Madrid Puerta de Europa

Es un medio alternativo de resolución de conflictos impulsado por la Comisión Europea como fórmula extra-judicial de resolver de forma rápida y eficaz las situaciones en las que una empresa o particular detecta que un Estado miembro incumple o aplica de forma incorrecta alguna norma de derecho comunitario relacionada con el establecimiento del mercado interior.

El sistema, denominado SOLVIT, pretende facilitar al ciudadano y a las empresas el ejercicio de los derechos que las normas comunitarias establecen en materia de libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, sin necesidad de iniciar procedimientos legales. Es, por tanto, una forma previa de resolución de conflictos que pretende evitar las desventajas que presenta el proceso por incumplimiento de un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Con la denominación de "Consejo", existen tres organismos distintos, pero que con frecuencia se confunden: Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo y Consejo de Europa.

Los dos primeros se refieren a una misma institución de la Unión Europea (el Consejo de la Unión Europea), integrada por los ministros de cada estado miembro, en representación de su país. En ocasiones, a las reuniones del Consejo de la Unión Europea acuden los propios Jefes de Estado o de Gobierno de cada Estado miembro: son los denominados Consejos Europeos.

Por su parte, el Consejo de Europa es un organismo intergubernamental que nada tiene que ver con la Unión Europea. Fue creado en 1949 (antes, por tanto, de que se crearan las Comunidades Europeas), y actualmente está compuesto por 47 miembros (frente a los 27 Estados miembros que tiene la Unión Europea.

La Agencia fue creada por el Reglamento CEE n° 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990 (DO n° L 120, de 11 de mayo de 1990), modificado por el Reglamento (CE) n° 933/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999 (DO L 117, de 5 de mayo de 1999) y por el reglamento (CE) n° 1641/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003, (Diario Oficial n° L 245 de 29/09/2003 p. 0001 - 0003 )

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) comenzó sus actividades en 1995, con la misión de reunir y difundir información específica, pertinente y fiable sobre el estado y la evolución del medio ambiente a nivel europeo. El reglamento de base de la AEMA estipula que la Agencia está abierta a los países no miembros de la Unión Europea que compartan su interés por el medio ambiente. Islandia, Liechtenstein y Noruega forman parte de la Agencia desde su creación.

Además, coopera activamente con otras agencias y organizaciones internacionales y publica cada año los Indicadores Ambientales, así como otros informes. Todas estas publicaciones pueden descargarse gratuitamente en la página web de la AEMA

Son 31 miembros, Otros países miembros de la AEMA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (más los 27 países de la UE). Para más información

A petición del Consejo Europeo de junio de 2007, la Conferencia Intergubernamental (CIG) 2007 elaboró un nuevo Tratado de Reforma para responder a las necesidades de modernización de la UE cuyos principales objetivos son los siguientes:

• una UE más democrática, que responda a las elevadas expectativas ciudadanas de responsabilidad, apertura, transparencia y participación;
• una UE más eficaz y capaz de afrontar los retos del mundo de hoy, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible.

El Consejo informal de Lisboa de 18 y 19 de octubre aprobó el texto definitivo elaborado por la CIG, los Estados miembros firmaron en diciembre de 2007. Posteriormente, el Tratado será ratificado en los 27 países. Se espera que el nuevo Tratado entre en vigor antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2009.

El Comité de las Regiones, creado por el Tratado de Maastricht en 1994, es un órgano consultivo de la Unión Europea en el que participan entes locales y regionales de todos los Estados Miembros de la Unión Europea. El Comité está formado por 344 miembros y el mismo número de suplentes, todos ellos nombrados por cuatro años por el Consejo, a propuesta de los Estados respectivos.

Los Tratados obligan a la Comisión y al Consejo a consultar al Comité de las Regiones en los siguientes ámbitos: cohesión económica y social, redes de infraestructuras transeuropeas, salud, educación, cultura, empleo, política social, medio ambiente, formación profesional y transporte. El Comité organiza sus trabajos a través de seis Comisiones especializadas, que tienen por función la elaboración de proyectos de dictamen y de resolución, que se presentan en la sesión plenaria para su adopción por todos los miembros del CDR. El Comité de Regiones celebra 5 Sesiones Plenarias al año, en Bruselas, y sus Comisiones se reúnen hasta un máximo de 6 veces al año.

