entró en vigor el 5 de noviembre de 2015. Asimismo añade un último párrafo al artículo 75.1 del TRLCSP, incluyendo un medio adicional, de acreditación de la solvencia económica y financiera para determinadas empresas, a los previstos en las letras a), b) y c) del citado apartado.

 

8.-       Por último, la modificación más importante de las relacionadas es la que se ha producido por La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015, que modifica en su disposición final novena el TRLCSP en los siguientes artículos: 60, 61, 150.2, 254, 256, 261, 271.1 y 3 y 288.1. Asimismo añade los artículos 61 bis, 271 bis, 271 ter y dos disposiciones: adicional trigésimo sexta y transitoria décima.

 

           La nueva redacción del artículo 60 introduce nuevas circunstancias que impedirán contratar con el sector público, entre las que destacan la ampliación de delitos por los que se haya sido condenado mediante sentencia firme y, para el supuesto de empresas con 50 o más trabajadores, el incumplimiento del requisito de que, al menos, el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, conforme a la legislación vigente, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. No obstante, la disposición transitoria décima, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, al año de su publicación en el B.O.E., de conformidad con lo dispuesto en la disposición final decimoctava de la Ley 4072015, difiere sus efectos hasta que se produzca el desarrollo reglamentario y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de dicho requisito y cómo se acreditará. Hasta ese momento, los órganos de contratación ponderarán su cumplimiento, cuando sea obligatorio, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. Asimismo, las circunstancias indicadas en el apartado 2 del artículo 60, que anteriormente eran aplicables únicamente a los contratos de las Administraciones Públicas, se extienden ahora a todo el sector público y se añade como nueva circunstancias la no formalización del contrato en plazo por causa imputable al adjudicatario. Además, desaparece la circunstancia de haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones Públicas,

 

           El artículo 61 cambia su título, denominándose ahora “Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento”, estableciendo nuevos plazos de duración de la prohibición de contratar, en función de los diferentes supuestos y trasladando parte de su contenido, el relativo a los efectos de la declaración de contratar, al nuevo artículo 61 bis, que desarrolla la normativa al respecto.

 

           Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 150, relativo a los criterios de valoración de las ofertas, estableciendo la obligación de que, en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios públicos en los que se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación o cualquier tipo de garantías, avales o ayudas a la empresa, figure como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.

 

           En la parte reguladora de los contratos de concesión de obras públicas, se añaden dos apartados, 3 y 4, al artículo 254, relativo a las aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación, disponiendo que todas las aportaciones públicas, garantías, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario habrán de estar previstas en el pliego de condiciones, y además habrá de determinarse la cuantía de las aportaciones públicas en el procedimiento de adjudicación, que no podrán incrementarse tras la adjudicación del contrato. Igual regulación establece la nueva redacción del artículo 256, en relación con las aportaciones públicas a la explotación de la obra, sin perjuicio del reequilibrio previsto en el artículo 258.

 

           El artículo 261, relativo al objeto de la hipoteca de la concesión, añade en su título “y pignoración de derechos” e incorpora un apartado 3, que indica que los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obras o de gestión de servicios públicos, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías, sólo podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que habrá de publicarse en el B.O.E. o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales.

 

           Se modifica la redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 271, relativo a los efectos de la resolución, especificando en el apartado 1 que se refiere a resolución por causa imputable a la Administración, y valorando la amortización de los bienes mediante un criterio lineal. Además, se establecen los efectos para el supuesto de que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración. La nueva redacción del apartado 3 lo divide, a su vez, en dos apartados, modifica la forma de calcular los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir para determinar la cuantía de la indemnización y añade además, para determinarla, la pérdida del valor de las obras o instalaciones que no hayan de ser entregadas a la Administración, considerando su grado de amortización.

 

           El artículo 271 bis regula el nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, mediante subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio, y el artículo 271 ter establece las reglas para determinar el tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, que se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad concesionaria por la explotación de la concesión hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años, incrementado en 300 puntos básicos.

 

           En cuanto a la regulación del contrato de gestión de servicios públicos, se modifica el apartado 1 del artículo 288, relativo a los efectos de la resolución, a semejanza de la nueva regulación al respecto para el contrato de concesión de obras públicas en el artículo 271.

 

           La modificación de todos estos artículos del TRLCSP entró en vigor el pasado día 22 de octubre, a los veinte días de su publicación en el B.O.E., conforme a lo dispuesto en la disposición final decimoctava de la Ley 40/2015.

