Todos somos consumidores desde el momento que compramos un producto o contratamos un servicio, como particulares, a una empresa.
Sin embargo, cuando sentimos vulnerados nuestros derechos o tenemos alguna queja contra esa empresa por el producto adquirido o el servicio contratado, en ocasiones no sabemos a quién dirigirnos, quién puede informarnos de si tenemos derecho a protestar o no y quién puede ayudarnos a reclamar.
Existen organismos privados y públicos que informan y defienden los derechos del consumidor.
Asociaciones de consumidores
Son entidades privadas sin ánimo de lucro, aunque pueden cobrar por sus servicios a las personas que los requieran y no estén asociadas. Sus funciones son:
informar a los consumidores sobre sus derechos
defender sus intereses individuales y colectivos, a través de sus servicios de asesoramiento jurídico
intentar solucionar los conflictos a través de diversos canales:
la mediación (entre la empresa y el consumidor)
ejerciendo las acciones oportunas ante la administración pública competente, en el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid (transmitiendo la reclamación al organismo correspondiente)
acudiendo a la vía arbitral de consumo o a los tribunales de justicia (presentando en nombre del consumidor la solicitud de arbitraje o la denuncia, en su caso)
aportar sus ideas en la elaboración de la normativa que afecta a los consumidores
desarrollar labores de educación y formación de los consumidores a través de diferentes iniciativas.
Por otro lado, las asociaciones de consumidores, a través de convenios y subvenciones con la administración pública, atienden las oficinas regionales de información al consumidor en municipios que, por sus características, no disponen de servicios municipales de consumo. De esta manera, la administración y las asociaciones llegan a localidades que de otro modo, no dispondrían de atención al consumidor.
Se puede consultar el listado de asociaciones registradas en la Comunidad de Madrid pinchando aquí.
Organismos públicos
Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid: atiende al consumidor tanto en sus instalaciones (Gran Vía, 10. Madrid), como en pequeños municipios hasta donde se desplazan técnicos en consumo, básicamente para los servicios de asesoramiento y recepción de reclamaciones.
Oficinas municipales de información al consumidor (OMIC): servicio gratuito que los ayuntamientos prestan a sus vecinos, para que, a través de ellas, el consumidor formule consultas y presente quejas y reclamaciones. Se pueden consultar
aquí.
Juntas arbitrales de consumo: instituciones de carácter municipal, regional o nacional, cuya función es resolver las solicitudes de arbitraje que se le formulan, es decir, los conflictos entre consumidores y empresarios cuya solución se busca a través del sistema de arbitraje de consumo. Se pueden consultar los organismos de arbitraje pinchando
aquí.
Además de las labores de intermediación, los organismos de consumo de la administración pública realizan otras labores para la protección de los consumidores:
Resolución de las consultas que formulen tanto empresarios como consumidores sobre cuestiones relativas a consumo.
Desarrollo de diferentes actividades de formación del consumidor (talleres escolares, cursos para personas mayores o colectivos de especial protección en el ámbito de consumo, seminarios especializados en normativa de consumo para empresas).
Desarrollo de actuaciones de investigación para comprobar si se cumple o no la normativa de protección al consumidor, que podrán dar origen a la imposición de una multa (o incluso el cierre de la actividad) si se acredita que se ha cometido una infracción, es decir, se ha incumplido la norma.