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¿Cómo funciona el arbitraje?

Arbitraje
El sistema arbitral de consumo es válido para resolver muchos de los problemas de los consumidores, pero no pueden ser objeto de arbitraje las cuestiones siguientes:
  • Si hay intoxicación, lesión, muerte o existan indicios de delito. Tampoco se admiten a trámite las causas sobre las que exista una resolución judicial firme.
  • En caso de que la discusión afecte a materias sobre las que las partes no tienen poder de libre disposición.
  • Si las partes no tienen capacidad de obrar o no pueden actuar por si mismas.

El arbitraje se desarrolla en varias etapas:

  • Presentación por escrito de la solicitud de arbitraje. Es necesario cumplimentar el impreso que le será facilitado en una Oficina Municipal de Información al Consumidor, en las asociaciones de consumidores adheridas al sistema arbitral, en la  Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid (C/ General Díaz Porlier, 35 de Madrid) o en esta página web. El escrito debe ser claro y conciso, concretando la petición, y debe ir acompañado de la documentación que estime necesaria (facturas, contratos, publicidad, etc.)
  • Admisión de la solicitud de arbitraje. El presidente de la junta arbitral tiene que admitir o rechazar la solicitud de arbitraje en el plazo máximo de un mes. Si no la admite, se notificarán al consumidor los motivos.
  • En caso de que la junta admita la solicitud, si la empresa está adherida al sistema arbitral, pasa directamente a trámite. Si no está adherida, se remite a la empresa para que elija si la acepta en ese caso concreto:
    • Si contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerará iniciado el procedimiento en la fecha de entrada de la aceptación en la Junta Arbitral y se acordará el inicio admitiendo a trámite la solicitud arbitral y se hará invitación a mediación previa, en el caso de que no conste realizado este trámite.
    • Si no acepta el arbitraje, el expediente se archiva en esta vía, por lo que el consumidor, para solucionar su problema,  debe dirigirse a los tribunales de justicia.
  • Mediación. La Junta Arbitral de Consumo intenta que las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de contar con la intervención de los árbitros, salvo que alguna de ellas se oponga a este trámite.
  • Designación del órgano arbitral. Si el conflicto no se resuelve con la mediación y la empresa está adherida al sistema arbitral o acepta, para ese caso, someter la cuestión a arbitraje, el presidente designa un órgano arbitral para conocer el asunto. Este puede estar constituido por uno o por tres árbitros.  
  • La audiencia. Tras designarse el órgano arbitral, se establece una fecha y un lugar para la audiencia, que puede ser presencial (personalmente o a través de un representante), escrita (las partes remiten a la junta arbitral sus alegaciones por escrito), por videoconferencia o por medios electrónicos. Durante la vista, las partes (consumidor y empresario) pueden exponer sus alegaciones  y aportar las pruebas y la documentación que consideren convenientes. Además, el órgano arbitral puede acordar la realización de las pruebas que considere oportunas (de oficio o a propuesta de las partes). Los gastos ocasionados por la realización de las pruebas los paga la parte que la haya propuesto.
  • Laudo dictado por el colegio arbitral. Después de examinar toda la documentación, el tribunal arbitral pone fin a la controversia emitiendo una resolución denominada laudo, que obliga a las dos partes a su cumplimiento y es ejecutivo desde su notificación. En caso de que una de las partes incumpla el laudo, la otra puede solicitar su ejecución ante el juez de primera instancia del lugar donde se haya dictado. El laudo cierra la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia por la misma causa.

Acciones contra el laudo

El laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme y, por tanto, las partes no pueden recurrir la decisión contenida en él, únicamente pueden ejercitar las acciones siguientes: 

  • En los diez días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes (con notificación a la otra) puede solicitar a los árbitros:
    • La corrección de cualquier error de cálculo, copia, tipográfico o de naturaleza similar.
    • La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.
    • Un complemento del laudo en relación a peticiones formuladas y no resueltas en él.
    • La rectificación parcial del laudo, cuando se pronuncia sobre asuntos que no le competen o que no son planteables al arbitraje.

 Por último, las partes, excepcionalmente, podrán interponer:

  • Solicitud de anulación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses desde la notificación del laudo, siempre que se de alguno de los motivos recogidos en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Arbitraje.
  • Recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, conforme a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.