a) La legalización de los documentos que deban surtir efectos en el extranjero, previo visado de los Secretarios Generales Técnicos, de los Gerentes o Directores de la Administración Institucional o de aquellos Directores Generales que, por Orden, determine el Consejero de Presidencia, así como el reconocimiento de firma de los órganos con facultades de visado. Se exceptúan los documentos académicos, cuya legalización corresponderá a la Administración educativa.
   
b) El análisis de los efectos de las políticas comunitarias en la Comunidad de Madrid, en colaboración con las Consejerías competentes por razón de la materia, así como propuestas de actuaciones derivadas de dicho análisis.
 
c) La coordinación en materia de control comunitario de ayudas públicas a empresas y emisión de informe sobre la necesidad de notificación a la Comisión Europea, incluida, en su caso, la notificación previa de las ayudas a la Comisión Europea.
 
d) La coordinación en materia de procedimientos de infracción del Derecho Comunitario, incluido el control y canalización de las notificaciones que, como consecuencia de los mismos, deba hacerse a las Instituciones Europeas.
 
e) El control y canalización hacia las Instituciones Europeas, y en particular hacia la Comisión Europea, de las comunicaciones oficiales que deban realizarse como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones de notificación de Reglamentaciones Técnicas y del procedimiento de información mutua derivadas del ordenamiento jurídico comunitario.

f) La coordinación y resolución de los procedimientos SOLVIT planteados por los ciudadanos ante las Instituciones europeas como consecuencia del incumplimiento de la normativa comunitaria de libre circulación por parte de la Comunidad de Madrid.