La Comunidad Autónoma de Madrid está representada en el CdR por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre Gil de Biedma, miembro titular, y por el Director General de Asuntos Europeos, Ilmo. Sr. D. Antonio González Terol, como miembro suplente.

La configuración de España como Estado autonómico supone que la Unión Europea adopta decisiones sobre materias que en el orden interno son de la competencia de las Comunidades Autónomas y que éstas están llamadas a ejecutar.

La Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades se creó en 1997 con el fin de informar a las Comunidades Autónomas de los asuntos de la UE en los que éstas se vieran afectadas. Está presidida por el Ministro para las Administraciones Públicas e integrada por un Consejero por cada Comunidad Autónoma, el Secretario de Estado de Asuntos Europeos y el Secretario de Estado de Administración territorial.

Las Conferencias sectoriales reúnen al Ministro y a los Consejeros autonómicos competentes en la materia, para abordar la posición española en cada una de las formaciones del Consejo de la Unión Europea. Estas conferencias completan la labor de coordinación de las administraciones central y autonómica.

La Consejería para Asuntos Autonómicos, en la REPER se creó en 1996 y permitió arbitrar un sistema de relaciones entre las Oficinas de las Comunidades Autónomas existentes en Bruselas y la unidad orgánica acreditada por el Estado español ante la Unión Europea, es decir la REPER, como encargada de asegurar la presencia de España en las instituciones y órganos dependientes de la misma.

A raíz de los Acuerdos adoptados por la CARCE (Conferencia para los asuntos relacionados con las CCAA) en 2005, en los que se establecía la participación de las CCAA en 4 formaciones del Consejo (Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores (incluido Turismo), Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Educación, Juventud y Cultura) se decidió que los Consejeros Autonómicos, propuestos por las CCAA, facilitasen y coordinasen la participación de éstas en los consejos de ministros, precisando la secuencia de dicha participación desde la información previa sobre las reuniones de los Grupos de trabajo e instancias preparatorias, la asistencia a las reuniones, la forma de intervenir en las reuniones por parte de los representantes autonómicos, hasta la formación de la delegación española en los Consejos de Ministros.

Para poder acceder al programa Erasmus, deben cumplirse los siguientes requisitos:

• Ser estudiante matriculado en un programa de estudios superiores para la obtención de un título superior, incluido el doctorado, en uno de los países participantes.
• Ser ciudadano de uno de los Estados participantes.
• Haber finalizado como mínimo el primer curso de los estudios universitarios.

El Programa Erasmus está abierto a cualquier Universidad que quiera participar en el programa y que cumpla con las dos condiciones siguientes:

• Estar reconocida por las autoridades nacionales como apta para participar en el Programa Erasmus.
• Haber obtenido una Carta Universitaria Erasmus de la Comisión Europea.

La Comisión Europea gestiona diferentes programas comunitarios, concediendo ayudas a organismos públicos o privados, universidades, empresas, ONGs, etc. a través de la publicación de convocatorias. Estas ayudas se conceden en aplicación de las diferentes políticas comunitarias en ámbitos como la investigación y el desarrollo (Séptimo Programa Marco), la sociedad de la información (eContentplus, etc.), la educación (Leonardo a Vinci, Sócrates, etc.), el medio ambiente (LIFE; etc.), la energía (Programa Energía Inteligente Europa), etc.

A pesar de que cada programa presenta sus propios mecanismos y reglas de participación, existen algunas características generales comunes, como:

• la plurianualidad: su duración se extiende durante varios años publicándose sus convocatorias periódicamente.
• la transnacionalidad: normalmente es necesaria la participación de socios de otros Estados miembros y/o terceros países que otorgan al proyecto el valor añadido comunitario que necesitan.
• el efecto demostrativo: carácter de proyectos innovadores para solucionar problemas en relación con las políticas europeas.

La Unidad de Representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas, adscrita a la Dirección General de Asuntos Europeos, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Administraciones Públicas, tiene como objetivos la defensa y promoción de los intereses multisectoriales de la región ante la UE , así como la información y formación relativas a las políticas comunitarias, mediante los siguientes servicios:

• La interlocución ante las Instituciones Comunitarias y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, el seguimiento del proceso de toma de decisiones y obtención de información en relación con aquellas iniciativas legislativas de la Unión Europea que afecten las competencias o los intereses de la Comunidad Autónoma
• El asesoramiento en la presentación de proyectos financiables por las Instituciones comunitarias.
• La formación en asuntos de la Unión Europea mediante la organización de seminarios o actividades similares en Bruselas.
• La promoción de la Comunidad de Madrid ante las Instituciones comunitarias.

