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El Sistema Arbitral de Consumo es un procedimiento extrajudicial, voluntario, gratuito, sencillo y rápido: los expedientes se tramitan en noventa días naturales desde la fecha en que se recibe la documentación completa y necesaria para tramitar el procedimiento.

El arbitraje debe ser aceptado por ambas partes, e implica una mediación previa preceptiva al arbitraje propiamente dicho. Si el conflicto no se soluciona en esa fase, actuarían los órganos arbitrales (tripartitos o unipersonal) que, una vez estudiado el caso concreto, emitirán un laudo de obligado cumplimiento por ambas partes.

Cuestiones importantes a tener en cuenta

• Si el consumidor decide resolver el conflicto mediante el arbitraje, ya no podrá acudir a la vía judicial.
• No pueden ser objeto de arbitraje las siguientes cuestiones:
  • Si hay intoxicación, lesión, muerte o existen indicios de delito.
  • Las causas sobre las que exista una resolución judicial firme.
  • Si el conflicto afecta a materias sobre las que las partes no tienen poder de libre disposición.
  • Si las partes no tienen capacidad de obrar o no pueden actuar por si mismas.

Legislación

El arbitraje de consumo está regulado por la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje, por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, así como la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.