 

           La nueva disposición adicional trigésimo sexta, que entrará en vigor el 2 de abril de 2016, a los seis meses de su publicación en el B.O.E., según lo dispuesto en la disposición final decimoctava de la citada Ley 40/2015, crea la Oficina Nacional de Evaluación, cuya finalidad es analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y de servicios públicos, a través de la evacuación de un informe preceptivo en determinados supuestos. Su composición, organización y funcionamiento se determinarán por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

 

9.-       Como consecuencia de la entrada en vigor de las normas relacionadas, esta Comisión Permanente considera preciso informar a los órganos de contratación acerca de los principales cambios que dichas normas has efectuado en el TRLCSP, o que afectan a los contratos del Sector Público, a fin de que puedan ser tenidos en cuenta para la preparación de los expedientes de contratación, mediante la adopción del siguiente

 

ACUERDO

 

           Informar a los órganos de contratación acerca de las últimas modificaciones del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de otras normas que afectan a los contratos del Sector Público, que se recogen en el Anexo que acompaña al presente Acuerdo.


ANEXO

 

EXTRACTO DE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE OTRAS NORMAS QUE AFECTAN A LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

 

·                En los concursos de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las Administraciones Públicas, se aplicarán las especialidades que se encuentren establecidas en la legislación de contratos del sector público y en la legislación específica reguladora de cada tipo de contrato administrativo. Además, en dichos concursos se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, pudiendo las Administraciones Públicas presentar dichas propuestas, pudiendo condicionarse la aprobación de la propuesta de convenio presentada en cada uno de los procedimientos concursales a la aprobación de las propuestas de convenio presentadas en los restantes procedimientos concursales acumulados (disposición adicional segunda ter de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).

 

·                En los concursos de empresas, en el supuesto de transmisión de unidades productivas, se cederán al adquiriente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no se hubiera solicitado, subrogándose el adquiriente en la posición contractual de la concursada sin precisar consentimiento de la otra parte. La cesión de contratos administrativos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP (artículo 146 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).

 

·                El órgano de contratación podrá incluir, entre las consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan, en su caso, en el procedimiento de contratación, las relativas a las condiciones de legalidad del aprovechamiento de la madera y sus productos derivados en origen como un factor excluyente en el supuesto de no acreditarse, así como las relativas a su sostenibilidad, que podrá acreditarse, entre otras formas, mediante la certificación forestal definida en el artículo 6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (artículo 35 bis de la citada Ley 43/2003).

 

·                Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que opten por no llevar su propio Registro independiente de licitadores y empresas clasificadas, previa suscripción de un convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrán inscribir de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público las prohibiciones de contratar cuya declaración les corresponda a aquéllas o a las entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como el resto de inscripciones relativas a las condiciones de aptitud o clasificación de los empresarios domiciliados en su ámbito territorial que lo soliciten. Estas inscripciones tendrán efectos acreditativos y de eficacia plena frente a todos los órganos de contratación del Sector Público (nueva redacción del artículo 327 del TRLCSP).

 

·                Los porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción que cumplan con los requisitos normativos para tener dicha consideración, o porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido serán fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros u órgano competente de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, a condición de que, al menos, el 30 por ciento de los empleados de dichas empresas y centros sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Asimismo, en el referido Acuerdo se fijarán las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de esta norma, a la que deberá hacerse referencia en el anuncio de licitación (nueva redacción de la disposición adicional quinta del TRLCSP).

 

·                El órgano de contratación podrá exigir, como medio adicional de acreditación de la solvencia económica y financiera para sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, que el período medio de pago a proveedores del empresario no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad (nueva redacción del artículo 75 del TRLCSP).

 

·                Se introducen nuevas circunstancias que impedirán contratar con el sector público, entre las que destacan (nueva redacción del artículo 60.1 del TRLCSP):

 

o     Delitos de terrorismo; constitución o integración de una organización o grupo criminal; financiación ilegal de los partidos políticos; trata de seres humanos; corrupción en los negocios; prevaricación; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios; blanqueo de capitales; delitos de urbanismo y protección del patrimonio histórico y falseamiento de la competencia.

 

o     Incumplimiento del requisito, para el supuesto de empresas con 50 o más trabajadores, de que, al menos, el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, conforme a la legislación vigente, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. No obstante, la disposición transitoria décima, que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016, difiere sus efectos hasta que se produzca el desarrollo reglamentario y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento de dicho requisito y cómo se acreditará. Hasta ese momento, los órganos de contratación ponderarán su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

 

o     La prohibición de contratar por incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable relativa al artículo 146 se extiende a la totalidad del mismo (antes sólo a lo previsto en el apartado 1.c).