La Unión Europea dispone de «recursos propios» para financiar sus gastos. Legalmente, estos recursos pertenecen a la Unión. Los Estados miembros los recaudan en nombre de la UE y los transfieren al presupuesto de la UE.

Los recursos propios son de tres clases (las cifras que aparecen en el texto se refieren a las previsiones de 2007):

• Recursos propios tradicionales (RPT). Consisten principalmente en derechos que gravan las importaciones de productos procedentes de terceros Estados. Ascienden a aproximadamente 17 300 millones de euros, un 15 % de los ingresos totales.
• El recurso basado en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) supone la aplicación de un tipo uniforme a los ingresos IVA armonizados de cada Estado miembro. Los recursos procedentes del IVA ascienden a aproximadamente 17 800 millones de euros, un 15 % de los ingresos totales.
• El recurso basado en la renta nacional bruta (RNB) consiste en la aplicación de un tipo uniforme (0,73 %) a la RNB de cada Estado miembro. Aunque sólo se utiliza para completar los recursos necesarios, se ha convertido en la mayor fuente de ingresos, ascendiendo actualmente a 80 000 millones de euros, un 69 % de los ingresos totales.

Más información

El Parlamento europeo adoptó el presupuesto de la Unión Europea para el año 2008, el 18 de diciembre de 2007.

En 2008, por primera vez, la partida más elevada del presupuesto de la Unión Europea-un 45% del gasto-estará dedicada a medidas destinadas a dinamizar el crecimiento económico y a reforzar la cohesión en los 27 países de la UE. La opción de incrementar los gastos a favor de la competitividad, muestra que Europa está decidida a prosperar en una economía mundial en constante evolución, aunque asegurando un apoyo estable a la agricultura., que continuará recibiendo más de un 40% del presupuesto de la UE.

El prepuesto 2008 se eleva a 129,1 miles de millones de euros, lo que constituye un incremento moderado pero constante del 2,2% en relación a 2007. Este montante representa un 1,03% de la renta nacional bruta de la UE (RNB)

Holanda es un reino, cuyo nombre completo es el Reino de los Países Bajos. El Reino está formado, además de los Países Bajos en Europa, por algunas islas caribeñas: las Antillas Holandesas y Aruba.

Los Países Bajos se conocen también popularmente como Holanda, aunque éste es realmente el nombre de las dos provincias costeras más occidentales: Holanda del Norte y Holanda del Sur, que han desempeñado un papel muy importante en la historia y la economía del país por su ubicación junto al mar. Tanto, que por eso se utiliza esa parte del territorio –Holanda- para designar el todo –Países Bajos-.

No obstante, el nombre oficial es el Reino de los Países Bajos o, para mayor brevedad, los Países Bajos.

Un ciudadano tiene la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia o al Tribunal de Primera Instancia a través de dos mecanismos, uno indirecto y otro directo.

En primer lugar, puede hacerlo cuando un asunto esté siendo tratado por los Tribunales nacionales. Ante un problema jurídico relativo al Derecho comunitario, el Juez nacional que conoce del asunto puede suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial, pidiendo al Tribunal de Justicia que interprete o controle la legalidad de una norma jurídica comunitaria. Así, el ciudadano puede acceder al Tribunal de Justicia a través de este procedimiento.

Un ciudadano puede, asimismo, impugnar directamente ante el Tribunal de Primera Instancia una decisión de una Institución comunitaria. Para ello, es preciso que sea el destinatario de la decisión (es decir, que vaya dirigida a él) o que el acto de que se trate le afecte directa e individualmente.

Por el contrario, un particular no puede interponer recurso contra otra persona (física o jurídica) o contra un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia.

Si una persona, empresa o institución que viva o tenga su sede en la Unión Europea considera que ha sido víctima de la mala gestión de una institución u órgano de la UE la primera cosa que debe hacer es contactar a dicha institución u órgano a través de los canales administrativos usuales e intentar conseguir que se solucione la situación.

