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Información red de alertas de productos inseguros

Notificaciones Red de Alerta. Toda la información de un solo golpe de vista
Todo producto introducido en el mercado nacional debe ser seguro. Así lo establece el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, normativa que transpone la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos.

Este Real Decreto tiene, por tanto, el objetivo principal de garantizar que los productos puestos en el mercado sean seguros. Afecta a los fabricantes, importadores y distribuidores que están obligados, a través de estas dos disposiciones y de su normativa sectorial específica, a poner en el mercado productos seguros.

En ambas normativas se define como producto seguro, aquel que, “en condiciones de utilización normales o razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duración y, si procede, de puesta en servicio, instalación y de mantenimiento, no presente riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud y de la seguridad de las personas”. Teniendo en cuenta, para ello, los siguientes elementos:

  • Las características del producto, entre ellas su composición y envase.
  • El efecto sobre otros productos, cuando se pueda prever la utilización del primero junto con los segundos.
  • La información que acompaña al producto. En particular, el etiquetado; los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminación; las instrucciones de montaje y, si procede, instalación y mantenimiento, así como cualquier otra indicación o información relativa al producto.
  • La presentación y publicidad del producto.
  • Las categorías de consumidores que estén en condiciones de riesgo en la utilización del producto, en particular, los niños y las personas mayores.

La posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad o de obtener otros productos que presenten menor grado de riesgo no será razón suficiente para considerar que un producto es inseguro.

Además, la normativa establece qué medidas se pueden adoptar frente a productos que presenten riesgo.

Cuando las autoridades competentes o los propios fabricantes, importadores o distribuidores detecten que se ha puesto un producto inseguro o peligroso en el mercado, se deberán realizar las acciones necesarias para poner el producto en conformidad o, en su caso, retirado del mercado.

Los productores, fabricantes y distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han introducido en el mercado no es conforme con la legislación nacional o comunitaria, deben adoptar inmediatamente las medidas correctoras necesarias para hacerlo conforme o para retirarlo y, si procede, pedir su devolución.

Además, si el producto presenta un riesgo, los productores, importadores y distribuidores deben informar inmediatamente de ello a las autoridades nacionales competentes y darán detalles, en particular, sobre la no conformidad y las medidas adoptadas.

¿Qué es la red de alerta de productos inseguros?
Es un sistema basado en el intercambio rápido de información entre las administraciones encargadas del control y vigilancia del mercado, sobre un producto que pueda suponer un riesgo para los consumidores. Tiene como objetivo contribuir a la seguridad de los consumidores y a la protección de su salud mediante un sistema de información sobre los productos peligrosos.

Este sistema nacional de intercambio rápido se integra dentro del RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products), sistema de alerta rápida de productos peligrosos no alimenticios de la Unión Europea. Recogido en la directiva europea 2001/95/CE, nace con el objetivo de que los estados miembros y la Comisión se comuniquen con rapidez, compartiendo información sobre las medidas adoptadas y las acciones emprendidas en relación con productos inseguros o peligrosos para los consumidores.

El sistema nacional y el RAPEX contribuyen a impedir y limitar el suministro de productos que entrañan un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores y facilitan el control de la eficacia y la coherencia de las actividades de vigilancia del mercado y las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa en los Estados miembros.

Proporcionan, además, una base para determinar la necesidad de actuar a nivel nacional y comunitario y contribuyen a la aplicación de las exigencias reglamentarias en materia de seguridad de los productos ayudando, por tanto, al buen funcionamiento del mercado interior.

El sistema afecta a cualquier producto destinado al consumidor en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o reacondicionado. En cambio, no se aplica a los productos farmacéuticos, los animales, los productos de origen animal y las situaciones de urgencia radiológica que son objeto de notificaciones equivalentes. En este sentido, los productos introducidos en la red de alerta nacional más habituales suelen ser juguetes, lámparas, productos eléctricos, artículos de puericultura, vehículos etc.

Las autoridades nacionales evalúan el riesgo en cada caso individual. En el caso de que exista un peligro grave e inmediato, la autoridad nacional advierte y, en su caso, requiere, en la medida de lo posible y de modo apropiado, al productor o al distribuidor a fin de recoger información sobre el producto y la naturaleza del peligro. Ello debe permitir adoptar medidas que garanticen la protección de los consumidores perturbando lo menos posible los intercambios comerciales.

¿De dónde procede la información?

Existen varias formas de detectar un producto peligroso:

  • A través de las denuncias de los propios consumidores. Cuando un usuario percibe algún indicio de que un artículo no cumple con las normas de seguridad o no ofrece la información obligatoria en su etiquetado, puede acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor más cercana a su domicilio, o a la Dirección General de Comercio y Consumo, y denunciarlo, describiendo el producto (marca, modelo, lugar y fecha de adquisición, y tipo de problema que presenta) y aportando sus datos de contacto. también puede hacerlo a través de Internet.
  • Campañas de inspección y control llevadas a cabo periódicamente por los organismos de consumo.
  • Comunicaciones y notificaciones que realizan otras comunidades autónomas
  • Notificaciones de otros estados miembros de la Unión Europea.
  • Información que aportan los productores y distribuidores, cuando realizan controles internos de calidad y detectan alguna incidencia que afecta a la seguridad de los consumidores. Ellos mismos comunican las medidas que van a adopta a la administración y a los consumidores.

Punto de contacto de la red de alerta de la Comunidad de Madrid

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid es la encargada de:

  • Gestionar las alertas que tienen su origen en la Unión Europea, en alguno de los estados o bien, las notificadas por otras comunidades autónomas.
  • Emitir notificaciones de productos inseguros detectados en su ámbito territorial.

Los ayuntamientos que tienen asumidas las competencias en materia de control de mercado son los encargados de realizar las actuaciones pertinentes sobre los productos incluidos en la red y que se comercializan dentro de su municipio.