 

o     Se traslada del apartado 2 al 1 del artículo 60 la circunstancia de estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2002, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

o     Se extiende la prohibición de contratar, en relación con los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos o incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, a los ascendientes y parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación, sus órganos delegados o sustitutos.

 

·                Las circunstancias de prohibición de contratar indicadas en el apartado 2 del artículo 60 se extienden a todo el sector público (antes aplicables únicamente a los contratos de las Administraciones públicas) y se añade como nueva circunstancia en este apartado la no formalización del contrato en plazo por causa imputable al adjudicatario. Además, desaparece la circunstancia de haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones Públicas y se especifica como nuevo requisito, en relación con el incumplimiento de las cláusulas esenciales del contrato (antes condiciones especiales de ejecución), que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios (nueva redacción del artículo 60.2 del TRLCSP).

 

·                El artículo 61 del TRLCSP pasa a denominarse “Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento” (antes “Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos”) y traslada parte de su contenido, el relativo a los efectos de la declaración de contratar, al artículo 61 bis. Las principales modificaciones del artículo 61 son las siguientes:

 

o     Se añade, como causa de prohibición de contratar de apreciación directa por los órganos de contratación, la establecida en el artículo 60.1.b).

 

o     Se añade que la competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el supuesto del artículo 60.1.e) respecto de la obligación de comunicar la información prevista en materia de clasificación y respecto del registro de licitadores y empresas clasificadas corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas u órganos competentes de las Comunidad Autónomas en este último supuesto.

 

o     Se establecen nuevos plazos de duración de la prohibición de contratar, en función de los diferentes supuestos: cinco años en los supuestos en que antes eran ocho y tres en los supuestos en que antes eran uno o dos años.

 

o     El procedimiento para la prohibición de contratar por no formalizar el contrato en plazo no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres meses desde la adjudicación.

 

o     El procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar en el supuesto del artículo 60.2.c) no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (antes tres meses).

 

·                Se añade un artículo 61 bis, denominado “Efectos de la declaración de la prohibición de contratar”, que desarrolla el contenido al respecto de la anterior redacción del artículo 60, en cuanto a la extensión o no de los efectos de las prohibiciones de contratar a todo el sector público y su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano que la haya declarado.

 

·                Se establece la obligación de que, en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios públicos en los que se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación o cualquier tipo de garantías, avales o ayudas a la empresa, figure como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación (nueva redacción del apartado 2 del artículo 150).

 

·                Todas las aportaciones públicas, garantías, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario en el contrato de concesión de obras públicas habrán de estar previstas en el pliego de condiciones, y además habrá de determinarse la cuantía de las aportaciones públicas en el procedimiento de adjudicación, no pudiendo incrementarse tras la adjudicación del contrato. (apartados, 3 y 4, al artículo 254). Igual regulación establece la nueva redacción del artículo 256, en relación con las aportaciones públicas a la explotación de la obra, sin perjuicio del reequilibrio previsto en el artículo 258.

 

·                Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obra o de gestión de servicio público, así como los derivados de las aportaciones públicas y de la ejecución de garantías, sólo podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que habrá de publicarse en el B.O.E. o en los diarios oficiales autonómicos o provinciales (apartado 3 del artículo 261, que añade en su título “y pignoración de derechos”).

 

·                Se modifica la redacción de los apartados 1 y 3 del artículo 271, relativo a los efectos de la resolución, especificando en el apartado 1 que se refiere a resolución por causa imputable a la Administración y valorando la amortización de los bienes mediante un criterio lineal. Además, se establecen los efectos para el supuesto de que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración. La nueva redacción del apartado 3 lo divide, a su vez, en dos apartados y modifica la forma de calcular los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir para determinar la cuantía de la indemnización y añade además para determinarla la pérdida del valor de las obras o instalaciones que no hayan de ser entregadas a la Administración, considerando su grado de amortización.

 

·                Se regula el proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, mediante subasta al alza, siendo el único criterio de adjudicación el precio (artículo 271 bis).

 

·                Se establecen las reglas para determinar el tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, que se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad concesionaria por la explotación de la concesión hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años, incrementado en 300 puntos básicos (artículo 271 ter).

 

·                Se modifica el apartado 1 del artículo 288, relativo a los efectos de la resolución en el contrato de gestión de servicios públicos, a semejanza de la nueva regulación al respecto del artículo 271 para el contrato de concesión de obras públicas.

 

·                Se crea la Oficina Nacional de Evaluación, cuya finalidad es analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y de servicios públicos, a través de la evacuación de un informe preceptivo en determinados supuestos. Su composición, organización y funcionamiento se determinarán por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (disposición adicional trigésimo sexta, que entrará en vigor el 2 de abril de 2016).