Si esta gestión falla se puede recurrir al Defensor del Pueblo Europeo.

La denuncia debe presentarse en un plazo de dos años desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la mala gestión, identificándose fehacientemente y exponiendo la queja con claridad, aunque puede solicitarse que se otorgue a la denuncia carácter confidencial. En caso necesario el Defensor del Pueblo puede aconsejar ponerse en contacto con otra autoridad.

El Defensor no investigará la denuncia si los hechos son o han sido tratados por un tribunal.

El Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, que establece los principios generales y los límites que regulan el ejercicio de este derecho. (DO L 145, de 31 de mayo de 2001)

Los Libros Verdes son documentos de reflexión publicados por la Comisión sobre un ámbito político específico. Estos documentos están especialmente destinados a las partes interesadas - organismos y particulares - invitadas a participar en el proceso de consulta y debate. En algunos casos, pueden conducir a desarrollos legislativos ulteriores.

Los Libros Blancos son documentos que contienen propuestas de acción comunitaria en un ámbito específico. A veces son la continuación de un Libro Verde publicado con el fin de iniciar un proceso de consulta en el ámbito europeo. Mientras que los Libros Verdes exponen un abanico de ideas con fines de debate público, los Libros Blancos contienen un conjunto oficial de propuestas en ámbitos políticos específicos y constituyen la guía para llevarlas a cabo.

El euro es la moneda de curso legal de 300 millones de personas en Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Malta y Chipre. El símbolo del euro es €.

El euro se utiliza también en Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino, y, por supuesto, en Azores, Canarias, Guyana, Guadalupe, Madeira, Martinica, Mayotte, Reunión y San Pedro y Miquelón, pues forman parte de países de la Unión Europea donde se usa el euro.

Los billetes de euro son idénticos en todos los países, pero cada uno de ellos acuña sus propias monedas, con una cara común y otra que exhibe un emblema nacional distintivo. Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino han acuñado también sus propias monedas de euro. Todos los billetes y todas las monedas valen para pagar en cualquier parte de la zona euro.

Por el momento, Dinamarca, Reino Unido y Suecia no utilizan la moneda única. Eslovenia se incorporó a la zona del euro en enero de 2007, y los otros once países que entraron en la UE en 2004 se han comprometido a adoptar el euro cuando estén preparados. Algunas tiendas de países no pertenecientes a la zona euro aceptan pagos en dicha moneda, pero no están obligadas a hacerlo.

La Comisión actúa como "guardiana de los Tratados", lo que significa que, junto con el Tribunal de Justicia, es responsable de garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE en todos los Estados miembros.

Si constata que un Estado miembro no aplica una ley de la Unión, y por lo tanto no cumple sus obligaciones legales, la Comisión adoptará medidas correctivas.

En primer lugar pone en marcha un proceso jurídico llamado "procedimiento de infracción" que consiste en el envío de una carta oficial al Estado miembro, en la que se expone por qué la Comisión considera que ese país infringe la normativa comunitaria y se establece un plazo para que el gobierno ofrezca a la Comisión una respuesta motivada.

Si este procedimiento no permite corregir la situación, la Comisión remite el asunto al Tribunal de Justicia, que puede imponer sanciones. Las sentencias del Tribunal son de obligado cumplimiento para los Estados miembros y las instituciones europeas.

Contrariamente a ciertos usos, estos dos términos no son sinónimos:

• «Gaélico» se aplica al grupo de lenguas de los hablantes célticos de Irlanda y de Escocia
• «Irlandés» se aplica a la lengua de los hablantes célticos de Irlanda

La primera lengua oficial de Irlanda es el irlandés (el inglés goza del estatuto de segunda lengua oficial).

La expresión «zona del euro» designa el conjunto de los países que participan en la moneda única. Los términos «eurozona», «zona euro» u otros no deben utilizarse.

