INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 26 DE FEBRERO DE 2010 RELATIVO A LA CERTIFICACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE OBRAS.

 

Modalidad de informe: Otros informes.

Área temática: Contratación.

Informe vigente.

 

Esta Intervención General considera necesario emitir informe en relación con la certificación final del contrato de obras. Específicamente han de ser abordadas las consecuencias y efectos que, desde un punto de vista fiscal, produce el hecho de que la certificación final incluya unidades de obra ejecutadas con carácter previo al expediente de modificación contractual que se aprobó durante la ejecución de la obra.

 

El supuesto concreto que motiva el presente informe hace referencia a contratos de obra, en los que se ha tramitado un proyecto modificado, en los que no se han incluido determinadas variaciones de obra ejecutadas con anterioridad a la tramitación de la modificación contractual, pese a existir obligación de incluirlas de acuerdo con el artículo 160.2 del Real Decreto 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ¿en adelante RGLCAP-. No obstante lo anterior, estas variaciones se incluyen en el momento de realizar la certificación final del contrato.

 

De acuerdo con lo anterior, se considera necesario emitir informe sobre la fase de certificación final del contrato de obras con expresión de las cuestiones concretas que deben ser reflejadas en dicha certificación.

 

Sobre esta cuestión se formulan las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

I

 

La primera consideración de este informe ha de versar, necesariamente, sobre una explicación de carácter general relativa a la certificación final del contrato de obras.

 

La <<certificación final>> de las obras (artículo 218.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ¿en adelante LCSP-), es una comprobación (medición+valoración al origen) de toda la obra ejecutada. La certificación final de las obras conlleva la realización de los siguientes trámites:

 

  1. Medición general efectuada por el Director facultativo de las obras con la asistencia del contratista.
  2. Acta de la medición general (por triplicado).
  3. El contratista dispone de cinco días hábiles para prestar su conformidad o formular los reparos que estime oportunos a los resultados de la medición.
  4. Relación valorada general.
  5. Certificación final de la obra.
  6. Aprobación de la certificación final de la obra por el órgano de contratación (en el plazo de tres meses contados desde la recepción).
  7. Pago de la certificación final de la obra.

 

 

Dado el objeto del presente informe y una vez expuestos los trámites que es preciso realizar para emitir la certificación de las obras, procede exponer, sin ánimo exhaustivo, el régimen de modificación del contrato de obras. Las modificaciones del contrato de obras pueden esquematizarse en tres grupos:

 

 

 

Poniendo en conjunción las normas sobre certificación final del contrato de obras y las normas relativas a modificaciones contractuales, se debe afirmar que en aquellos contratos de obra en los que se han introducido unidades de obra por encima de las previstas ¿a las que se refiere el artículo 160.1 del RCLCAP- y, con posterioridad a la ejecución de dichas nuevas unidades, se ha tramitado un proyecto de modificación contractual, esas unidades deben ser incluidas en el proyecto modificado y no en la certificación final del contrato.

 

 

II

 

Realizada la anterior consideración puede realizarse una valoración, desde un punto de vista fiscal, sobre el hecho de que en la certificación final del contrato se incluyan unidades de obra que fueron ejecutadas con anterioridad a la tramitación del proyecto modificado.

 

Esta Intervención General considera que en el momento de fiscalizar la certificación final del contrato de obras, en la cual se incluyan unidades de obra ejecutadas con anterioridad a la tramitación y aprobación de una modificación contractual, se debe comprobar si la inclusión de esas unidades de obra hubiese modificado la opinión fiscal en el momento de fiscalizar el expediente de modificación contractual. De esta forma, si se constata que de haberse incluido en el modificado las unidades ejecutadas con anterioridad al mismo, se hubiese producido un cambio en el procedimiento para la tramitación del modificado -como, por ejemplo, ocurriría si de haber incluido dichas unidades, el modificado hubiese alterado el precio del contrato, en más o en menos del 20% del precio primitivo del contrato, y por lo tanto se hubiese incurrido en causa de resolución contractual- o cambio del órgano competente para su aprobación, deberá formularse el correspondiente reparo de legalidad según el artículo 15.1 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, cuyo fundamento será el incumplimiento del artículo 160.2 del RGLCAP.

 

Sin perjuicio de lo anterior, ha de tenerse en consideración que la ejecución de una obra es un proceso dinámico y no estático, que puede no encajar perfectamente con la literalidad de la norma. Con esta afirmación, se quiere hacer referencia a aquellos casos en los que se inicia un expediente de modificación, sin paralización de la ejecución de la obra, en los que en el período que transcurre desde que se inicia el proyecto de modificación hasta que se finaliza el mismo, se realizan unidades no previstas. Estas unidades no figuran en el proyecto de modificación puesto que cuando se encomendó al Director Facultativo la redacción del proyecto modificado dichas unidades no habían sido aún realizadas, sin embargo si se atiende exclusivamente a la letra de la norma, habrá que rehacer el proyecto para incorporar las nuevas unidades ejecutadas durante la elaboración del proyecto. De entender esto así, los proyectos de modificación de contrato se convertirían en ¿expedientes abiertos¿ sine die, puesto que el expediente de modificación una vez terminado habría de ser reabierto para incorporar las nuevas unidades realizadas. Este Centro Fiscal entiende que semejante interpretación colisiona frontalmente con la celeridad y agilidad que han de presidir la actuación administrativa en general, y la de los órganos de contratación en particular. Por todo ello, y en consonancia con los principios de conservación de actos y economía procesal, este Centro Directivo considera que la certificación final del contrato de obras no deberá ser reparada, cuando en dicha certificación final se incluyan unidades de obra realizadas con anterioridad a la aprobación de una modificación contractual -que no haya exigido la suspensión de las obras-, si se comprueba que de haber computado las variaciones en el momento de fiscalizar el expediente de modificación contractual no se hubiese producido un cambio de procedimiento o alteración del órgano competente para su aprobación. En este supuesto, deberá recogerse la pertinente observación, pero sin formular reparo a la certificación.

 

Con base en lo expuesto en las anteriores consideraciones esta Intervención General formula las siguientes

 

 

CONCLUSIONES