Recurso contra una concesión de servicios públicos iniciada en 2013. Tras un largo proceso de impugnaciones judiciales, en ejecución de sentencia se retrotrae el procedimiento a la subsanación de la documentación acreditativa de la solvencia, que en ese momento se situaba en el sobre 1. Tras la ejecución de sentencia en los términos indicados se acuerda la renuncia al contrato, para lo cual se motiva suficientemente y aplicando determinados costes de 2013 en comparación con 2014 para una contratación que en caso de subsistir se extenderá desde 2021 a 2027. Se estima la existencia de motivos de interés público para renunciar al contrato, aunque se considera que el acuerdo no está suficientemente motivado. No obstante por economía procesal se considera procedente la renuncia.