Las lenguas oficiales de la UE y sus correspondientes abreviaturas son las siguientes:

• български (Bălgarski) - BG – Búlgaro
• Čeština - CS - Checo
• Dansk - DA – Danés
• Deutsch - DE – Alemán
• Eesti - ET - Estonio
• Elinika - EL - Griego
• English - EN - Inglés
• Español - ES - Español
• Français - FR - Francés
• Gaeilge - GA - Irlandés
• Italiano - IT - Italiano
• Latviesu valoda - LV - Letón
• Lietuviu kalba - LT - Lituano
• Magyar - HU - Húngaro
• Malti - MT - Maltés
• Nederlands - NL - Neerlandés
• Polski - PL - Polaco
• Português - PT - Portugués
• Română - RO - Rumano
• Slovenčina - SK - Eslovaco
• Slovenščina - SL - Esloveno
• Suomi - FI - Finés
• Svenska - SV - Sueco

• El Parlamento Europeo
  1. Denominación completa y oficial: Parlamento Europeo
  2. Denominación corriente (nombre abreviado): Parlamento Europeo (Parlamento)
  3. Abreviatura: PE
• El Consejo de la Unión Europea
1. Denominación completa y oficial: Consejo de la Unión Europea
2. Denominación corriente (nombre abreviado): Consejo de la Unión Europea (Consejo). También, Consejo de Ministros (en sentido amplio) o Consejo de Agricultura, por ejemplo, cuando es especializado. Abreviatura: No tiene
• a Comisión de las Comunidades Europeas
1. Denominación completa y oficial: Comisión de las Comunidades Europeas
2. Denominación corriente (nombre abreviado): Comisión Europea (Comisión)
3. Abreviatura: No tiene y no se debe utilizar nunca ni CCE, ni CE.
• El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
1. Denominación completa y oficial: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
2. Denominación corriente (nombre abreviado): Tribunal de Justicia (Tribunal) Abreviatura: TJCE
• El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
1. Denominación completa y oficial: Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
2. Denominación corriente (nombre abreviado): Tribunal de Primera Instancia (Tribunal) Abreviatura: TPICE
• El Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas
1. Denominación completa y oficial: Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas. Esta es una denominación poco utilizada. En el Diario Oficial siempre aparece como Tribunal de Cuentas
2. Denominación corriente (nombre abreviado): Tribunal de Cuentas Europeo (Tribunal de Cuentas, Tribunal) Abreviatura: No tiene

Las instituciones de la UE deben ser citados en el siguiente orden protocolario:

• 1. El Parlamento Europeo
• 2. El Consejo de la Unión Europea
• 3. La Comisión Europea
• 4. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• 5. El Tribunal de Cuentas Europeo

Los nombres de los Estados miembros de la Unión Europea deben escribirse y abreviarse de manera uniforme, de acuerdo con las siguientes normas: se utilizarán los códigos ISO de dos letras, salvo para Grecia y el Reino Unido, que conservan los códigos EL y UK, respectivamente. El orden protocolario corresponde al orden alfabético de los nombres geográficos en su grafía original.

La UE actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Tratados y de los objetivos que estos le asignan.

En los ámbitos que no son de su competencia exclusiva, la Unión puede intervenir conforme al principio de subsidiariedad, pero sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor a nivel comunitario.
Las razones para concluir que un objetivo puede lograrse mejor a nivel de la Unión, debe reunir ambos aspectos del principio de subsidiariedad: que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados por los Estados miembros en el marco de su sistema constitucional nacional y, por consiguiente, pueden lograrse mejor mediante una actuación de la Unión.

Por lo tanto, el "principio de subsidiariedad" significa que la Unión no adopta medidas (excepto en asuntos para los cuales es la única responsable) a menos que ello resulte más eficaz que la adopción de medidas a nivel nacional, regional o local.

Es relativamente frecuente llamar al “Diario Oficial de la Unión Europea”, “Boletín Oficial de la Unión Europea”, ya que en la mayoría de los Estados miembros las publicaciones oficiales de la legislación suelen tener ese nombre u otro similar, como, por ejemplo, España donde se llama Boletín Oficial del Estado.

El Boletín de la Unión Europea, es una publicación meramente informativa, que contiene un resumen mensual de las actividades de las instituciones de la UE. Lo edita la Secretaría General de la Comisión Europea, y se publica diez veces al año en todas las lenguas comunitarias.

Sin embargo, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) se publica diariamente en las 23 lenguas oficiales y consta de la serie L (Legislación) y la serie C (Comunicaciones e Informaciones). Así pues, únicamente se consideran auténticos los textos legales publicados en las ediciones impresas del Diario Oficial de la Unión Europea.